Un día como hoy se incendió Iron Mountain. Fue el depósito de Barracas. Y no fue un accidente, sino un mecanismo de impunidad. Lo que comenzó como una columna de humo un 5 de febrero de 2014, terminó revelando una trama oscura donde la negligencia empresarial, la falta de control estatal y la intencionalidad criminal se cruzaron para proteger archivos sensibles de grandes grupos financieros. Mientras las llamas devoraban pruebas de lavado de dinero y delitos económicos, se llevaban también la vida de diez héroes que murieron bajo una pared que nunca debió caer. A doce años del hecho, el peritaje de la Policía Federal sigue siendo la prueba irrefutable de un sistema diseñado para arder cuando la verdad se vuelve peligrosa.
Iron Mountain: El fuego que «quemó» las pruebas y se llevó diez vidas
A 12 años del siniestro en Barracas, los peritajes confirman que el incendio fue intencional. Detrás de las llamas, se escondía una trama de lavado de dinero y la destrucción sistemática de documentos sensibles de las grandes finanzas.
El 5 de febrero de 2014, el barrio de Barracas se convirtió en el escenario de una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de Buenos Aires. Lo que inicialmente se reportó como un incendio estructural, derivó en una causa judicial que hoy, más de una década después, sigue exponiendo los vínculos entre el poder corporativo y la impunidad.
El peritaje que cambió la historia
La investigación técnica de la Policía Federal fue el primer clavo en el ataúd de la versión del «accidente». Los peritos determinaron que el fuego no se originó por una falla eléctrica, sino mediante la utilización de combustibles y acelerantes. El incendio fue planificado: los sistemas de aspersores estaban bloqueados y las válvulas de agua, cerradas. No se buscaba apagar el fuego, se buscaba garantizar la destrucción total de lo que Iron Mountain custodiaba.
Los archivos del poder
¿Qué se quemaba mientras diez rescatistas daban su vida bajo los escombros?
El depósito de la calle Azara 1245 no guardaba papeles viejos. Albergaba miles de cajas con documentación de entidades como el HSBC, BNP Paribas y JP Morgan.
Acá podés escuchar al actual titular del HSBC defendiendo al Gobierno Nacional y diciendo que con «Este modelo ganamos todos». Claro, si fugas capitales, quemás los documentos y si hay muertos a la justicia no le importa. Escuchalo ❌❌❌👇:
Muchos de esos archivos estaban vinculados a investigaciones en curso por:
- Fuga de capitales.
- Lavado de dinero a gran escala.
- Operaciones financieras sospechosas de empresas con fuertes vínculos estatales.
Una herida abierta
La muerte de los 10 bomberos y agentes de Defensa Civil transformó el fraude corporativo en un crimen social. La repetición de un incendio similar en 2023, en otro depósito de la misma firma, no hizo más que reforzar la hipótesis de un modus operandi donde el fuego es el recurso final de la contabilidad creativa.
A doce años, la bajada de línea es clara: en Iron Mountain, el fuego no fue el enemigo, sino el cómplice necesario para que la verdad no saliera a la luz.
Los diez héroes de Barracas
El colapso del muro de la calle Jovellanos, provocado por la voracidad de un incendio intencional, se llevó la vida de diez rescatistas que cumplían con su deber. Sus nombres y edades son hoy el estandarte del pedido de justicia:
- Leonardo Day (45 años): Comisario Inspector, Policía Federal Argentina.
- Anahí Garnica (27 años): Subinspectora, primera mujer bombero de la PFA.
- Eduardo Conesa (38 años): Cabo Primero, Policía Federal Argentina.
- Ambrosio Mano (34 años): Cabo Primero, Policía Federal Argentina.
- Juan Matías Monticelli (26 años): Cabo, Policía Federal Argentina.
- Facundo Ambrosi (25 años): Bombero Voluntario de Vuelta de Rocha (falleció tras agonizar 12 días).
- Sebastián Campos (35 años): Bombero Voluntario de Vuelta de Rocha.
- Pedro Barí (34 años): Bombero, Policía Federal Argentina.
- José Luis Méndez (30 años): Agente de Defensa Civil.
