El fiscal Stornelli impulsó la denuncia de la misma abogada que lo denunció a él por espionaje ilegal. Ahora se denunció la privatización de las vacunas. El viernes, la titular de PAMI Luana Volnovich se reunió con Quirós y criticó el accionar de CABA.
Luego de las denuncias por los convenios y la privatización de las vacunas para que se ocupen de la aplicación de las dosis contra la covid-19 entidades privadas, el juez federal Ariel Lijo envió a la Gendarmería al Ministerio de Salud porteño y a una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio que habría funcionado como vacunatorio.
Lijo emitió órdenes de presentación y dejó así imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro Fernán Quirós.
Una de las denunciantes es Natalia Salvo, la abogada que patrocina a Pedro Etchebest, el productor agropecuario que lo denunció a Stornelli por extorsionarlo junto con Marcelo Sebastián D’Alessio y dio inicio así a la mega investigación de espionaje.
La denuncia de Salvo apuntaba al Ministerio de Salud porteño, por haber firmado por orden de Rodríguez Larreta convenios con entidades privadas para favorecer la vacunación de quienes están asociados a esas entidades.
El Gobierno porteño reconoce haber firmado convenio con siete entidades por la privatización de las vacunas y dijo que había hecho la misma oferta a todas las obras sociales y prepagas.
La titular del Pami, Luana Volnovich, denunció que Ciudad jamás convocó a la obra social de los jubilados para esos convenios. “Me preocupa que un afiliado de una prepaga acceda a la vacuna y un afiliado del PAMI no», dijo Volnovich.
«Vinimos a prestar colaboración para enmendar el error del gobierno porteño de privatizar una parte de las vacunas”, dijo la titular de la obra social tras el encuentro que se realizó en el Ministerio de Salud porteño.
En el juzgado de Lijo acumularon la denuncia de Salvo con otra presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que sostenía que en Ciudad se favorecía la vacunación de partidarios, amigos y familiares.
Stornelli pidió los procedimientos en el Ministerio de Salud porteño y que se recabara información de la cartera nacional que dirige Carla Vizzotti. Lijo, sumó la orden de presentación a la asociación civil. Todas las dirigencias quedaron en manos de la Gendarmería.
Lijo pidió saber cuáles son los vacunatorios habilitados y qué dosis se aplicaron hasta el momento, a quién, adónde y en qué fecha.
Además, convocó a los dos denunciantes para la semana próxima, para que ratifiquen sus denuncias por la privatización de las vacunas y aporten nuevos elementos.
Salvo es la primera abogada que denunció a Stornelli por sus vínculos con D’Alessio, lo que derivó en su procesamiento en la causa de espionaje que instruye Ramos Padilla. La denuncia aseguraba que ambos habían extorsionado a Etchebest para pedirle dinero a cambio de no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Tras la denuncia, Stornelli estuvo casi nueve meses en rebeldía por negarse a declarar como imputado frente a Ramos Padilla y contó con la paciencia del procurador interino Eduardo Casal.
La Cámara de Mar del Plata benefició la situación de Stornelli, pero sigue procesado por haber mandado a D’Alessio a hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y por encomendarle hacerle una «cama» al exmarido de su actual pareja, Jorge Castañón.
Ramos Padilla, además, amplió el procesamiento por las presiones a Pablo Barreiro para intentar involucrar a Cristina Fernández en la causa de los cuadernos.
En Dolores, el juez Ramos Padilla sostiene que la red en la que participaban D’Alessio y Stornelli era una organización paraestatal dedicada al espionaje.
En el juzgado descartaron que Lijo vaya a delegar la investigación en Stornelli ya que sus vínculos con Juntos con el Cambio no serían una garantía para hacer que avance la causa.
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