El antecedente más antiguo data de 1877, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando se sancionó la Ley 870. Esa norma estableció un régimen jubilatorio destinado sólo a los magistrados judiciales, convirtiéndose en la primera legislación previsional del país pero para un sector ilustrado y acomodado de la Argentina. La medida fue sectaria y discriminatoria. Y aunque hubo protestas duraron poco.
El sistema comenzó a extenderse en los años siguientes. En 1886, durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca, se creó un régimen jubilatorio para los maestros nacionales, incorporando a otro sector del Estado. Y un nuevo paso se dio en 1904, también bajo un gobierno de Julio Argentino Roca, con la sanción de la Ley 4.349, que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
Ese organismo, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles es considerado por numerosos historiadores como el verdadero origen del sistema jubilatorio moderno argentino, ya que estableció un esquema basado en aportes obligatorios de los trabajadores y del Estado para financiar las prestaciones de los empleados de la administración pública nacional.
La primera caja jubilatoria del país
La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles fue el primer organismo previsional de la Argentina. Creada por la Ley 4.349, sancionada el 20 de septiembre de 1904 durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, dio origen al sistema jubilatorio moderno al brindar cobertura a los empleados de la administración pública nacional.
El organismo se financiaba con aportes obligatorios de los trabajadores y contribuciones del Estado. Otorgaba jubilaciones por vejez o años de servicio, además de pensiones para los familiares de los afiliados fallecidos, mediante un sistema de administración centralizada de los fondos previsionales.
Su creación marcó el inicio del sistema previsional argentino y sirvió como modelo para las posteriores cajas de ferroviarios, bancarios y empleados de comercio.
Juan Domingo Perón y la Jubilación
Cuando se debate sobre el origen de las jubilaciones en la Argentina, suele aparecer la idea de que fueron creadas durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Sin embargo, la historia muestra que el sistema previsional comenzó varias décadas antes y fue evolucionando en distintas etapas.
Pero no se le puede quitar el mérito de que antes de Juan Domingo Perón las jubilaciones eran para pocos y después del paso de Juan Dominhgo Perón por la Secretaría de Trabajo y previsión, fue para muchos. O sea, rompió el circulo del sectarismo y la discriminación.
Perón amplió el sistema y permitió que miles de trabajadores accedieran al beneficio
Juan Domingo Perón protagonizó la mayor expansión de la historia de la previsión social. Su gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión social permitió que miles de trabajadores que hasta entonces estaban excluidos pudieran acceder al derecho a una jubilación, consolidando un modelo que transformó el alcance de la seguridad social en la Argentina.
Qué hizo Perón con el sistema jubilatorio
Cuando Perón asumió como Secretario de Trabajo y Previsión el 1° de diciembre de 1943, el país ya contaba con un sistema previsional que había comenzado a construirse décadas antes mediante distintas cajas jubilatorias destinadas a sectores específicos.
Sin embargo, la cobertura era limitada y alcanzaba principalmente a empleados públicos, ferroviarios, docentes y algunos otros grupos. Una gran parte de los trabajadores argentinos todavía no tenía acceso al beneficio jubilatorio.
Entonces el organismo tenía escasa influencia política. Surgido sobre la base del antiguo Departamento Nacional del Trabajo, se dedicaba principalmente a mediar en conflictos laborales e inspeccionar el cumplimiento de la legislación vigente.
Con Juan Domingo Perón, la Secretaría dejó de ser una dependencia burocrática y pasó a ocupar un lugar central en el Gobierno. Amplió su estructura, incorporó personal, creó delegaciones en el interior del país y comenzó a recibir diariamente a trabajadores, sindicatos y empresarios para intervenir en los conflictos laborales.
El Estuto del Peón Rural
El Estatuto del Peón Rural fue una de las reformas laborales más importantes impulsadas por Juan Domingo Perón. El Decreto-Ley N.º 28.169, sancionado el 8 de octubre de 1944, otorgó por primera vez un marco legal de protección a los trabajadores rurales, un sector que hasta entonces carecía de derechos laborales básicos.
La norma incorporó beneficios fundamentales como 1) salarios mínimos; 2) jornada laboral y descansos obligatorios; 3) vacaciones pagas; 4) asistencia médica; 5) viviendas en condiciones higiénicas; 6) provisión de alimentos; 7) indemnización por despido; y 8) regulación del trabajo de mujeres y menores.
