La situación de la abogada santiagueña Agostina Páez ha dado un giro dramático en las últimas horas, sumando un nuevo capítulo de incertidumbre a su ya compleja situación legal en Río de Janeiro. Lo que parecía ser el final de una «pesadilla» —como ella misma definió su estadía en el país vecino— se transformó en un revés para Agostina Páez cuando el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte decidió, de manera inesperada, denegar su pedido de retorno inmediato.
El magistrado del Tribunal Penal N°37 determinó que la joven de 29 años deberá permanecer en territorio brasileño hasta que la sentencia condenatoria esté debidamente redactada, firmada y notificada, desestimando así el consenso previo que existía entre todas las partes del proceso para permitirle esperar el fallo en Argentina.
Un acuerdo que no fue suficiente para el magistrado
El proceso judicial contra Páez, iniciado tras un incidente en un bar de Ipanema el pasado 14 de enero, parecía haber encarrilado su etapa final este martes. En una audiencia de instrucción que duró más de tres horas, la fiscalía y la querella (representantes de los empleados del bar) habían aceptado una reducción de la expectativa de pena. El acuerdo implicaba una condena de dos años de prisión, la cual sería de ejecución en suspenso o canjeable por tareas comunitarias, sumado a una reparación económica de 40.000 dólares para las víctimas.
Bajo este esquema de «proceso simplificado», se esperaba que la joven pudiera regresar a su hogar en Santiago del Estero antes del fin de semana. Sin embargo, el juez Schilling sorprendió a la defensa al mantener vigentes las medidas restrictivas. «Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación», reclamó con indignación la abogada defensora, Carla Junqueira. La decisión judicial obliga a Páez a afrontar al menos dos o tres semanas más de permanencia forzada en Brasil, bajo un estado de ansiedad que, según su entorno, ha deteriorado profundamente su salud psíquica.
El origen del conflicto: Un gesto que se volvió viral
Para comprender el impacto de este revés para Agostina Páez, es necesario remontarse al video que dio origen a la causa. Las cámaras de seguridad de un local gastronómico captaron a la abogada realizando gestos que imitaban a un mono y profiriendo insultos racistas tras una discusión por una cuenta que, según ella, estaba mal cobrada. En Brasil, la injuria racial ha sido equiparada legalmente al racismo, convirtiéndose en un delito imprescriptible y no excarcelable en su fase inicial de detención.
La joven pasó de unas vacaciones con amigas a portar una tobillera electrónica y, posteriormente, a estar detenida preventivamente en una comisaría por «riesgo de fuga». Durante el juicio, Páez rompió el silencio y pidió disculpas públicas:
«Al juez le dije la verdad en todo momento. He pedido perdón a las víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida», declaró tras la audiencia, aunque reconoció que su reacción fue «pésima y grave».
Tensión política y diplomática en torno al caso
El caso de la abogada argentina no solo ha escalado en los tribunales, sino también en la arena política. La detención de Páez generó un cruce de acusaciones entre figuras del Gobierno y la oposición. Recientemente, la diputada Marcela Pagano se presentó en la causa como «fiadora solidaria», alegando que la joven se encontraba en un estado de desprotección y abandono por parte de las autoridades consulares argentinas.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también intervino en la conversación pública, denunciando presiones y sugiriendo que el caso fue utilizado políticamente. Mientras tanto, la familia de Agostina, encabezada por su padre, el empresario Mariano Páez, sostiene que existe un «ensañamiento» contra ella. «No tiene antecedentes, no es una criminal, cometió un error en un momento de tensión y acoso previo que sufrió en ese bar», afirmaron sus allegados a los medios.
El futuro inmediato: Hábeas corpus y alegatos
Tras este inesperado revés para Agostina Páez, la defensa técnica ya prepara un recurso de hábeas corpus para intentar revertir la decisión del juez Schilling y permitir que la joven espere la firma de la sentencia en Argentina. El objetivo es acelerar los alegatos finales para que el proceso no se extienda más allá de mediados de abril.
El fallo definitivo no solo determinará el monto final de la caución financiera, sino también la modalidad de las tareas comunitarias que Páez deberá cumplir. La intención de la defensa es que dicho trabajo social pueda realizarse en instituciones de Santiago del Estero, bajo la supervisión de la justicia argentina. Por ahora, la abogada que soñaba con dejar atrás la «pesadilla» carioca deberá seguir bajo la mirada atenta de la justicia de Brasil, en un caso que se ha convertido en un emblema de las severas consecuencias legales de los actos de discriminación en el país vecino.
