La tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades educativas bonaerenses alcanzó un nuevo pico de intensidad esta semana. El Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de la gestión de Javier Milei, denunció formalmente casos de adoctrinamiento en escuelas de Morón.
Según el comunicado oficial, el Ejecutivo nacional —a través de la Secretaría de Educación— exigió explicaciones tanto al intendente de la localidad de Morón, Lucas Ghi, como a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, por una actividad didáctica que «incluye fuertes posicionamientos políticos contra la administración central en el marco de la conmemoración de la última dictadura militar».
La acusación se centra en un documento que circula en las instituciones educativas del distrito, presuntamente firmado por la Directora de Educación del Municipio. En dicha nota, se solicitaba a las familias el envío de un pañuelo blanco intervenido con frases o nombres para un trabajo escolar previsto para el próximo 22 de marzo. Lo que desató la furia del Gobierno Nacional fue la inclusión de una consigna dirigida a los niños que reza: «Frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado».
Pese a la consigna, el Gobierno Nacional, no explícitamente, pero a través de sus actitudes y gestos, se presenta como negacionista.
De qué acusa el Gobierno a las escuelas de Morón
Para la cartera que dirige Sandra Pettovello, lo ocurrido se enmarca en un hecho de adoctrinamiento partidario en un contexto escolar. El Ministerio sostiene que una funcionaria pública promovió la transmisión de posicionamientos político-partidarios a los estudiantes, «vulnerando el derecho a una educación cívica adecuada y al libre desarrollo del pensamiento de los menores».
Según el comunicado oficial, «estas situaciones no solo afectan la integridad psicológica de los alumnos, sino que violan normativas fundamentales». El Gobierno de Javier Milei fundamentó su reclamo citando:
- La Constitución Nacional: Artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22), que consagran el derecho de enseñar y aprender.
- Convención sobre los Derechos del Niño: Que reconoce la libertad de expresión y de pensamiento.
- Ley N° 26.061: De Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Ley N° 26.206 (Educación Nacional): Que en su artículo 126 reconoce el derecho de los alumnos a ser respetados en su libertad de conciencia.
El comunicado hace especial hincapié en que la imposición de estos posicionamientos en el ámbito educativo vulnera la dignidad de los niños y su integridad personal. Además, se recordó la vigencia de la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en Instituciones Educativas y decretos recientes (como el 1086/2024) que refuerzan la protección contra la agresión psicológica derivada del adoctrinamiento.
El pedido de informes y las posibles sanciones
Ante lo que consideran una «falta gravísima», Capital Humano solicitó que se informe de manera urgente si se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. El Gobierno nacional busca determinar qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado estas actividades en los establecimientos de Morón.
Este tipo de actividades se manifiestan desde 2015, cuando aparecieron pintadas en la Casa de Memoria presentando a los Derechos Humanos como un «curro», frase que surgió de la boca de Mauricio Macri. Ahora es más grave porque se utiliza al estado para perseguir a aquellos que difunden el genocidio que realizó la última dictadura militar y que es innegable: desde torturas hasta morir, arrojas hombre y mujeres jóvenes atados y drogados desde aviones sobre el Río de la Plata y la apropiación de bebés. Hechos terribles que fueron juzgados.
Pero el Ministerio exigió conocer qué mecanismos posee el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario, si existen denuncias similares en otros distritos y qué protocolos se aplican para garantizar el pluralismo dentro de las aulas. O sea, se utiliza el hecho como una «chicana!» contra el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.
Un conflicto que escala a nivel provincial
Dicho esto, queda claro que la denuncia del Gobierno de Javier Milei contra las Dirección de Educación de Morón se inscribe en una disputa más amplia con la gestión de Axel Kicillof por los contenidos curriculares y la interpretación de la historia reciente. Mientras que desde el municipio de Morón defienden estas actividades como ejercicios de «memoria activa», para la Nación representan una violación a la libertad de conciencia de las familias que no comparten la visión política de los funcionarios locales. Un desencuentro con la historia que no quiere asumirse.
