El bloque de Fuerza Patria volvió a reclamar este jueves 24 de julio de 2026, en el Concejo Deliberante de Morón, la creación de una Policía Municipal y pidió que el Presupuesto Municipal 2026 sea tratado con «transparencia». Además, los concejales denunciaron presuntas «incompatibilidades e ilegalidades» dentro del Departamento Ejecutivo y cuestionaron el rumbo de la gestión encabezada por el intendente Lucas Ghi.
Las declaraciones fueron difundidas por el presidente del bloque, Diego Spina, al término de la sesión ordinaria, donde aseguró que la fuerza política mantendrá como ejes de su agenda legislativa el impulso a una Policía Municipal, el control de las cuentas públicas y el seguimiento de las actuaciones del gobierno local.
Acá te dejamos la intervención del concejal Diego Spina que llegó a esta redacción ✅✅✅👇:
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Hubiéramos publicado la intervención del bloque oficialista, pero la Oficina de Prensa del Concejo Deliberante también es selectiva y no distribuye información para asegurar el derecho del ciudadano a saber qué ocurre en el distrito en el que vive y pagas tasas municipales.
Así que te dejamos la intervención del concejal Diego Spina también por escrito en la sesión del Concejo Deliberante de Morón:
Nuestro bloque va a acompañar este expediente. Queríamos hacer mención a algunas cuestiones vinculadas con el área de Tránsito y Transporte. Nosotros siempre vamos a acompañar los dictámenes y el trabajo que realizan las comisiones, pero queremos aprovechar este expediente para referirnos a una situación que nos parece muy importante, relacionada con el funcionamiento del Estado municipal, la tramitación de los expedientes y el área de Tránsito y Transporte.
Por suerte, la responsabilidad política continúa siendo del compañero Oscar Conte, aunque ya no tiene firma porque se acogió a los beneficios jubilatorios. Actualmente, la firma corresponde a la Secretaría de Seguridad.
En esa misma secretaría existió hace tiempo un problema grave que comenzó a ser subsanado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Me refiero a la incompatibilidad de la funcionaria Mabel Téllez, quien primero estuvo al frente de la Unidad de Gestión Comunitaria Nº 1 y luego fue designada como subsecretaria del área de Licencias de Conducir.
Existía una clara incompatibilidad en su situación funcional, motivo por el cual incluso estuvo en duda la validez de los registros de conducir emitidos durante ese período. Fue el Ministerio provincial el que intervino para comenzar a ordenar todo ese descalabro producido por la centralidad del Gobierno de Morón, porque ni siquiera lo hizo la propia Secretaría de Tránsito y Transporte.
Desde el primer día, Mabel Téllez llegó como una especie de interventora del área de Licencias. Maltrató a trabajadores municipales e incluso prohibió el uso del mate en el sector por considerarlo una cuestión cultural. Más allá de esas cuestiones y del trato hacia los empleados, el 1.º de junio fue dada de baja por la incompatibilidad existente, ya que percibía simultáneamente un anticipo jubilatorio del IPS y un salario municipal, primero como Directora y luego como Subsecretaria.
Al advertirse esa irregularidad, se dispuso su baja y, como corresponde, se le exigió devolver los haberes percibidos indebidamente. Para ello se le estableció un plan de pagos de un millón de pesos mensuales.
Sin embargo, reitero, no fue una decisión de la Secretaría sino de la conducción central del gobierno municipal. El 24 de junio le otorgaron un contrato de locación de servicios para que pudiera afrontar el pago de esa devolución que debía asumir con su propio patrimonio.
Mediante el expediente 4079-13272/26 se le asignó un millón de pesos por mes. En realidad, ni siquiera esperaron un mes: el contrato fue firmado el 24 de junio y el pago se efectuó el 8 de julio.
Estamos frente a dos situaciones graves. Por un lado, la incompatibilidad de una funcionaria, que quizás podría alegar desconocimiento de esa incompatibilidad. Pero, además, los vecinos y vecinas de Morón terminan financiando, mediante un contrato de locación, el dinero con el que esa misma funcionaria devuelve los haberes que cobró indebidamente.
Son situaciones muy graves, avaladas con las firmas de la Secretaría, que vuelven a demostrar el desgobierno al que nos está llevando el intendente Lucas Ghi. Lo vemos cuando se niega a tratar el Presupuesto, cuando no impulsa el tratamiento del expediente para la Policía Local, con el caso de la narcofuncionaria prófuga y con una serie de ilegalidades que ya son de público conocimiento.
A esto se suma el manejo de las jubilaciones dentro del municipio. Están jubilando a trabajadores, incluso de manera irregular. También intentaron jubilar a la presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa, quien, por su condición institucional, cuenta con una protección que otros funcionarios no tienen. Finalmente le dijeron que permaneciera en funciones, manteniendo simultáneamente su cargo municipal y la presidencia del Consejo Escolar.
Quiero decir claramente que la señora Mabel Téllez, quien hasta hace poco fue subsecretaria de Licencias de Conducir, está devolviendo un millón de pesos por mes mediante un contrato de locación correspondiente al expediente 4079-13272/26. Es decir, los vecinos y vecinas de Morón le pagan, a través de ese contrato, el dinero con el que ella devuelve los haberes que debía reintegrar personalmente.
No se trata de una multa, sino de la devolución de sumas percibidas de manera indebida.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar todo lo relacionado con las políticas de Tránsito y Transporte. Reconocemos la responsabilidad política que sigue teniendo Oscar Conde, pero hacemos responsable al intendente Lucas Ghi por esta situación.
Entendemos que aquí existe una incompatibilidad y, posteriormente, una decisión administrativa que termina consolidando esa irregularidad.
Lamentablemente, ya estamos acostumbrados a que desde el Gobierno municipal se adopten medidas destinadas a encubrir hechos de corrupción.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
