El proceso licitatorio impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri para transferir la operación y el gerenciamiento de sus medios públicos sumó un revés judicial clave.
El conflicto se originó precisamente porque el Gobierno porteño busca concesionar a empresas privadas la operación y el gerenciamiento de estas tres señales estatales: el Canal de la Ciudad (señal televisiva pública porteña), AM 1110 Radio de la Ciudad (emisora de radio pública) y FM 92.7 La 2×4 (radio pública porteña especializada en tango).
El fiscal general de Cámara, Rodrigo Cuesta, dictaminó a favor de revocar el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda presentada por los trabajadores del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad (AM 1110) y FM 92.7 La 2×4.
En su presentación, Cuesta consideró que el personal cuenta con plena legitimación activa para intervenir en la causa y remarcó: “Corresponde admitir el recurso de apelación y revocar la decisión de grado”. Ahora, el futuro inmediato del proceso depende de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, tribunal que deberá resolver si confirma la sentencia inicial o da curso al dictamen fiscal.
La advertencia del ENaCom y el riesgo de caducidad
Uno de los pilares del dictamen de Cuesta se sustenta en los informes técnicos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Según consta en el expediente, el ente regulador catalogó de «ilegal» la maniobra administrativa encarada por la gestión porteña y alertó que la delegación operativa podría configurar una “falta grave”, con riesgo directo de provocar la caducidad de las licencias y registros vigentes.
El titular interventor del organismo, Juan Martín Ozores, ya había notificado formalmente vía carta documento al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acerca de los impedimentos y consecuencias de derivar la administración de frecuencias públicas a manos privadas.
Frente a ello, desde la sede gubernamental de Uspallata desestiman las acusaciones asegurando que no se trata de una venta ni de una transferencia de titularidad, sino de un esquema de concesión operativa y gerenciamiento por un período fijado en 5 años.
Canal de la Ciudad y radios: los plazos en juego
El dictamen judicial cobra especial relevancia por el calendario de los procesos:
- Canal de la Ciudad: Si bien fue preadjudicado a la firma Cale Group por un canon de $50 millones mensuales, la firma del contrato y el traspaso operativo definitivo están pautados entre fines de octubre y principios de noviembre. Un fallo favorable a los trabajadores podría frenar la entrega antes de su formalización.
- AM 1110 y FM La 2×4: Tras una primera convocatoria declarada desierta, la Ciudad relanzó la licitación dividida en dos renglones con un canon base de $1,53 millones mensuales por cada emisora. La apertura de sobres con las ofertas está prevista para el próximo 28 de septiembre.
Los pliegos establecen que el adjudicatario privado asumirá la gestión técnica, operativa y comercial, coproduciendo contenidos con el Ejecutivo local. No obstante, los gremios y trabajadores denuncian que se trata de una privatización encubierta que vulnera el régimen jurídico y el rol social de los medios del Estado.
El escenario judicial que se abre
En caso de que los magistrados de la Sala III convaliden la postura del fiscal Cuesta:
- Cambio de juzgado: El expediente deberá ser derivado a un nuevo juez de primera instancia, dado que la magistrada original ya adelantó criterio sobre el fondo de la cuestión.
- Medida cautelar: Ese nuevo magistrado deberá evaluar de forma urgente la medida cautelar requerida por los trabajadores, la cual, de ser concedida, paralizaría de inmediato los actos administrativos y firmas de contrato pendientes.
Por el contrario, si la Cámara desestima la apelación y ratifica el fallo de primera instancia, el Ejecutivo porteño tendrá vía libre para continuar con su cronograma y sellar el traspaso del Canal de la Ciudad y de ambas emisoras públicas.