- Pedro Franco (35 años): Agente de Defensa Civil.
Iron Mountain sigue operando en Argentina, aunque su trayectoria reciente ha estado marcada por nuevos siniestros que mantienen a la empresa bajo la lupa judicial y social.
Para tu investigación, es crucial mencionar que la compañía no solo no cerró tras la tragedia de 2014, sino que ha vuelto a protagonizar incidentes similares:
1. El segundo incendio en Barracas (2023)
El 24 de abril de 2023, el mismo predio de la calle Jovellanos donde murieron los 10 rescatistas volvió a arder. Aunque esta vez no hubo víctimas fatales, el hecho generó una enorme indignación social, ya que el depósito todavía contenía archivos y restos de documentación que formaban parte del escenario de la tragedia original.
2. El reciente siniestro en Ezeiza (Noviembre 2025)
Hace apenas unos meses, en noviembre de 2025, un nuevo incendio y explosión afectaron un polo industrial en Spegazzini, Ezeiza. El intendente local confirmó que uno de los depósitos destruidos pertenecía a Iron Mountain, empresa que recientemente había mudado parte de su operación logística a esa zona. En este depósito se custodiaban, entre otros, documentos de la administración pública.
3. Situación Corporativa Actual
A pesar de los incendios (cinco de los siete ocurridos a nivel global en sus sedes fueron catalogados como intencionales), la empresa sigue siendo líder en:
- Gestión de archivos físicos: Almacenamiento de cajas con documentación sensible.
- Digitalización y protección de datos: Servicios de nube y custodia de servidores.
- Destrucción segura: Servicios de eliminación de documentos.
4. La paradoja de su continuidad
Resulta un dato clave para cualquier portal de noticias que, pese a los peritajes que confirmaron la intencionalidad del fuego de 2014 y las fallas en los sistemas de seguridad, Iron Mountain nunca perdió su habilitación definitiva para operar. Sigue brindando servicios a bancos, multinacionales y organismos del Estado, lo que alimenta las críticas sobre la falta de sanciones corporativas ejemplares en Argentina.
El historial que no se apaga
El nombre de la empresa sigue apareciendo en los partes de Bomberos de 2014, 2023 y 2025, configurando un patrón que la justicia aún no ha terminado de juzgar en un debate oral.
Los Dueños Reales (Accionistas)
Al ser una empresa pública (sociedad anónima que cotiza en bolsa), no tiene un único dueño, sino miles de accionistas. Sin embargo, el control mayoritario está en manos de fondos de inversión globales, los más grandes del mundo:
- The Vanguard Group: Posee aproximadamente el 16% de las acciones.
- BlackRock, Inc.: Es el segundo accionista con cerca del 11%.
- State Street Corporation: Posee alrededor del 6%.
- Otros fondos: Cohen & Steers y Geode Capital Management también tienen participaciones significativas.
Traducción: Iron Mountain pertenece a los mismos gigantes financieros que tienen acciones en casi todas las empresas del Fortune 500 y en gran parte de la deuda externa de países como Argentina.
La Filial Argentina y la Ruta del Dinero
En Argentina, la empresa opera como Iron Mountain Argentina S.A. Según diversas investigaciones judiciales y periodísticas (derivadas del incendio de 2014), su estructura societaria ha sido señalada por opacidad:
- El 98,8% de la filial local pertenece a una sociedad llamada Iron Mountain South America LTD.
- Esta sociedad «madre» estuvo radicada en las Islas Caimán y luego se mudó a Luxemburgo, ambos destinos conocidos por ser paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación.
- En la causa por lavado de dinero iniciada por la AFIP en 2014, se cuestionó que la filial argentina reportaba pérdidas constantes mientras recibía préstamos millonarios de sus propias subsidiarias en Suiza para evitar el pago de impuestos locales.
Los Rostros de la Empresa
- A nivel Global: El CEO y Presidente es William L. Meaney, quien lidera la transformación de la empresa de almacenamiento de papel a infraestructura de datos digitales.
- A nivel Local: Históricamente, directivos como Ricardo García (ex presidente de la filial) y Gustavo Gaitán han sido las caras visibles ante la justicia argentina.
