Durante la Semana Santa de abril de 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentó una de las mayores amenazas a la continuidad democrática desde el retorno institucional de 1983. El levantamiento de los llamados “carapintadas”, liderados por Aldo Rico, no fue un hecho aislado ni espontáneo: fue la expresión visible de un conflicto profundo entre el poder civil y sectores de las Fuerzas Armadas que rechazaban el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad.
El trasfondo: juicios, tensiones y presión militar
Desde el histórico Juicio a las Juntas, el gobierno radical había impulsado una política inédita en América Latina: juzgar a los responsables de la represión ilegal durante la dictadura. Sin embargo, a medida que avanzaban las causas, el malestar dentro de las Fuerzas Armadas crecía. Oficiales de menor rango comenzaban a ser citados a declarar y procesados, lo que generó una creciente resistencia corporativa.
En ese contexto, el Congreso sancionó la Ley de Punto Final, que establecía un plazo límite para presentar nuevas denuncias. Lejos de cerrar el conflicto, la norma aceleró la presentación masiva de causas judiciales, multiplicando la presión sobre los mandos militares. Para 1987, la situación era explosiva. Esa Ley, la de Punto Final, fue sancionada el 23 de diciembre de 1986 por el Congreso de la Nación Argentina y promulgada pocos días después, el 24 de diciembre de 1986. Una navidad hermosa para los represores.
Durante la Semana Santa, se dio rebelión en Campo de Mayo
El 16 de abril de 1987, Aldo Rico y un grupo de oficiales se sublevaron en Campo de Mayo, exigiendo el fin de los procesos judiciales contra militares subalternos y una redefinición de la política de derechos humanos. El levantamiento incluyó la toma de instalaciones militares y la negativa a acatar órdenes del alto mando, lo que configuró un desafío directo al poder constitucional. Justo fue durante la Semana Santa. La gente tenía días de franco, y sin ser convocados llenó la Plaza de Mayo.
También ocuparon otras plazas del país en defensa de la democracia. La CGT, partidos políticos y organizaciones sociales se alinearon detrás del gobierno, generando una presión civil inédita.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
La negociación: decisión política y límites del poder durante la Semana Santa
En un movimiento arriesgado, el Presidente Raúl Alfonsín decidió trasladarse personalmente a Campo de Mayo el domingo de Pascua para negociar cara a cara con Aldo Rico. No fue una rendición ni una victoria plena: fue una salida política en un escenario donde el uso de la fuerza implicaba el riesgo de una fractura irreversible dentro de las Fuerzas Armadas.
Las condiciones del acuerdo nunca fueron completamente transparentes. Sin embargo, múltiples reconstrucciones históricas coinciden en que el gobierno se comprometió a avanzar en una solución legal que limitara la responsabilidad penal de los cuadros medios y bajos. Ese compromiso sería clave en los meses siguientes cuando quedara en evidencia con la aprobación de la Ley de Obediencia Debida.
Esta Ley, la de Obediencia Debida, fue sancionada por el Congreso de la Nación el 4 de junio de 1987 y promulgada al día siguiente, el 5 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El regreso y la frase que marcó una época
Esa noche, el domingo de Pascuas del 19 de abril de 1987 fue el 19 de abril de 1987.Alfonsín regresó a una Plaza de Mayo colmada. Desde el balcón de la Casa Rosada, pronunció la frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “La casa está en orden. ¡Felices Pascuas!”. El mensaje buscó cerrar la crisis y transmitir normalidad, aunque con el tiempo sería interpretado también como la señal de una negociación forzada.
Durante la Semana Santa de 1987 se exhibió el costo político
Poco después del levantamiento, el Congreso sancionó la Ley de Obediencia Debida, que estableció que los militares de rangos inferiores no eran punibles por haber actuado bajo órdenes superiores. Esta norma, junto con la Ley de Punto Final, configuró un esquema de limitación de los juicios que fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos.
La Ley de Obediencia Debida fue sancionada por el Congreso de la Nación el 4 de junio de 1987 y promulgada al día siguiente, el 5 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
En términos políticos, la rebelión carapintada evidenció los límites del poder civil en los primeros años de la democracia. Alfonsín logró evitar un derramamiento de sangre y preservar el orden constitucional, pero a costa de concesiones que marcaron su legado y abrieron un debate que perduraría durante décadas.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
Análisis: ¿victoria democrática o empate condicionado?
Durante la Semana Santa de 1987 ocurrieron cientos de cosas. Puede leerse como un triunfo de la sociedad civil, que salió masivamente a defender la democracia, pero también como un punto de inflexión donde el gobierno reconoció, de hecho, que no tenía pleno control sobre las Fuerzas Armadas.
El episodio dejó al descubierto una verdad incómoda: la transición democrática argentina no fue lineal ni completa en sus primeros años. La frase de Alfonsín, celebrada en su momento, con «la casa está en orden, felices Pascuas» quedó atravesada por la ambigüedad histórica. Entre la épica de la plaza llena y la necesidad de negociar con los insurrectos, se escribió uno de los capítulos más complejos de la democracia argentina reciente.