Hasta ese momento, muchos peones rurales trabajaban de sol a sol, con bajos salarios, viviendas precarias y sin estabilidad laboral. El Estatuto buscó revertir esa situación e incorporar al trabajador del campo a la protección del Estado.
La iniciativa fortaleció el respaldo de amplios sectores rurales a Perón, aunque también generó un fuerte rechazo de grandes propietarios agropecuarios y de la Sociedad Rural Argentina, que cuestionaban el aumento de los costos laborales y la mayor intervención estatal.
Con el paso del tiempo, el Estatuto del Peón Rural quedó reconocido como uno de los principales antecedentes de la legislación laboral argentina. Mientras el peronismo lo reivindica como un emblema de la justicia social y la ampliación de derechos, sus detractores lo consideran un ejemplo del avance del Estado sobre las relaciones laborales. Pese a esas diferencias, existe un amplio consenso en que marcó un antes y un después en las condiciones de trabajo de los peones rurales.
El objetivo de Perón
La meta de Perón fue convertir al Estado en garante de la justicia social. Desde la Secretaría impulsó mejoras salariales, convenios colectivos, vacaciones pagas, indemnizaciones y la expansión del sistema previsional, integrando a miles de trabajadores y consolidando una estrecha relación entre el Estado y el movimiento obrero.
La afirmación de que Juan Domingo Perón buscó convertir al Estado en garante de la justicia social no surge de una interpretación que hago yo desde este líneas, sino que está respaldada por los discursos de Juan Domingo Perón y por documentos oficiales de su gobierno. Esa concepción quedó plasmada en distintas obras, leyes y textos que definieron los principios del justicialismo.
Entre los principales antecedentes se destacan «La Comunidad Organizada» (1949), donde Perón sostiene que el Estado debe armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo y promover la justicia social; la Constitución Nacional de 1949, impulsada durante su presidencia, cuyo Preámbulo propone construir una Nación «socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana» e incorpora los derechos sociales y del trabajador; y numerosos discursos pronunciados entre 1944 y 1955, en los que defendió un Estado con un papel activo en la protección de los trabajadores y en la búsqueda del bienestar general.
La expansión de la previsión social
Entre 1943 y 1955, primero desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego como presidente de la Nación, Juan Domingo Perón impulsó una profunda transformación del sistema previsional.
Las principales medidas fueron: 1) amplió el sistema previsional mediante la creación de nuevas cajas jubilatorias para los empleados de comercio, el personal de la industria, los trabajadores rurales, los empresarios, los profesionales y los trabajadores independientes, además de extender la cobertura de regímenes ya existentes, como los de bancarios, seguros y navegación; 2) coordinó el funcionamiento del sistema mediante el Instituto Nacional de Previsión Social; 3) extendió la cobertura previsional a miles de trabajadores que hasta entonces estaban excluidos; 4) fortaleció el financiamiento y la administración del sistema; y 5) promovió la Ley 14.370, sancionada en 1954, considerada la primera norma de alcance general sobre previsión social en la Argentina.
Durante los dos gobiernos de Juan Domingo Perón se crearon nuevas cajas jubilatorias para ampliar la cobertura previsional a sectores que hasta entonces no contaban con un régimen propio. Entre ellas se encuentran las de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (1944), Personal de la Industria (1946), Trabajadores Rurales (1954), Empresarios (1954), Profesionales (1954) y Trabajadores Independientes (1954).
Otros sectores ya contaban con cajas previsionales antes de la llegada de Juan Domingo Perón al poder. Era el caso de los ferroviarios, bancarios, periodistas, trabajadores de la marina mercante, servicios públicos y empleados públicos. Durante el peronismo esos regímenes no fueron creados, pero sí se ampliaron sus beneficios y se fortaleció la coordinación del sistema previsional.
El mayor aporte de Juan Domingo Perón fue convertir la jubilación en un derecho universal. O sea, al alcance de todos. Gracias a esa política, el sistema previsional dejó de estar reservado para algunos sectores específicos y comenzó a convertirse en un verdadero régimen de protección social de alcance nacional.