La Red de Clientes (El «dueño» del contenido)
Aunque Iron Mountain es la dueña de los galpones y la logística, no es la dueña de lo que hay dentro. Sus clientes son los verdaderos interesados en que esa información se guarde (o se pierda). En Argentina, sus principales clientes han sido:
- Bancos: HSBC (uno de los más mencionados en la causa), JP Morgan, BNP Paribas.
- Empresas de servicios: Telefónicas, petroleras y compañías de seguros.
- Estado: Diversos organismos públicos han contratado sus servicios de archivo a lo largo de los años.
Luego del Incendio
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó pocos meses después del incendio de febrero de 2014 una denuncia penal.
Esta causa es fundamental para entender el trasfondo del caso Iron Mountain por los siguientes motivos:
1. El origen de la denuncia
La AFIP, bajo la gestión de Ricardo Echegaray en ese momento, detectó que Iron Mountain Argentina formaba parte de una red de sociedades con sede en paraísos fiscales (Islas Caimán y Luxemburgo). La sospecha era que la empresa se utilizaba como una plataforma para realizar maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria.
2. Maniobras de «Triangulación»
La investigación técnica de la AFIP señaló que la filial local reportaba pérdidas contables sistemáticas. Sin embargo, recibía «préstamos» millonarios de sus propias empresas vinculadas en el exterior (especialmente en Suiza). Para los investigadores, esto no era más que una forma de:
- Inyectar dinero de origen dudoso en el mercado legal.
- Girar divisas al exterior bajo la apariencia de «pago de intereses de deuda».
3. La conexión con el incendio
Lo más relevante para esta investigación es que la AFIP sospechaba que el incendio en Barracas no fue para ahorrar costos de almacenamiento, sino para destruir pruebas físicas (facturas, contratos, libros contables) que documentaban estas maniobras de lavado.
Dato Clave: Al momento del siniestro, varios de los clientes de Iron Mountain (como el banco HSBC) estaban siendo investigados por la AFIP y por la Justicia Federal por tener cuentas no declaradas en el exterior y por facilitar la fuga de capitales.
4. La causa judicial hoy
Aunque la AFIP se presentó como querellante en 2014, el avance de la causa por lavado ha sido mucho más lento que la causa por «incendio culposo». La complejidad de rastrear los fondos en paraísos fiscales y la falta de cooperación internacional en ciertos tramos de la investigación han hecho que esta arista económica del caso permanezca, en gran medida, impune.
En resumen, cuando hablo de esa causa, me refiero a la trama económica que explica por qué alguien tendría interés real en que ese depósito ardiera: no se trataba de quemar papel, sino de quemar evidencia de delitos financieros.
Los imputados por la Justicia
Hasta el momento, la causa judicial (elevada a juicio oral recientemente) ha procesado a 18 personas, pero bajo la figura de «incendio culposo seguido de muerte». Esto significa que se los acusa de negligencia grave, no de haber prendido el fósforo. Los nombres señalados pertenecen a tres grupos:
- Directivos de Iron Mountain: Incluyendo a los responsables de la planta y de seguridad (como Guillermo Lockhart y Héctor García).
- Funcionarios del Gobierno de la Ciudad (GCBA): Inspectores y directivos del área de Fiscalización y Control que permitieron que el lugar funcionara pese a tener seis pedidos de clausura previos.
- Personal de Seguridad y Técnica: Responsables del mantenimiento de los sistemas contra incendio que fueron saboteados o no funcionaron.
Te doy el detalle preciso:
Están acusados de «incendio culposo seguido de muerte» y «lesiones culposas».
Directivos de Iron Mountain Argentina
Se los señala por la falta de mantenimiento de los sistemas contra incendios y por permitir el funcionamiento de un depósito que no cumplía con las normas de seguridad básicas.
- Eduardo Sueyras Parra: Directivo de la firma.
- Guillermo Lockhart: Gerente General.
- Héctor Eduardo García: Responsable de seguridad de la planta.
- Christian Walter Castiñeiras: Directivo de la empresa.
