A través de un nuevo reglamento el gobierno porteño prohíbe a docentes opinar en las aulas sobre ciertos temas. Asimismo, sugiere reportar a los alumnos que propongan debates sobre los mismos.
Mediante el capítulo “Prohibiciones del personal docente” el gobierno porteño prohíbe a docentes expresar su postura sobre temas relacionados con la política, la sexualidad y la religión. La medida abarca docentes, directores, supervisores y trabajadores no docentes.
De forma literal, la normativa que generó gran revuelo en redes sociales, señala que se prohíbe “expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”.
La Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206 establece en su artículo 67 entre las obligaciones de los docentes “respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.”
Asimismo, se establece en el artículo 126, entre los derechos de los estudiantes “ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática.”
Desde el Ministerio de Educación porteño defendieron que «La intención del artículo no es restringir el debate, sino evitar que las opiniones personales del docente influyan indebidamente en los estudiantes en temas sensibles».
«La educación debe ser un espacio de aprendizaje, no de adoctrinamiento», agregaron.
Tampoco se permite desarrollar ninguna clase de “proselitismo político partidario en el tiempo escolar, en el aula, en clases, actos, conmemoraciones o cualquier fecha del calendario nacional que pudiera usarse como excusa para tal motivo”.
Otro de los puntos criticados tras conocerse esta nueva normativa es que los docentes deberán dar aviso a las autoridades en caso de que los alumnos planteen inquietudes sobre los temas mencionados «para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), repudiaron el nuevo reglamento y pidieron la anulación de su capítulo siete por considerarlo un “acto de censura”.
A comienzo de año se criticó polémica la decisión del gobierno porteño de suspender el acceso a los materiales de Educación Sexual Integral (ESI) y la auditoríá de todos los contenidos sobre el tema.
“Todos los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia serán objeto de un estudio neutral. Mientras tanto y durante el receso escolar, los contenidos de la ESI que estaban disponibles en páginas oficiales del Gobierno quedan inaccesibles” habían expresado desde el Gobierno de la Ciudad.