Cuántos jubilados había en la Argentina antes de la expansión del sistema previsional
No existe una cifra oficial única sobre la cantidad de jubilados y pensionados que había en 1943, ya que el sistema previsional argentino estaba fragmentado en numerosas cajas y todavía no existía un registro nacional consolidado. Sin embargo, las investigaciones históricas permiten realizar una estimación con un alto grado de precisión.
Los estudios más citados estiman que hacia 1944 existían unos 428.000 aportantes activos, o sea, trabajadores que pagaban mensualmente un porcentaje que será asignado a la jubilación. Ese números, el de 428 mil aportantes, equivalía a alrededor del 7% de la población económicamente activa. A su vez, el sistema previsional alcanzaba entre 150.000 y 190.000 jubilados y pensionados, o sea, trabajadores que ya se habían retirados.
Fijense contra lo que dice cualquie receta liberal: según los datos acá expuestos, había entre 2,85 y 2,25 aportantes por cada jubilado o pensionado. Los liberales dicen que hoy hay tres aportantes cada un jubilados y eso no alcanza. A Juan Domingo Perón parece que le alcanzaba.
Perón lentamente masificó las jubilaciones.
La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, un punto de inflexión en la historia argentina
La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión es considerada por la mayoría de los historiadores como uno de los hechos institucionales más trascendentes del Estado argentino durante el siglo XX. Si bien existen distintas interpretaciones sobre sus consecuencias políticas, hay un amplio consenso en que marcó un antes y un después en la relación entre el Estado, los trabajadores y las organizaciones sindicales.
El organismo fue creado mediante el Decreto N.º 15.074, del 27 de noviembre de 1943, durante el gobierno surgido del golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Su primer titular fue el entonces coronel Juan Domingo Perón, quien desde ese cargo comenzó a impulsar una profunda transformación de la política laboral y previsional del país.
La principal innovación consistió en concentrar en una sola institución funciones que hasta ese momento estaban dispersas entre distintos ministerios y dependencias estatales. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión la principal innovación consistió en concentrar en una sola institución funciones que hasta entonces estaban dispersas entre distintos organismos del Estado. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se impulsó una profunda expansión del sistema previsional mediante la creación de nuevas cajas y la incorporación de amplios sectores de trabajadores que hasta ese momento carecían de cobertura jubilatoria. Al mismo tiempo, se promovieron las indemnizaciones por despido, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo, el fortalecimiento de la inspección laboral y la creación de mecanismos de conciliación para resolver los conflictos entre empleadores y trabajadores.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Trabajo y Previsión se convirtió en la principal plataforma política de Perón, quien consolidó desde allí una estrecha relación con el movimiento obrero. Ese vínculo sería determinante para su llegada a la Presidencia de la Nación en 1946.
Más allá de las diferencias ideológicas, los especialistas coinciden en que la creación de este organismo representó un verdadero punto de inflexión. Mientras los historiadores vinculados al peronismo sostienen que significó el nacimiento del moderno Estado social argentino, autores de tradición liberal o conservadora también reconocen su enorme trascendencia institucional, aunque cuestionen el uso político que posteriormente hizo Juan Domingo Perón de esa estructura.
Los conflictos laborales durante los gobiernos radicales dejaron algunos de los episodios más sangrientos de la historia social argentina. Entre los casos más emblemáticos se encuentran la Semana Trágica de 1919, cuya represión provocó entre 100 y más de 700 muertos, según las distintas estimaciones históricas; la Patagonia Rebelde (1920-1922), donde el Ejército fusiló entre 1.000 y 1.500 peones rurales en Santa Cruz; y la represión en La Forestal (1919-1921), en el norte de Santa Fe, que dejó decenas o incluso cientos de trabajadores muertos durante los enfrentamientos entre obreros, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales al servicio de la empresa.
Una estimación meramente orientativa
El crecimiento medio fue de unos 23.200 jubilados por año entre 1946 y 1951:
| Año | Estimación matemática |
|---|---|
| 1946 | 110.000 |
| 1947 | 133.200 |
| 1948 | 156.400 |
| 1949 | 179.600 |
| 1950 | 202.800 |
| 1951 | 226.000 |
No conviene extender esta interpolación hasta 1955, porque los otorgamientos no crecieron necesariamente de manera regular. Además, en 1954 se sancionó la Ley 14.370, que modificó profundamente el régimen y avanzó desde la capitalización colectiva hacia un sistema de reparto.