Después de todos, recordemos que la Vicepresidenta Victoria Villarruel fundó y propagó la idea simbólica un corpus de víctimas inocentes, que las hubo, a través del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Como organización no gubernamental fundada en el año 2006 con el objetivo de visibilizar las muertes provocadas por el accionar de organizaciones guerrilleras argentinas durante la década del setenta, evita dar detalles de la existencia de campos de concentración y los sufrimientos que padecieron los detenidos desaparecidos.
Hasta el momento, la autenticidad del documento firmado por la Directora de Educación municipal está bajo verificación precisa, pero el Ministerio de Capital Humano ya ha dejado asentada su posición: el Estado nacional intervendrá siempre que considere que hay «intentos de imposición ideológica en las escuelas».
Pareciera, con lo expuesto, que hay una posición ideológica y no un hecho histórico: la desaparición de personas en la República Argentina. La carencia de Justicia y el Estado de Excepción en el que se mantuvo el cautiverio de los militantes y guerrilleros conlleva a una reflexión seria, profunda y sin miedo. Merecían justicia y no el infierno que atravesaron.
La Secretaria de Educación y Desarrollo de la Comunidad en Morón la llevaba adelante José María Ghi hasta su asunción como concejal en diciembre de 2025.
La Transcripción del Texto Completo
COMUNICADO OFICIAL
EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO INFORMA
CAPITAL HUMANO EXIGIÓ EXPLICACIONES
POR ADOCTRINAMIENTO POLÍTICO EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS EN MORÓN
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, exigió explicaciones tanto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires como al intendente de la localidad de Morón, a partir de una nota que trascendió en medios de comunicación —presuntamente firmada por la Directora de Educación del Municipio, Anabel Perret Venzzani, en la que se hacen afirmaciones sobre la postura del Gobierno nacional en relación con la última dictadura militar.
La consigna la dio a conocer el libertario Tomás Díaz Cueto que dice ser periodista aunque es claramente un militante de redes sociales en busca del desprestigio y trabaja, dicen, en La Nación+. A su vez, hace política y lucra negando los hechos que llevó adelante la última dictadura militar, o sea, con una tragedia.
De acuerdo con el documento en circulación, cuya autenticidad debe ser verificada con precisión, la Directora de Educación del Municipio solicitó a las instituciones educativas que las familias enviaran un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres o símbolos, para realizar un trabajo didáctico en el marco de una actividad que se desarrollará el próximo 22 de marzo, incluyendo en la consigna la expresión dirigida a los niños: “Frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado”.
Lo trascendido podría enmarcarse en un hecho de adoctrinamiento partidario en un contexto escolar, en el que una funcionaria pública promovería la transmisión de posicionamientos político-partidarios a los estudiantes. Este tipo de situaciones podría afectar la integridad psicológica de los estudiantes, el derecho a una adecuada educación cívica y el libre desarrollo de su pensamiento.
En la nota enviada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se recordó que la Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 75 inciso 19, así como los tratados internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22, consagran el derecho de enseñar y aprender. Se citó en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento.
Asimismo, se invocó la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza la máxima exigibilidad de los derechos reconocidos y establece la aplicación obligatoria de la Convención en todo acto o decisión que involucre a menores de edad. También se mencionó la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, que en su artículo 126 reconoce el derecho de los alumnos a ser respetados en su libertad de conciencia y a ser protegidos contra toda agresión psicológica.
Además, se recordó la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas y el Decreto 415/2006, reglamentario de la Ley N° 26.061, así como el Decreto 1086/2024, que incorporó disposiciones vinculadas a la protección de la libertad de pensamiento de niños y adolescentes, y establece que la imposición de posicionamientos político-partidarios en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad.
En función de las competencias asignadas por la Ley de Educación Nacional, Capital Humano solicitó que se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o se aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos.