Funcionarios del Gobierno de la Ciudad (GCBA)
Pertenecían mayoritariamente a la Dirección General de Fiscalización y Control. Se los acusa de negligencia por no haber clausurado el lugar pese a las irregularidades detectadas en inspecciones previas (algunas de 2008 y 2010).
- Vanesa Berkowski: Ex Directora General de Fiscalización y Control (su procesamiento fue uno de los más emblemáticos, ya que también estuvo involucrada en la causa del boliche Beara).
- Pedro Luis Chapar: Ex Director de Fiscalización y Control.
- Rafael Mario Roldán: Exfuncionario del área de fiscalización.
- Roberto José Chiesa: Ex Director de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
- Silvia Míriam Hers: Exjefa del Departamento de Dictámenes.
- Luis Alberto Cogo: Inspector que intervino en las actas de control.
- Gastón Luis Laugle: Inspector.
- Patricia Esther Moroni: Inspectora.
- Félix Raimundo Lugo: Inspector.
- Jorge Néstor Papanicolau: Inspector.
- Ricardo Edmundo Grunfeld: Inspector.
- Alberto Daniel Graziani: Inspector.
Personal de Seguridad y Técnica
- Oscar Alfredo Godoy: Empleado de seguridad de la empresa Segurplus. Es una figura clave porque se lo acusa de haber anulado la alarma de incendio varias veces (se habla de hasta 27 alertas) pensando que eran fallas técnicas, lo que retrasó la llegada de los bomberos.
- Norberto Ventura Sosa: Vinculado a la seguridad técnica o control del predio.
Situación de los Procesados
Es importante notar que, aunque la causa se elevó a juicio, muchos de estos exfuncionarios han continuado con sus carreras en la administración pública o en el ámbito privado. Los familiares de las víctimas denuncian que, al ser caratulado como «culposo» (por negligencia) y no «doloso» (con intención), las penas posibles son menores, a pesar de que los peritajes de la Policía Federal confirmaron que el fuego fue iniciado deliberadamente.
La hipótesis del «Autor Intelectual»
Si el peritaje de la Policía Federal confirmó que fue intencional (con combustibles y aspersores cerrados), la lógica periodística y criminalística indica que hubo un mandante. Las sospechas se dividen en dos frentes:
- Los Clientes (La «Caja de Pandora»): Se cree que la orden pudo venir de los dueños de la documentación que estaba a punto de ser peritada. En 2014, la Comisión Nacional de Valores (CNV) encontró que había 29 coincidencias entre clientes de Iron Mountain e investigaciones por lavado de dinero y fraude. Bancos como el HSBC, JP Morgan y BNP Paribas son los nombres que más resuenan en este punto.
- La propia Empresa (Mecanismo Global): Iron Mountain sufrió incendios similares en Londres, Ottawa y Nueva Jersey. Algunos investigadores sostienen que la empresa ofrecía el «incendio» como un servicio premium de destrucción definitiva de pruebas bajo la apariencia de un accidente para cobrar el seguro y proteger a sus clientes.
El «Cajoneo» Político
Los familiares de las víctimas y varios sectores de la oposición han señalado durante años que la causa no avanzó hacia los «peces gordos» por los vínculos políticos. En ese momento, el Jefe de Gobierno era Mauricio Macri, y algunos de los funcionarios procesados tenían relación directa con la habilitación de depósitos de este tipo. El hecho de que la causa se mantuviera estancada durante años alimentó la teoría de un pacto de silencio.