Los datos los obtuve de la tesis «Sistema Previsional en Argentina: análisis desde una perspectiva histórica», hecho por Ernesto Bruno Zambrini, Mariana Gabrinetti y Mariana Abadíe presentado en las XI Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (donde yo estudié), de la Universidad de Buenos Aires, 2015.
Los datos presentados dan, en términos aritméticos, que Juan Domingo Perón, jubiló 64 persons por día al menos durante cinco años. Y no lo hizo de oficio ni le aplicó normas que disminuyeran los aposrtes justos.
Por su impacto y por las transformaciones que impulsó, la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión suele ubicarse entre los grandes hitos institucionales de la historia argentina, junto con la Ley 1420 de educación común de 1884, la Ley Sáenz Peña de 1912 y la creación del Banco Central en 1935, reformas que modificaron de manera permanente el funcionamiento del Estado y su vínculo con la sociedad.
Eva Perón mantuvo una relación muy estrecha con los trabajadores y se convirtió en una de las principales figuras de representación del movimiento obrero durante el primer peronismo. Si bien no ocupó cargos sindicales, actuó como un puente permanente entre los gremios y el gobierno de Juan Domingo Perón, recibiendo a delegaciones obreras, impulsando mejoras sociales y defendiendo públicamente los derechos laborales.
Evita sostenía que los trabajadores debían ser los protagonistas de la «Nueva Argentina» y los llamaba «mis descamisados», una expresión que transformó en un símbolo de orgullo para los sectores populares. Desde la Fundación Eva Perón promovió la construcción de hospitales, escuelas, hogares, colonias de vacaciones y viviendas, además de distribuir ayuda directa entre las familias trabajadoras.
Su vínculo con el sindicalismo también fue muy estrecho. Mantuvo una alianza con la Confederación General del Trabajo (CGT), apoyó la organización de los trabajadores y alentó la ampliación de derechos sociales. Durante el conflicto que desembocó en el Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951, fueron los sindicatos los que impulsaron su candidatura a la vicepresidencia de la Nación.
Además, Evita defendía la justicia social como uno de los pilares del peronismo. En numerosos discursos afirmó que el Estado debía garantizar salarios dignos, vacaciones pagas, jubilaciones, aguinaldo, acceso a la salud y condiciones de trabajo más justas. Su figura quedó asociada a la defensa de los sectores humildes y de los trabajadores, quienes la consideraban una de sus principales referentes políticas y sociales.
Tras su muerte, el 26 de julio de 1952, gran parte del movimiento obrero la convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos laborales y la justicia social, una identificación que continúa siendo uno de los rasgos más característicos de su legado histórico.
Hoy parece que el nombre de Evita sirve sólo para nombrar una agrupación política. A la hora de tener una mano de los trabajadores municipales, lo único que se escucha es silencio.
¿Puede un peronista oponerse a la jubilación?
La respuesta es sí, aunque depende de qué se entienda por «oponerse a la jubilación». Desde el punto de vista doctrinario e histórico, resulta difícil sostener que un peronista pueda rechazar la existencia del sistema jubilatorio como institución, ya que la ampliación de la previsión social fue uno de los pilares del primer peronismo y constituye uno de los legados más importantes del movimiento.
Sin embargo, una cosa es defender el derecho a la jubilación y otra muy distinta es respaldar todas las políticas previsionales que se impulsen. Un dirigente o militante peronista puede oponerse a una reforma específica, a un cambio en la edad jubilatoria, a la fórmula de movilidad, al cálculo de los haberes o a una moratoria si considera que esas medidas perjudican a los jubilados o afectan la sustentabilidad del sistema.
