Comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo Zona Oeste. Entre los imputados figura Vázquez Sarmiento, uno de los presos que recibió recientemente la visita de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza en medio de una fuerte polémica en el panorama político nacional.
Comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo Zona Oeste. La causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 113 víctimas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en diversos centros clandestinos de detención de zona oeste comenzó este hoy en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 5 de San Martín inició el juicio que unifica otras dos causas: una, con 127 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y tres homicidios en el ámbito del denominado circuito represivo de Zona Oeste; por último, por privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas.
Ese circuito comprendía los centros clandestinos de detención de RIBA (Regional de Inteligencia de Buenos Aires), Mansión Seré y los que funcionaron en las Comisarías de Moreno, Morón Primera, Castelar III, Haedo II, y las Brigadas Aéreas I de Palomar y VII de Morón.
Por la primera causa están imputados los exmilitares de la Fuerza Aérea Argentina Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston; por la segunda, el exjefe de Contrainteligencia del mismo cuerpo, Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
Vázquez Sarmiento estuvo prófugo dos décadas hasta su detención en 2021. Y fue uno de los detenidos que recibió recientemente la visita de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza y que desató una polémica ante la intención de darles prisión domiciliaria.
Juan Carlos Herrera y José Juan Zyska eran primer teniente y cabo primero, respectivamente, de la Brigada Aérea I de Palomar; Lynch, capitán de la Brigada Aérea VIII de Moreno; y César Leston, cabo primero de la RIBA.
En la lectura de presentación de los casos, se detalló que en la llamada ‘Subzona 16’ incluía los partidos de Morón, Moreno y Merlo, en donde se replicó «la mecánica de funcionamiento propia del plan de represión instalada por el Gobierno de facto».
Los hechos que se juzgarán ocurrieron durante la última dictadura en la denominada la Subzona 16, que abarcó los partidos bonaerenses de Morón, Moreno y Merlo. El control operacional de esa zona fue cedido por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea Argentina.
«Los centros clandestinos de detención representaron un enclave fundamental del terror. Más allá de los rasgos particulares de los actores, todos fueron piezas claves en la conformación de un ambiente en sí mismo brutal e inhumano que debía cumplir con una determinada finalidad«, alegó la Fiscalía.
La presentación hecha por el Ministerio Fiscal señaló que todos los casos incluyeron el «sufrimiento de dos niveles de tormentos», el traslado de las víctimas a los centros clandestinos de detención y el maltrato físico, mediante el sometimiento a «tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Las Abuelas de Plaza de Mayo serán una querellantes en la causa junto al nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit y Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de la institución, por los hechos que damnifican a la familia Pérez Roisinblit. Y 25 de los casos totales que hoy llegan a juicio lo hacen por primera vez.
Vázquez Sarmiento deberá responder por su responsabilidad en el secuestro de José Manuel Pérez Rojo, su pareja Patricia Roisinblit y Gabriel Pontnau, los tres militantes montoneros y aún desaparecidos. Pérez Rojo y Pontnau fueron capturados el 6 de octubre de 1978 en la juguetería que José tenía en la localidad de Martínez. Ese mismo día, en su departamento del barrio porteño de Palermo, fue secuestrada también Patricia Roisimblit, quien estaba embarazada de 8 meses y se encontraba con su pequeña hija Mariana Eva Pérez, quien luego fue llevada con sus abuelos y hoy es querellante.
Todos fueron llevados al centro clandestino ubicado en el predio de la RIBA, que dependía de la Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, y desde allí Patricia fue llevada a la ESMA a dar a luz. Su bebé fue luego apropiado y permaneció con una identidad falsa hasta 2004, cuando fue restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.
La audiencia celebrada este martes tuvo lugar después de varios aplazamientos, según explicó el tribunal integrado por las juezas María Claudia Morgese y Silvina Mayorga y el magistrado Walter Antonio Venditti.
La próxima sesión, en la que comenzarán las declaraciones indagatorias, tendrá lugar el 10 de septiembre.
Mansión Seré es el cuarto juicio que analiza los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención con 11 represores condenados por esos hechos.