| Categoría | Imputados Clave | Función / Cargo en 2014 | Eje de la Acusación (Falla Detectada) |
| Directivos Iron Mountain | Eduardo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor García. | Gerencia General y Responsables de Seguridad de la empresa. | Negligencia Operativa: Incumplimiento de normas de seguridad, falta de mantenimiento de sistemas de extinción y almacenamiento de carga de fuego por encima de lo permitido. |
| Funcionarios GCBA (Control) | Vanesa Berkowski, Pedro Chapar. | Dir. General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad. | Omisión de Deberes: No haber ejecutado la clausura del predio pese a que existían informes técnicos previos que advertían fallas graves en la seguridad contra incendios. |
| Funcionarios GCBA (Habilitación) | Roberto Chiesa, Silvia Hers. | Dir. de Habilitaciones y Permisos / Área Legal. | Irregularidad Administrativa: Conceder o mantener habilitaciones a un depósito que no cumplía con los requisitos técnicos mínimos para el tipo de documentación que custodiaba. |
| Inspectores de Campo | Luis Cogo, Gastón Laugle, Patricia Moroni (y otros 6). | Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). | Falsedad / Deficiencia: Firmar inspecciones como «aptas» o no reportar las anomalías críticas detectadas en las visitas previas al siniestro de 2014. |
| Seguridad Privada | Oscar Alfredo Godoy. | Vigilador de la empresa Segurplus. | Falla Humana Crítica: Haber silenciado e ignorado las alarmas de incendio en reiteradas ocasiones antes de dar aviso, creyendo que eran falsas alarmas, impidiendo una respuesta temprana. |
Resumen del cuadro:
Causa Beara: Es relevante mencionar que Vanesa Berkowski ya tenía antecedentes por fallas de control en la Tragedia del Boliche Beara, lo que refuerza la hipótesis de una matriz de deficiencia en las inspecciones porteñas de aquella época.
La «Zona Liberada» Administrativa: El cuadro refleja que no fue un error aislado, sino una cadena de fallas. Mientras la empresa no invertía en seguridad, el Estado no ejercía su poder de policía para clausurarla.
El nexo con la intencionalidad: Aunque el cuadro detalla cargos por «negligencia» (culposo), el peritaje técnico de la Policía Federal (que halló combustibles) sugiere que esta estructura de falta de controles fue el escenario ideal para que alguien pudiera iniciar el fuego sin ser detectado a tiempo.
En términos judiciales, nadie ha sido condenado como autor intelectual. La causa que llega a juicio castiga a los «eslabones de control» (los que dejaron que pase), pero el gran interrogante de quién levantó el teléfono para dar la orden sigue siendo el agujero negro de la investigación.
¿El juicio ya empezó?
Esta es, quizás, la mayor cuenta pendiente del caso. A pesar de que han pasado 12 años de la tragedia y de que la causa fue elevada a juicio, el juicio oral y público todavía no ha comenzado.
El estado de la causa hoy
La jueza Fabiana Palmaghini dio por cerrada la instrucción y elevó la causa a juicio en abril de 2023. En ese momento, se esperaba que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) asignado fijara una fecha para el inicio de las audiencias durante el 2024 o 2025, pero diversas trabas legales lo han postergado.
¿Por qué se demora?
El retraso se debe a una combinación de factores que suelen afectar a las causas de «guante blanco» en Argentina:
- Recursos y apelaciones: Las defensas de los 18 procesados (especialmente de los directivos de Iron Mountain y los exfuncionarios) han presentado constantes recursos de apelación y nulidad para dilatar el inicio.
- La magnitud de la prueba: Hay miles de fojas de peritajes técnicos, contables y testimonios que el Tribunal debe procesar antes de las audiencias.
- El segundo incendio (2023): El nuevo siniestro en el mismo depósito generó una «causa espejo» que, aunque corre por cuerda separada, reactivó pedidos de nuevas pruebas que las defensas aprovechan para pedir más tiempo.
El reclamo de los familiares
Hoy, en este nuevo aniversario, los familiares de los 10 rescatistas fallecidos vuelven a movilizarse bajo una consigna clara: «La justicia lenta no es justicia». Denuncian que la estrategia de la empresa es «ganar por cansancio» o esperar a que algunos cargos prescriban.
¿Qué falta para que arranque?
Falta que el Tribunal Oral fije el cronograma de audiencias. Se estima que, por la cantidad de imputados y testigos, el juicio podría durar más de un año una vez que comience.
Dato editorial: Mientras la empresa sigue operando (e incendiándose en otros predios como Ezeiza), los responsables de la tragedia de 2014 todavía no se han sentado en el banquillo de los acusados. A doce años del fuego que la Policía Federal calificó como intencional, las únicas llamas que parecen haberse apagado son las de la celeridad judicial. Mientras, Camaristas, Jueces y Fiscales siguen cobrando sobre las tumbas de los muertos de aquella tragedia.
