El 1° de noviembre de 1974, el jefe de la Policía Federal y su esposa murieron al estallar el crucero Marina en el arroyo Rosquete. La acción fue atribuida a Montoneros, aunque los detalles sobre la preparación del atentado provienen de reconstrucciones posteriores. Villar había ocupado un lugar central en la represión policial y en la estructura paraestatal de la Triple A.
La explosión en el arroyo Rosquete
El crucero Marina había sido sometido a reparaciones. En la mañana del viernes 1° de noviembre de 1974, Alberto Villar y su esposa, Elsa Pérez, subieron a la embarcación para probarla en el Tigre. La custodia del jefe policial quedó en tierra.
El motor llevaba varios minutos encendido cuando el barco se alejó del amarradero. Poco después, una explosión lo incendió y lo destruyó. Villar y su esposa murieron en el acto. La crónica de La Nación publicada al día siguiente señaló que la nave apenas se había separado del muelle; otras reconstrucciones posteriores ubican la explosión más lejos de la costa.
Una reconstrucción periodística publicada décadas más tarde atribuyó la operación a un comando Montoneros que habría seguido los movimientos de Villar y colocado una carga explosiva bajo el casco. La misma versión describe una primera colocación el 26 de octubre y un reemplazo posterior de los explosivos. Esos detalles deben leerse como una reconstrucción posterior, porque la información publicada en 1974 no confirmó el mecanismo.
El jefe policial y la represión
Villar se había especializado en tácticas de contrainsurgencia. Según el historiador Carlos Fernando López de la Torre, aprendió esa doctrina en Francia durante la década de 1960 y, a comienzos de la siguiente, creó el Cuerpo de Unidades Móviles de Represión, conocido como Brigada Antiguerrillera. Esa fuerza intervino en la represión del Tucumanazo, en 1970, y el Viborazo, en 1971.
Villar estuvo en Francia en 1963, cuando era subcomisario y estaba a cargo del Segundo Batallón del Cuerpo de Guardia de Infantería. La Policía Federal confirmó esos datos y obtuvo el dinero luego de pedir una beca a las Naciones Unidas para hacer un curso de formación en Francia.
En Francia, aprendió como reprimir disturbios callejeros, tácticas antimotines, manejo de vehículos blindados, utilización de helicópteros policiales, inteligencia policial y allanamientos. Pero no como detectar una bomba bajo su crucero. Para aprender estas tácticas, Villar estuvo en la Sûreté, la Gendarmería y los Cuerpos Republicanos.
Su actuación también quedó ligada al operativo posterior a la Masacre de Trelew. La Policía Federal, por orden de Alberto Villar, desalojó por la fuerza la sede del PJ y dispersó a quienes participaban del velatorio. En el operativo, con tanquetas, caballos, perros y camiones hidrantes, retiró los féretros de Ana María Villarreal (esposa de Mario Roberto Santucho), Eduardo Cappello y María Angélica Sabelli.
De subjefe a jefe de la Federal
Villar estaba tan cebado que en 1971, después de él y sus hombres irrumpieran en una comisaría de Córdoba, la Policía Federal lo apartó temporalmente del servicio activo. Reapareció en funciones en 1972; ese episodio no fue su retiro definitivo.
La historia del Centro de Estudios Históricos de la PFA dice que, tras cumplir 30 años de servicio, Villar pidió el retiro voluntario el 1 de enero, efectivo desde el 1 de marzo. Pero ya se había hecho la fama.
Después del ataque del ERP al cuartel de Azul, en enero de 1974. El compamiento del Cuartel de Azul ocurrió la noche del 19 al 20 de enero de 1974. Cerca de un centenar de integrantes de la compañía “Héroes de Trelew” del ERP atacó la guarnición militar de Azul, donde funcionaban el Regimiento de Caballería de Tanques 10 y el Grupo de Artillería Blindado 1. El objetivo era ocupar las instalaciones y apoderarse de armas, municiones y equipos.
No lo lograron y los guerrilleros tuvieron que dejar el lugar pero murieron el jefe de la guarnición,Coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Hilda Casaux de Gay y el conscripto Daniel González. Y el jefe del grupo de artillería, Teniente Coronel Jorge Roberto Ibarzábal, fue secuestrado y asesinado después de diez meses de cautiverio.