Pero no lo contrario. No puede oponerse a que un trabajador obtenga la máxima jubilación luego de sus 35 años de servicio. Hacerlo sería totalmente antiperonista. Yo sé que cualquier peronista de Morón, Hurligham e Ituzaingó va a conincidir conmigo. Lo sé porque no son necesios. Es más, muchos de ellos son muy agradables, simpáticos y muy formados. Ahora bien, pese a todo esto que estoy contando, sabiendo que el Intendente de Morón, Lucas Ghi, hoy, viernes 31 de julio de 2026, van a pagar cero a varios trabajadores porque los jubiló de oficio y los perjudicó a futuro ya que les redujo la jubilación, a pesar de esto, nadie alzó la vos. Ni la mayoría del PJ, ni la minoría del PJ, ni los concejales gremiales, ni ninguna organización peronista, ni los sindicatos que no son solidarios entre ellos, cuando fue Juan Domingo Perón el que masificó la jubilación.
Cada vez que entre a sindicato en Morón veo claramente dos cuadros: uno de Juan Domingo Perón y otro de Eva Perón. De ayudarse entre sí, ni hablar. La solidad entre gremios pasó a Narnia. Una película de fantasía. Y los cuadros de Perón y Evita son pura retórica.
Hagamos literatura y ficción. Si Perón y Evita estuvieran vivos y vivieran en Morón y no en San Vicente, ¿qué estarían haciendo? La respuesta es múltiple, pero no incluye el silencio. Desde ya que no me lo creo que si Perón y Evita estuvieran en Morón se callarían la boca.
Frente a estas actitudes, no hay que llorar los reultados electorales. Se esta con la gente o se esta contra la gente. Punto. No hay otra opción.
Del mismo modo, también puede ocurrir lo contrario. Un gobierno o dirigente peronista podría respaldar una reforma previsional si entiende que es necesaria para garantizar la continuidad del sistema o mejorar su funcionamiento. A lo largo de su historia, el peronismo impulsó distintas modificaciones en materia previsional, incluyendo reformas de las cajas jubilatorias, ampliaciones de derechos, moratorias y cambios en los mecanismos de actualización de los haberes.
Por eso, desde una perspectiva histórica, la discusión no pasa por la existencia de la jubilación, sino por la forma en que debe organizarse el sistema previsional. En ese sentido, lo que resultaría contradictorio con la tradición doctrinaria del peronismo sería oponerse al derecho a la jubilación como institución. En cambio, cuestionar una ley o una reforma previsional determinada forma parte del debate político y ha ocurrido en numerosas oportunidades, incluso entre dirigentes y gobiernos identificados con el propio peronismo.
La gran reforma previsional de 1968
La Ley 18.037, sancionada el 30 de diciembre de 1968 durante el gobierno de facto del dictador Juan Carlos Onganía y vigente desde 1969, reorganizó el sistema previsional argentino. No creó la jubilación, sino que reemplazó el esquema de múltiples cajas jubilatorias por un régimen nacional con reglas más uniformes para los trabajadores en relación de dependencia.
Hasta entonces coexistían decenas de cajas previsionales para distintos sectores, como empleados públicos, ferroviarios, bancarios, docentes y trabajadores del comercio o la industria. Cada una tenía requisitos, aportes y beneficios propios, lo que generaba desigualdades y una administración cada vez más compleja.
Un sistema más uniforme
La reforma unificó las normas para los trabajadores en relación de dependencia, estableció requisitos más homogéneos para acceder a la jubilación y mantuvo el sistema de reparto financiado por los aportes de trabajadores, empleadores y el Estado. Además, dispuso que el haber jubilatorio se calculara en función del promedio de las remuneraciones actualizadas del trabajador.
La ley también endureció algunas condiciones de acceso al beneficio respecto de regímenes anteriores, elevando requisitos de edad y años de servicios para distintos sectores y eliminando varios privilegios que existían en cajas especiales.
El antecedente del sistema moderno
En forma complementaria se sancionó la Ley 18.038, que creó un régimen específico para los trabajadores autónomos. Desde entonces, el sistema previsional argentino quedó organizado en dos grandes pilares: uno para trabajadores en relación de dependencia y otro para quienes desarrollaban actividades independientes.
La Ley 18.037 marcó un punto de inflexión en la historia previsional argentina porque consolidó un régimen nacional unificado que permaneció vigente durante más de dos décadas. Recién en 1993 y 1994 fue reemplazado por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que incorporó el régimen de capitalización administrado por las AFJP.
¿Por qué Onganía reformó el sistema previsional?
