Un fallo judicial de alto impacto volvió a encender la discusión sobre cómo los municipios financian sus gastos y qué límites tienen para cobrar tasas. El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen resolvió anular total y parcialmente la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial que cobraba la Municipalidad de Daireaux, luego de comprobar que hubo falta de prestación efectiva del servicio y utilización indebida de parte de los fondos recaudados.
El fallo sienta jurisprudencia ya que la devolución de la Tasa es por la falta de prestación de servicio, que es el objeto que tiene lo que muchos confunden con un impuesto. No es así, si hay Tasa, hay Servicio. Y el fallo viene a señalar que si se cobra la Tasa, pero no se presta el Servicio, se tiene que devolver el dinero. Esto alerto a los municipio.
La sentencia fue firmada por el juez Pablo Cristian Germain, quien ordenó reliquidar lo cobrado a productores rurales tras detectar que el municipio desvió un porcentaje importante de los recursos hacia gastos ajenos al mantenimiento de caminos rurales: 22,95% en 2022 y 27,88% en 2023.
Este fallo judicial también declaró la nulidad de distintos actos administrativos firmados durante la gestión del exintendente Esteban Alejandro Acerbo, al considerar que el esquema aplicado para el cobro de la tasa vial resultó ilegítimo.
Un fallo judicial que cuestiona cómo cobran las tasas los municipios
El eje central de este fallo judicial es una discusión histórica entre municipios: la diferencia entre una tasa y un impuesto. El magistrado fue tajante al sostener que una tasa solo puede cobrarse si existe una contraprestación concreta, individualizada y efectiva por parte del Estado Municipal. En otras palabras: si el servicio no se presta, el cobro pierde legitimidad.
En ese marco, el fallo judicial sostuvo que exigir el pago sin demostrar mantenimiento real de los caminos rurales constituye una afectación al derecho de propiedad de los contribuyentes. La demanda había sido impulsada por productores agropecuarios de la zona, quienes cuestionaron judicialmente distintos decretos municipales que rechazaban sus reclamos administrativos vinculados al cobro de la tasa vial entre 2022 y 2024.
Uno de los datos más explosivos que reveló el fallo judicial surgió de las pericias técnicas incorporadas a la causa. Según un informe de ingeniería, el 96% de la red vial rural analizada presentaba deficiencias graves. Entre los problemas detectados aparecieron: A) acumulación permanente de agua; B) huellas profundas y barro; C) deterioro estructural de los caminos; D) serias dificultades de transitabilidad para maquinaria y transporte de producción.
Lo mismo vale para los municipios urbanos. De realizarse pericias técnicas y demostrar que el dinero que se recauda por tasas no se aplican a retribuciones a los vecinos, podría realizarse un amparo y llegar a la misma conclusión un Juez en lo Contencioso Administrativo de conurbano que, con la jurisprudencia ya agendada, toma esto como un fallo histórico y respalda su sentencia.
El fallo judicial reveló caminos destruidos y maquinaria obsoleta
La pericia también cuestionó el estado del parque automotor municipal, al describirlo como insuficiente, obsoleto y con capacidad limitada para sostener tareas de mantenimiento en toda la red rural. Para los productores, el problema no era menor. En épocas de lluvia, varios caminos quedaban prácticamente inutilizables, complicando la salida de cosechas, el traslado de hacienda y hasta el ingreso de servicios básicos.
Otro elemento clave de este fallo judicial fue el informe contable ordenado por la Justicia. Allí se detectó una fuerte diferencia entre lo recaudado por la tasa vial y el dinero efectivamente invertido en mantenimiento de caminos. Parte de esos recursos terminó absorbida por rentas generales del municipio.
Ese punto fue central para el fallo judicial porque las tasas con afectación específica —como la vial rural— deben utilizarse exclusivamente para el servicio que justificó el cobro. El juez entendió que el municipio rompió ese principio al utilizar parte de la recaudación para otros fines administrativos.
Cómo impacta sobre los productores rurales
La resolución no fue igual para todos los demandantes y el fallo judicial estableció distintos criterios según cada situación particular. Para uno de los productores, el magistrado declaró la nulidad total de la tasa al comprobar que no existió mantenimiento alguno en el camino de acceso a su establecimiento.
En otros tres casos, el fallo judicial aplicó una nulidad parcial: mantuvo la validez de parte del tributo, pero ordenó reducirlo proporcionalmente al porcentaje de fondos desviados por el municipio. Aunque la sentencia alcanza por ahora a cuatro demandantes, existen al menos otros tres expedientes similares en trámite que podrían resolverse bajo el mismo criterio.
El abogado de los productores, Jorge Moroni, calificó la resolución como un “hito histórico” dentro de las disputas por tasas municipales rurales. Sin embargo, adelantó que parte del fallo judicial será apelado, especialmente respecto a la valoración de las pruebas técnicas y la aplicación parcial de la nulidad en algunos casos.
Un fallo judicial que podría abrir nuevos reclamos
El expediente deja expuesta una discusión que viene creciendo: muchos vecinos sostienen que numerosas comunas utilizan las tasas viales como una herramienta de recaudación general y no como un mecanismo de financiamiento específico.
La sentencia recoge parcialmente ese planteo y deja una frase contundente que podría citarse en futuras demandas: “Declarar que el Municipio de Daireaux no prestó los servicios correspondientes (…) Así deviene ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal”.
Especialistas en derecho tributario consideran que este fallo judicial puede transformarse en un antecedente importante para otros municipios bonaerenses e incluso del resto del país. En los últimos años crecieron los reclamos por tasas viales, guías, seguridad e higiene y otras contribuciones municipales que, según denuncian, muchas veces aumentan por encima de la inflación sin una mejora proporcional de los servicios, son cuestionadas.
El alcance nacional que puede tener este fallo judicial
El fallo judicial también reabre el debate sobre la crisis financiera de los municipios. Muchas comunas dependen cada vez más de tasas locales para sostener gastos corrientes, salarios y funcionamiento básico, especialmente en contextos de caída de transferencias provinciales y nacionales. Sin embargo, la Justicia dejó un mensaje claro: las tasas no pueden transformarse en impuestos encubiertos.
El caso de Daireaux no es aislado. En distintas localidades bonaerenses hubo en los últimos años fuertes tensiones entre municipios y entidades rurales por el estado de los caminos. En zonas agrícolas, la red vial resulta clave para mover millones de toneladas de granos, leche, hacienda y maquinaria. Cuando los caminos rurales quedan destruidos, las pérdidas económicas pueden ser millonarias.
De hecho, entidades del agro vienen denunciando desde hace años que muchas tasas viales aumentaron fuertemente mientras los productores seguían enfrentando caminos anegados, maquinaria rota y falta de mantenimiento estructural. Con este nuevo fallo judicial, muchos abogados creen que podría abrirse una ola de reclamos similares contra municipios que no puedan demostrar en qué gastaron los fondos recaudados.
El mensaje final del fallo judicial
La decisión del juez Pablo Cristian Germain deja una señal fuerte para las administraciones municipales: cobrar una tasa exige demostrar que el servicio existe y funciona. Y en un contexto de presión tributaria creciente sobre el campo, este fallo judicial podría convertirse en una herramienta judicial de enorme peso para productores que cuestionan cobros municipales en distintos puntos del país.
