Una empleada de Seguridad Morón está involucrada en el suicidio del soldado en Olivos. Ya lo habíamos adelantado. Ahora lo confirmó la justicia. Pero jamás imaginamos semejante falta de controles. La muerte del soldado Rodrigo Gómez (21) en la Quinta de Olivos, en diciembre de 2025, dio un giro impactante: la investigación judicial reveló que el joven habría sido víctima de una maniobra de extorsión telefónica que derivó en su aparente suicidio, mientras la Justicia avanza para desarticular la banda que operaba con perfiles falsos en aplicaciones de citas y simulaba denuncias para exigir dinero bajo amenazas.
Diario Anticipos, al final de este informe, enumera las notas que sacó con anticipación, si lo vieron ahora, no somos responsables. La joven esta presa y no debería haber trabajado en el Municipio de Morón junto a decenas de jóvenes que se sacrifican para que la seguridad sea mejor en el distrito. Pero ahí está Nueva Comunicación que no ataja un penal y las tira todas a la tribuna. Como dije, no iban a funcionar, y no funcionan.
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Detalles del suceso
El hallazgo: Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del martes 16 de diciembre en uno de los puestos de guardia por un compañero de armas. Presentaba una herida de bala provocada por su arma reglamentaria, un fusil FAL.
La carta de despedida: Se encontró una carta escrita por el joven y dirigida a su familia y compañeros. En ella, Gómez detallaba que atravesaba una angustiante situación económica y mencionaba deudas financieras que superaban los dos millones de pesos.
La principal hipótesis: Si bien la justicia inició una investigación bajo la carátula de «muerte por causas dudosas», la hipótesis principal fue el suicidio.
El suicidio del soldado formoseño Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta de Olivos no sólo reveló una trama de ciberextorsión despiadada. También reactivó una discusión que el sistema penal bonaerense mantiene congelada desde la pandemia: la permanencia de celulares en las cárceles sin un nuevo aval judicial expreso. El allanamiento en la Unidad N°36 de Magdalena dejó un dato inquietante —cuatro teléfonos en manos de los presuntos extorsionadores— y abrió una pregunta más profunda sobre una medida excepcional que, en la práctica, se volvió estructural.
El 16 de diciembre, Gómez fue hallado sin vida en su puesto de guardia. La investigación de la División Homicidios de la Policía Federal, bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado, reconstruyó una secuencia precisa a partir de la carta del joven: una banda que operaba desde prisión lo sometió a una extorsión sexual con un libreto repetido en numerosas causas recientes. Tomás Francavilla, condenado por robo y alojado en Magdalena, lo llamó desde su celda haciéndose pasar por un teniente de la Policía Bonaerense. Le anunció una supuesta causa por pedofilia y le ofreció una salida: pagar para evitar el escándalo.
En pocas horas, el soldado transfirió $1,4 millones a dos billeteras virtuales. La presión no cesó. Los llamados continuaron incluso después de su muerte. En el allanamiento posterior, los investigadores encontraron dos celulares en la celda de Francavilla y otro en poder de Mauricio Duarte Areco, también condenado por robo. No eran dispositivos aislados: funcionaban dentro de un esquema permitido desde 2020.
Las cifras que alimentan la discusión
Según el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, en 2024 el SPB alojaba 55.143 detenidos. De ellos, 1.361 —un 2,4%— tenían conducta regular, mala o pésima, y se aplicaron 6.001 sanciones disciplinarias. En 2019, último año sin permiso generalizado de celulares, había 45.392 internos; 1.449 —más del 3%— tenían mala calificación y se aplicaron 9.022 sanciones.
También descendieron los homicidios intramuros: de 2,3 cada 10 mil internos en 2019 a 0,6 en 2024, según datos oficiales recopilados por la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Significa esto que los teléfonos redujeron la conflictividad? Especialistas advierten que no puede establecerse una relación directa. El descenso puede responder a cambios en protocolos, segmentación de pabellones o criterios disciplinarios distintos.
Al mismo tiempo, un informe citado por el diario El Día sostiene que el 85% de los detenidos bonaerenses tiene acceso a un teléfono sin control judicial individualizado. El 99,3% de los aparatos incautados fueron secuestrados por uso indebido de redes sociales.