Esta claro que la operación fue una pesadilla y tuvo una fuerte repercusión política. Perón endureció su discurso contra las organizaciones armadas y presionó para que renunciara el gobernador bonaerense Oscar Bidegain, que lo hizo de inmediato.
Para entonces Miguel Ángel Iñíguez había asumido un año atrás como jefe de la Policía Federal, en reemplazo de Heraclio Ferrazzano. Era general de brigada retirado y su designación fue dispuesta por el Decreto 1453/73, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de 1973.
Pero el 10 de abril de 1974, Iñíguez presentó su renuncia. El ministro del Interior comunicó que era por razones de salud pero estudios históricos también registran tensiones internas y diferencias sobre la política represiva.
Ese mismo día Villar, que era subjefe, quedó a cargo de la jefatura de manera interina.
Todo fue por el intento de copamiento del Cuartel de Azul, el gobierno de Juan Domingo Perón reincorporó a Villar al servicio activo y lo nombró subjefe de la Policía Federal.
El 10 de mayo de 1974 Villar fue confirmado como jefe de la Policía Federal. Así que la sucesión tuvo dos momentos: asumió interinamente el 10 de abril y fue confirmado en mayo.
Los estudios sobre la Triple A describen una organización con mandos y apoyos vinculados tanto al Ministerio de Bienestar Social como a la Policía Federal. Villar reunió a un grupo clandestino conocido como “Los Centuriones”, integrado por policías que realizaban “tareas especiales” contra la izquierda. Una tesis doctoral citada en los fundamentos de un fallo judicial identifica a Villar entre los integrantes de la conducción de la organización.
El 1° de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón, asume María Estela Martínez de Perón, y Villa vuelve a dispararse.
El 31 de julio de 1974, hace publica la Triple A atribuyéndose el asesinato del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña. Una reconstrucción posterior de Infobae relató que Villar se presentó en la comisaría donde estaba el cuerpo, discutió con el exdiputado Diego Muñiz Barreto y participó en la dispersión del cortejo que se dirigía a Chacarita. Para entonces, su nombre ya era una consigna en actos de Montoneros.
La atribución y las fuentes de época
La autoría del atentado fue atribuida a Montoneros. Según una reconstrucción periodística posterior, la organización difundió comunicados en los que justificó la acción por el papel de Villar en la represión. La Nación, en cambio, informó el 2 de noviembre sobre las muertes y la bomba, pero todavía no podía precisar quién había colocado el artefacto.
Tres días después, el periódico del PRT-ERP Estrella Roja publicó una pieza titulada “Ajusticiamiento de Villar”. El documento sirve para reconstruir la recepción política del hecho dentro de otra organización armada, pero por sí solo no prueba que el ERP lo haya ejecutado.
Los cuerpos de Villar y su esposa fueron velados en el Departamento Central de Policía y enterrados en el panteón policial de Chacarita. El atentado cerró la vida del jefe policial en medio de una escalada de violencia política en la que actuaban las fuerzas estatales, las organizaciones paraestatales y las guerrillas. Su muerte no borra la trayectoria de represión que lo había convertido en uno de los principales blancos de Montoneros.
Archivos y bibliografía revisados
AHIRA conserva El Periodista n.º 62, de noviembre de 1985, con una investigación retrospectiva titulada “El fantasma del comisario Villar” y una infografía sobre sus vínculos policiales. El Archivo Nacional de la Memoria cataloga las colecciones de El Descamisado y La Causa Peronista; esta última dejó de publicarse en septiembre de 1974 y Evita Montonera comenzó en diciembre, ya en la clandestinidad.
Para el marco histórico, resultan especialmente útiles el artículo académico de Carlos Fernando López de la Torre, “La Alianza Anticomunista Argentina. Análisis de su trayectoria y articulaciones represivas”, y la tesis doctoral de Ana Belén Zapata, Andamios de experiencias: conflictividad obrera, vigilancia y represión en Argentina, 1966–1976, incorporada como prueba documental en un fallo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.
