Más de 5.000 centros de salud privados al borde de la quiebra y desde la Unión Argentina de Salud (UAS) piden ayuda al gobierno nacional para salgar las deudas provisionales e impositivas del sector con AFIP.
Más de 5.000 centros de salud privados al borde de la quiebra. Así señalaron desde la UAS que agrupa sanatorios, clínicas, hospitales de comunidad, institutos de diagnóstico y entidades sin fines de lucro.
Según advirtieron en un comunicado, el sector «no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo. Más de 5.000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP«.
Asimismo afirmaron que los problemas del sector se asemejan al de las obras sociales y al sector público. En el caso de la salud, lamentó que se trata de un sector que sufre «desde hace décadas un dramático desfinanciamiento», provocando «una crisis sin precedentes» que hoy requiere de medidas urgentes «para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver».
Respecto al último aumento salarial que recibieron los trabajadores del sector, del 28%, explicaron que «se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando».
Por ello advirtieron que, de continuaron esta situación, no se podrá «afrontar en tiempo y forma su costo, que implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión: de mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo».
En referencia al pedido de ayuda al gobierno se debe a que el 31 de julio vence la contributabilidad de los acuerdos paritarios que hasta hoy permitía compensar los costos de los prestadores.
Y es que según explicaron los voceros, hace casi 20 años que las prestadoras viven en un estado de excepción por la cantidad de regulaciones generadas por todos los gobiernos.
En las negociaciones paritarias «se contaba con el aval de otorgar aumentos no contributivos, lo cual de no prorrogarse implicará un costo adicional que las empresas prestadoras no podrán afrontar», detallaron.
