Así lo pidió la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a la Justicia Federal: que allane las casas de los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico y a Fabián Doman de América 24, luego de que dieran a conocer audios filtrados de la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, durante una reunión de gabinete.
Los allanamientos responden a una medida totalmente excepcional y autoritaria y se da de lleno contra la libertad de expresión justamente bajo un gobierno «libertario» que inició una confrontación con la prensa, llamándola ensobrada, desde un principio.
Seguramente ni Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Jonatan Viale y Alfredo Leuco ya se pronunciaron junto Alejandro Fantino Y Joaquín Morales Solá, contra el acto de autoritarismo del gobierno.
El ex vocero Manuel Adorni confirmó que el Gobierno presentará una «denuncia penal» por la filtración de audios de Karina Milei y del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo como si se tratara de una operación de inteligencia ilegal. Y calificó las filtraciones de «un ataque ilegal, planificado y dirigido».
La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad Nacional, «por indicación expresa» de Patricia Bullrich.
En simultáneo, un fallo del juez Patricio Maraniello (acusado de abuso sexual) prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del Presidente Javier Milei ya que reproducen conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. El magistrado ordenó que se detenga la divulgación de los audios de la Secretaria General de la Presidencia mediante «cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
A su vez, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, atribuyó la difusión de los audios a «una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», afirmó.
No hubo semejante contraofensiva contra la libertad de expresión en 44 años de apertura democrática y podría ser un escándalo nacional.
Sin embargo, la denuncia, que apunta a una violación de la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, subrogado por Ariel Lijo, y la Fiscalía Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli.
En tanto, el Gobierno Nacional no reacciona ni explica la cuestión de fondo: ¿por qué la droguería Suizo-Argentina cobraba sobreprecios? y ¿si es cierto o no que Karina Milei reclama el 3% del 8% de la sobrefacturación?
Los ataques a la prensa se realizan desde el primer día, pero también siguien a los movimientos sociales y ahora, cada miércoles, a los jubilados. Entre la violencia explícita y la violencia verbal y la falta de respuestas a los problemas de los argentinos y argentinas, el Gobierno Nacional está armando un coctel impredecible.
¿Quién es el censor?
El Juez Patricio Maraniello quién contradictoriamente se encuentra a disposición del Consejo de la Magistratura ya que está involucrado en una denuncia por abuso sexual a una empleada judicial.
El Consejo de la Magistratura dio un paso clave en la investigación contra el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.
Las acusaciones fueron presentadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) y en este momento son tramitadas por la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por César Grau, que este miércoles resolvió notificar formalmente al magistrado e invitarlo a presentar su descargo.
Maraniello tendrá un plazo de 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente.
Entre los seis expedientes en curso, se destaca el testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de comenzar a trabajar en su juzgado. La mujer relató que accedió a una salida fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo, ocasión en la que fue víctima de tocamientos y besos no consentidos, y posteriormente se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
Y a pesar del testimonio, los miembros del Consejo de la Magistratura lo dejan actuar a Maraniello quién resolvió: «se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión».