Cuando Juan Carlos Onganía llegó al poder en 1966, encontró un sistema previsional formado por decenas de cajas jubilatorias creadas a lo largo de más de sesenta años. Cada actividad tenía reglas distintas sobre edad de retiro, años de aportes, forma de calcular el haber y beneficios especiales, lo que generaba fuertes desigualdades y un creciente déficit financiero.
El objetivo del gobierno militar fue racionalizar el sistema, reducir el gasto previsional y fortalecer el control del Estado sobre la seguridad social. Para ello impulsó la Ley 18.037, que unificó la mayor parte de los regímenes para trabajadores en relación de dependencia, y la Ley 18.038, destinada a los trabajadores autónomos.
Una reforma económica y política
La reorganización respondió también al modelo económico impulsado por el ministro Adalbert Krieger Vasena, orientado a contener el gasto público, estabilizar las cuentas fiscales y modernizar la administración del Estado. En ese contexto, el sistema previsional fue considerado un área que necesitaba reglas uniformes y mayor sustentabilidad financiera.
La reforma endureció algunos requisitos para acceder a la jubilación y eliminó privilegios de determinadas cajas especiales. Aunque mantuvo el sistema de reparto, buscó que los beneficios estuvieran más vinculados a los aportes realizados durante la vida laboral.
Reforma de 1993-1994: la creación del sistema mixto
Durante la presidencia de Carlos Menem, el Congreso aprobó la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que estableció un esquema mixto. A partir de esa reforma, los trabajadores pudieron optar entre permanecer en el régimen público de reparto o incorporarse al sistema de capitalización administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
La iniciativa contó con el respaldo del gobierno nacional, que la presentó como una modernización del sistema previsional. Sin embargo, dentro del propio peronismo surgieron cuestionamientos de sectores sindicales y dirigentes justicialistas que rechazaban la incorporación de un régimen de capitalización privada.
2008: el regreso al sistema público
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso sancionó la ley que eliminó las AFJP y unificó nuevamente el sistema previsional bajo la administración de la ANSES. La medida fue acompañada por la amplia mayoría del peronismo, aunque algunos dirigentes justicialistas, especialmente de sectores federales y aliados, manifestaron reservas sobre el destino y la administración futura de los recursos incorporados al Estado.
La reforma previsional de 2017
El proyecto impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, que modificó la fórmula de actualización de las jubilaciones, encontró un rechazo prácticamente unánime del peronismo. Los legisladores justicialistas sostuvieron que el nuevo mecanismo reduciría el poder adquisitivo de los jubilados. La discusión estuvo acompañada por masivas movilizaciones frente al Congreso y derivó en uno de los mayores conflictos políticos y sociales de ese año.
Edad jubilatoria y sustentabilidad
A lo largo de los años, distintos economistas, especialistas y funcionarios identificados con el peronismo propusieron debatir aspectos estructurales del sistema previsional, entre ellos la edad jubilatoria, los regímenes especiales, el déficit del sistema y la relación entre aportantes y beneficiarios.
Esas iniciativas, sin embargo, muchas veces encontraron resistencia dentro del propio movimiento, especialmente por parte del sindicalismo y de organizaciones representativas de los jubilados. O sea, por los mismos que hoy callan.
El principio y las políticas concretas
La historia del peronismo muestra una diferencia entre la defensa del derecho a la jubilación y las distintas formas de administrar el sistema previsional.
Desde la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 y la posterior expansión de la cobertura durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, la previsión social pasó a ocupar un lugar central dentro de la doctrina y de la acción del Estado. En ese marco, resulta difícil sostener que un dirigente peronista pueda oponerse al derecho a la jubilación como institución.
Distinta es la discusión sobre las políticas previsionales concretas. A lo largo de las últimas décadas, dirigentes peronistas han respaldado o rechazado reformas, fórmulas de movilidad, moratorias, regímenes especiales o cambios en las condiciones de acceso al beneficio. Esas diferencias reflejan debates sobre financiamiento, equidad, cobertura y sostenibilidad del sistema, más que un cuestionamiento al principio de la protección previsional.
En definitiva, la trayectoria del peronismo demuestra que el movimiento ha debatido en numerosas oportunidades cómo debe organizarse el sistema jubilatorio, pero ha mantenido como eje histórico la idea de que el Estado debe garantizar una protección previsional para los trabajadores al finalizar su vida laboral. Excepto en Morón.
