¿Cómo quedan las licencias por enfermedad? Quizás esta se la pregunta que dejó más dudas. Pero también, el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un capítulo de alta tensión política con la discusión del artículo 44, que proponía modificar el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La iniciativa establecía que, en determinados casos, los trabajadores percibieran el 50% o el 75% de su salario durante la ausencia, en lugar del 100% vigente. Tras una fuerte reacción sindical y cuestionamientos de la oposición, el oficialismo decidió eliminar el artículo del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.
La votación en la Cámara baja cerró con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Sin el controvertido artículo 44, el proyecto deberá regresar al Senado para su tratamiento final. El oficialismo busca convertirlo en ley antes del 1º de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.
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Qué proponía el artículo 44
El texto original establecía que, ante un accidente o enfermedad “inculpable” —es decir, no vinculada con la prestación de tareas— que impidiera trabajar, el empleado cobraría:
- El 50% del salario durante 3 meses si no tuviera cargas de familia, o 6 meses si las tuviera.
- El 75% del salario en los mismos plazos si la imposibilidad de trabajar no derivara de una acción voluntaria y riesgosa.
El proyecto incorporaba además un esquema de mayor control sobre las certificaciones médicas: exigía la presentación de un certificado emitido por profesional habilitado con diagnóstico, tratamiento y días de reposo; obligaba al trabajador a someterse a la revisión del médico designado por el empleador; y, en caso de discrepancia, preveía la intervención de una junta médica en una institución oficial o el dictamen de entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria.
En los borradores preliminares que circularon en el Congreso, legisladores oficialistas argumentaban que la modificación buscaba “alinear incentivos” y reducir el ausentismo injustificado. Sin embargo, críticos del proyecto advirtieron que la redacción no distinguía con claridad entre enfermedades leves y patologías graves, lo que podía afectar a trabajadores con cuadros prolongados o tratamientos complejos.
La reacción política y sindical
Las principales centrales obreras interpretaron el artículo como un recorte directo de derechos laborales consolidados desde hace décadas. Dirigentes sindicales señalaron que la medida trasladaba el costo de la enfermedad al trabajador y podía generar situaciones de vulnerabilidad, especialmente en hogares con un único ingreso.
Desde el oficialismo, en tanto, admitieron problemas en la redacción. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el Gobierno había cometido “un error” al no diferenciar entre enfermedades severas y no severas y anticipó que el punto sería corregido en Diputados. En la misma línea, el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, confirmó durante un plenario de comisiones que el artículo sería retirado del dictamen.
Bullrich defendió el espíritu de la iniciativa al sostener que el objetivo era combatir el uso fraudulento de licencias médicas y aludió a la existencia de “mafias” vinculadas a la emisión irregular de certificados. Esa expresión reavivó una discusión histórica en el sistema laboral argentino sobre el equilibrio entre controles y garantías.
Cómo quedan las licencias tras la eliminación
Con la supresión del artículo 44, el régimen de licencias por enfermedad se mantiene sin cambios y continúa regido principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El artículo 208 establece que el trabajador conserva el derecho a percibir su remuneración íntegra durante:
- 3 meses, si su antigüedad es menor a 5 años.
- 6 meses, si su antigüedad supera los 5 años.
En caso de tener cargas de familia, esos plazos se amplían a 6 y 12 meses, respectivamente.
La ley también dispone que la remuneración debe liquidarse conforme al salario que percibía el trabajador al momento de la interrupción del servicio, incluyendo los aumentos que se otorguen a su categoría durante el período de licencia. Es decir, la cobertura no solo es del 100%, sino que acompaña eventuales mejoras salariales.
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Los datos de ausentismo en el centro del debate
Uno de los argumentos utilizados para impulsar cambios fue el nivel de ausentismo en el sector privado. Según un informe de la Secretaría de Trabajo correspondiente al tercer trimestre de 2025 —último dato disponible— el 61% de las empresas relevadas en aglomerados urbanos registró al menos un trabajador ausente por mes.
En promedio, el 12,6% de la dotación total se ausentó durante una jornada en el mes, uno de los niveles más bajos desde que se mide la serie. Del total de inasistencias:
- 50,5% correspondió a enfermedad.
- 18,7% fue sin justificación.
- 10,3% obedeció a razones personales.
- 5,2% se vinculó a accidentes laborales.
- El resto respondió a múltiples causas de baja incidencia (estudios, nacimientos, defunciones, matrimonio, entre otras).
El propio informe oficial introduce un dato sugestivo: en contextos de inestabilidad económica y temor a la pérdida del empleo, el riesgo percibido puede influir en la reducción de las inasistencias. Es decir, el descenso del ausentismo podría estar asociado no solo a mejoras organizacionales, sino también al clima laboral y económico.
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Comparaciones internacionales
El debate también incluyó referencias a experiencias comparadas. Un informe del Instituto de Desarrollo Social, dirigido por el economista Jorge Colina, señala que en Uruguay los primeros tres días de ausencia no son remunerados por el empleador y que, a partir del cuarto día, la Seguridad Social paga una prestación equivalente al 70% del salario, con una cobertura que puede extenderse hasta dos años.
Modelos similares existen en varios países europeos, donde el costo se distribuye entre empleadores y sistemas de seguridad social. Los defensores de estos esquemas sostienen que desalientan el ausentismo repetitivo y socializan el riesgo de enfermedades prolongadas; los detractores advierten que pueden generar brechas de ingresos en los primeros días de enfermedad.
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Un punto que reordena la discusión
La eliminación del artículo 44 no clausura el debate de fondo. El oficialismo dejó abierta la posibilidad de retomar la discusión sobre controles y financiamiento de licencias médicas en futuras iniciativas. Para la oposición y los gremios, en cambio, la marcha atrás representa una señal de que el Congreso actuó como contrapeso frente a una modificación que consideraban regresiva.
Por ahora, el esquema vigente garantiza el cobro del 100% del salario promedio durante la licencia médica, con los plazos establecidos por la LCT. El próximo capítulo se jugará en el Senado, donde el oficialismo intentará cerrar la reforma antes del inicio formal del nuevo período legislativo.
