La SIDE abrió sus archivos. En una decisión con fuerte carga política y simbólica, el Estado argentino dio a conocer los primeros documentos desclasificados de la última dictadura militar que permanecían en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La publicación se produjo en el marco del Día de la Memoria, y constituye la primera etapa de un proceso que promete abrir una de las cajas negras más sensibles del terrorismo de Estado: la inteligencia interna.
Se trata de 26 documentos oficiales reunidos en un archivo de 492 páginas, organizados por áreas temáticas, que abarcan el período 1973-1983. La difusión fue confirmada por el propio organismo, que adelantó que el material será publicado de manera progresiva en su sitio web y redes oficiales. La medida había sido anunciada el 24 de marzo de 2025 por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete, como parte de una política de “desclasificación total” del accionar militar.
El contenido de esta primera entrega revela aspectos estructurales del funcionamiento de la SIDE durante los años más oscuros del país. Incluye normativa interna, misiones, organización de delegaciones y, especialmente, el rol de la Comisión Asesora de Antecedentes, un organismo clave en la “calificación ideológica” de personas, medios y organizaciones. Ese engranaje fue central para la persecución política, la elaboración de listas negras y la construcción de inteligencia sobre militantes sociales.
Sin embargo, especialistas y organismos de derechos humanos advierten que la apertura es todavía parcial. Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, señaló que los documentos publicados “parecen una selección chica” que da cuenta de la estructura orgánica de la SIDE entre 1976 y 1980 y de acciones previas al golpe. En ese sentido, reclamó un mecanismo transparente y sostenido que garantice el acceso integral al fondo documental.
El debate sobre la desclasificación no es nuevo. El primer paso institucional se dio en 2010, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 4/2010, que ordenó levantar el secreto sobre archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, con excepciones puntuales. A partir de allí, equipos técnicos comenzaron a relevar y digitalizar documentación, aunque el acceso público quedó limitado y fragmentado.
Años más tarde, en 2021, el gobierno de Alberto Fernández impulsó una medida similar sobre los archivos de inteligencia a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se iniciaron tareas de digitalización en 2022, pero el proceso quedó inconcluso y, según distintas fuentes, sin un protocolo claro de consulta abierta. La nueva gestión retomó ese camino con un enfoque distinto, en medio de tensiones sobre el alcance real de la apertura.
Desde la Casa Rosada sostienen que las gestiones anteriores “desclasificaron a medias”, mientras que organizaciones como el CELS advierten que el proceso debe garantizar continuidad institucional y participación de la sociedad civil. Sol Hourcade, del área Memoria, Verdad y Justicia, remarcó que la apertura de archivos no puede depender de decisiones coyunturales sino de políticas de Estado sostenidas en el tiempo.
Lo que está en juego no es solo el acceso a documentos históricos, sino la posibilidad de reconstruir circuitos de inteligencia, cadenas de mando y responsabilidades aún no esclarecidas. En muchos casos, los archivos de la SIDE podrían aportar datos clave sobre víctimas del terrorismo de Estado, redes de espionaje interno y vínculos entre estructuras civiles y militares durante la dictadura.
A casi cinco décadas del golpe de 1976, la desclasificación de estos archivos vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre memoria, verdad y poder. La apertura de los documentos no solo interpela al pasado: también expone cómo operaron —y en qué medida persisten— las lógicas de inteligencia en la Argentina democrática. Un archivo que se abre no es solo papel: es historia que vuelve a hablar.
