El primer asesinado político por la Dictadura ocurrió en la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el golpe de Estado ya estaba en marcha y la Junta Militar se preparaba para anunciar que asumía el control del país, un grupo de tareas irrumpió en un departamento de la avenida Libertador 1160, en la Ciudad de Buenos Aires. Eran las 2 de la mañana. Apenas consumado el golpe, los militares fueron a buscar a un hombre que se atrevía a escribirle una carta abierta a Jorge Rafael Videla. Lo que ocurrió en ese sexto piso marcaría el inicio del terror.
La madrugada en la que comenzó el terror: la historia de Bernardo Alberte, el edecán de Perón.
“¡Alberte, te venimos a matar!”, gritaron los hombres armados tras forzar la puerta. Dentro estaban el teniente coronel Bernardo Alberte, su esposa y una de sus hijas. Minutos después, fue arrojado al vacío desde una ventana del sexto piso y murió en el acto al impactar contra una terraza interna. Así, casi en simultáneo con la toma del poder, se convirtió en el primer asesinado por la dictadura cívico-militar.
Para sus verdugos no era un desconocido. Alberte había sido edecán de Juan Domingo Perón y uno de sus hombres de confianza durante años, con un rol activo en la vida política del movimiento. Al momento de su asesinato, estaba redactando una carta dirigida a Videla en la que advertía sobre las consecuencias de un nuevo golpe y cuestionaba el rol de las Fuerzas Armadas en la política argentina.
Días antes, el clima ya era de persecución. Un grupo armado había secuestrado a su colaborador Máximo Altieri, cuyo cuerpo apareció acribillado en la morgue del Cementerio de Avellaneda. El mensaje era claro: quienes resistieran o cuestionaran el avance militar serían eliminados. Alberte, sin embargo, no retrocedió.
Nacido en Avellaneda en 1918, padre de cuatro hijos y con una destacada formación militar, Alberte había construido una trayectoria singular. En 1954 fue designado edecán presidencial de Perón, cargo que ocupó hasta el derrocamiento de 1955. Participó activamente en la defensa del gobierno constitucional, incluso durante los bombardeos a Plaza de Mayo que dejaron más de 300 muertos.
Tras el golpe de la llamada Revolución Libertadora, fue detenido, degradado y enviado a prisión, con paso por el Penal de Ushuaia. Recuperada la libertad, se exilió en Brasil, donde sobrevivió con trabajos informales y también se desempeñó como periodista. Desde allí mantuvo una intensa correspondencia con Perón, combinando lealtad política con críticas y diferencias estratégicas.
En esos intercambios defendió a los militares peronistas que participaron en el levantamiento de 1956 encabezado por Juan José Valle, que derivó en los fusilamientos de José León Suárez. Alberte sostenía la necesidad de reconstruir el vínculo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, una idea que marcaría toda su trayectoria.
De regreso al país, en plena proscripción del peronismo, abrió una tintorería en Retiro, la “Limpiería del Socorro”, que funcionó como punto de encuentro político. Allí se reunían militantes, dirigentes y referentes de la resistencia peronista. Se convirtió en un articulador clave entre la militancia y el líder exiliado.
En 1967, Perón lo nombró su delegado personal y secretario general del Movimiento Nacional Justicialista. Desde ese rol recorrió el país organizando el movimiento. Sin embargo, su posicionamiento cercano a sectores del peronismo revolucionario y su defensa de experiencias como la CGT de los Argentinos generaron tensiones que derivaron en su desplazamiento.
Aun así, su compromiso político no se detuvo. En 1973 fue reincorporado al Ejército durante el gobierno deHéctor Cámpora y ascendido a teniente coronel. Durante el gobierno de Isabel Perón denunció el accionar de la Triple A, que incluso intentó secuestrarlo. Alberte ya estaba en la mira antes del golpe.
Tras su asesinato, comenzó un largo camino judicial marcado por la impunidad. Catorce jueces se declararon incompetentes para evitar avanzar en la causa, según relató su hijo. En un primer momento, incluso, se intentó instalar la versión de un suicidio, pese a las evidencias en contrario.
El giro comenzó en 1982, cuando el coronel Jorge O’Higgins descartó documentación en su edificio. Una vecina rescató esos papeles y encontró cartas originales entre Alberte y Perón, robadas el día del crimen. Ese hallazgo permitió reconstruir parte de la verdad que se había intentado ocultar.
Alberte había previsto el riesgo y había dejado copias de su documentación en manos de su compañero Tomás Saraví, quien se exilió en Costa Rica. Décadas después, la familia logró recuperar ese material. Con la derogación de las leyes de impunidad en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la causa fue reabierta.
El juez federal Daniel Rafecas avanzó en la investigación y en 2012 ordenó allanamientos clave. Fue detenido el general Carlos Alberto Martínez, vinculado a múltiples delitos, entre ellos el asesinato de Alberte. Murió en 2013 con prisión domiciliaria, sin haber sido condenado.
También fue señalado el general Oscar Enrique Guerrero como responsable del operativo, identificado por Lidia Alberte, hija del militar asesinado. Sin embargo, Guerrero murió antes de poder ser indagado. La impunidad volvió a imponerse sobre los responsables directos del crimen.
En 2006, el Estado argentino reconoció su trayectoria: Néstor Kirchner lo ascendió post mortem al grado de coronel. Con el paso de los años, su figura fue reivindicada en distintos homenajes, plazas y espacios de memoria. Bernardo Alberte quedó en la historia como el primer asesinado político de la dictadura y como un militar que eligió la lealtad al pueblo por sobre la obediencia al poder de facto.