El delito a “mando remoto”
En fiscalías y comisarías la mirada es otra. Jefes policiales y fiscales describen un fenómeno creciente: bandas que operan desde prisión utilizando Google Maps para marcar objetivos, hackeos de WhatsApp, pesca de datos bancarios y estafas con tarjeta de crédito. Los allanamientos en pabellones para secuestrar teléfonos se volvieron frecuentes. El ciberdelito intramuros, aseguran, está entre los segmentos más activos.
Uno de los casos recientes es el de Braian Cristian Godoy, condenado por abuso sexual, acusado en 2025 de engañar a menores desde su celda haciéndose pasar por ejecutivo de una marca de ropa. Más paradigmático aún es el expediente de la denominada “Banda del Millón”, con base en La Cava, San Isidro. Sus jefes continuaron dando órdenes desde prisión. Uno de los asaltos coordinados desde la cárcel terminó con la muerte de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años.
La investigación
Según explicaron las autoridades, la banda funcionaba como una verdadera “pyme del delito” y utilizaba teléfonos celulares desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. “Un celular en una cárcel es un arma”, resumieron durante la conferencia de prensa. La operatoria, que tuvo un desenlace fatal, culminó con la detención de al menos siete personas tras allanamientos simultáneos en viviendas y establecimientos carcelarios.
La investigación se activó a partir de una carta que dejó la víctima y de la necesidad de esclarecer qué había ocurrido con un soldado que se suicidó a pocos metros de donde descansaba el Presidente. En ese marco, las autoridades remarcaron que uno de los objetivos centrales fue exponer esta modalidad delictiva para prevenir nuevos casos y evitar más víctimas.
La extorsión comenzó con la creación de un perfil falso en una aplicación de citas, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Luego apareció una supuesta “madre alterada” y el llamado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido contacto con una menor de 17 años. El siguiente paso fue un llamado de un falso policía que aseguraba que existía una causa judicial en trámite.
Para dar verosimilitud a la maniobra, los estafadores usurparon la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad, cuya documentación había sido obtenida de manera ilegal. Bajo amenazas de consecuencias penales, exigían transferencias de dinero inmediatas para “resolver” el supuesto problema judicial.
Las transferencias de dinero
Se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero luego era fragmentado, redistribuido y ocultado mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo. La presión no cesaba: tras los primeros pagos, las víctimas recibían nuevas exigencias económicas y amenazas reiteradas.
La carta encontrada junto al cuerpo de Gómez fue clave para reconstruir el impacto psicológico y financiero de la extorsión. En ella, el joven relató las deudas acumuladas, el engaño sufrido y el estado de desesperación en el que se encontraba. También incluyó cálculos de pagos realizados, lo que permitió a los investigadores dimensionar el nivel de hostigamiento al que fue sometido.
La causa permitió identificar a los principales coordinadores de la banda, todos detenidos en cárceles bonaerenses. Operaban desde las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos, donde se detectó el uso sistemático de múltiples líneas telefónicas. Además, fueron arrestadas personas externas encargadas de recibir y mover el dinero.
Uno de los puntos centrales expuestos fue el uso extendido de celulares dentro de los penales. Las autoridades explicaron que durante la pandemia se habilitó su utilización para garantizar el contacto familiar, pero que esa medida se mantuvo luego sin una regulación clara. En la práctica, los internos accedían a redes sociales, aplicaciones bancarias y servicios de mensajería, lo que les permitió montar esquemas delictivos complejos desde el encierro.
La investigación confirmó que el uso de teléfonos móviles en las cárceles no era aislado ni excepcional, sino parte estructural de una organización criminal que operaba a gran escala y con consecuencias fatales.
Los funcionarios destacaron la coordinación entre el Juzgado Federal, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales. Durante más de cincuenta días se realizaron escuchas telefónicas, análisis financieros, pericias informáticas y seguimientos, que permitieron reconstruir en detalle el entramado delictivo.
Como resultado de la investigación, los tres imputados que ya se encontraban detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo. Además, se secuestraron teléfonos celulares, se bloquearon cuentas bancarias y se activaron los procesos judiciales correspondientes. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que los acusados no volverán a tener acceso a dispositivos móviles.
En sus exposiciones, los funcionarios coincidieron en que la muerte de Rodrigo Gómez no fue un hecho aislado ni inexplicable, sino la consecuencia directa de una maniobra extorsiva organizada. Señalaron que la banda fue desarticulada y que el Estado actuó de manera coordinada. “No se puede permitir que personas privadas de la libertad sigan delinquiendo desde prisión”, afirmaron, y remarcaron que el sistema penitenciario debe garantizar el cese efectivo de toda actividad criminal.
Más allá del caso puntual, la conferencia buscó instalar un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. Según explicaron, la privación de la libertad pierde eficacia cuando existe una libertad digital sin controles. En ese contexto, las cárceles se convierten en plataformas desde las cuales se cometen delitos con alcance nacional.
La exposición conjunta del Gobierno y la Justicia dejó al descubierto una organización que operaba desde cárceles bonaerenses mediante estafas digitales, usurpación de identidad y extorsión sistemática. La investigación vinculó de manera directa ese accionar con la muerte del soldado, sometido a una fuerte presión económica y psicológica derivada de las maniobras delictivas.
El caso puso en evidencia la existencia de redes criminales estables dentro del sistema penitenciario, las fallas en los mecanismos de control tecnológico y la persistencia de prácticas irregulares. La respuesta oficial incluyó detenciones, traslados, secuestros y un mensaje político contundente sobre el control carcelario. Al mismo tiempo, los propios funcionarios reconocieron que se trata de un fenómeno reiterado, que plantea un desafío estructural para el Estado.
Extorsión por teléfono a un pibe de 21 años
El teléfono celular de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado voluntario formoseño que se suicidó el 16 de diciembre pasado en la Quinta de Olivos, se convirtió en la pieza clave para desentrañar la trama criminal que rodeó su muerte. A partir del análisis de ese dispositivo, la Justicia logró identificar y detener a una banda de estafadores que lo extorsionó durante horas hasta llevarlo al límite.
La investigación, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado junto a la División Homicidios de la Policía Federal, culminó este lunes con la detención de siete sospechosos. Todos están acusados de haber engañado a Gómez mediante un falso perfil en la aplicación de citas Evermatch, desde donde montaron una compleja maniobra de extorsión.
Según la causa, los delincuentes hicieron creer al soldado que estaba intentando iniciar una relación con una menor de edad. Poco después apareció una supuesta madre de la joven y, más tarde, un falso oficial de la Policía de la Ciudad. A partir de ese momento comenzaron las amenazas y las exigencias de dinero para evitar una denuncia penal.
Las pericias al celular revelaron llamados y mensajes de WhatsApp intercambiados entre Gómez y la banda desde el 15 de diciembre al mediodía hasta las 18:38 de ese mismo día. Ese material dio origen a 55 días de escuchas telefónicas, centradas en ocho líneas utilizadas por los estafadores.
Uno de los llamados clave se produjo a las 17:24 y duró poco más de diez minutos. Minutos después, Gómez transfirió $213 mil a una cuenta vinculada a Iara Cosentino, pareja de Tomás Francavilla, uno de los líderes de la banda. En la hora siguiente realizó tres pagos más, siempre enviando los comprobantes. La última comunicación fue a las 18:25.
Gómez se quitó la vida a las 5 de la mañana del 16 de diciembre, en su puesto de guardia en la Quinta de Olivos, con un disparo de su propio fusil, según la autopsia. Veinticinco minutos después, uno de los estafadores escribió: “No veo el comprobante”. Aún así, intentaron llamarlo tres veces más a las 9 de la mañana.
En poco más de una hora, el soldado había entregado $1,4 millones. La investigación determinó que los principales responsables —Francavilla y Mauricio Duarte Areco, ambos presos en la Unidad N°36 de Magdalena— operaban desde la cárcel con una red de cómplices en el oeste del conurbano bonaerense.
Las escuchas también revelaron que Francavilla se jactó ante una mujer de haberle sacado casi un millón y medio de pesos a “un pibe de Formosa” que luego, según sus propias palabras, “se borró”. El resto de las comunicaciones permitió reconstruir los roles de cada integrante de la banda, incluyendo la logística de compra de chips y líneas telefónicas para sostener la estafa.
El cuatro de Febrero Anticipos Diario realizó esta nota:
El nuevo de febrero hicimos esta nota:
Y hoy seguimos el tema. El quiso escuchar, escuchó a tiemnpo. Final.
