La Fiscalía de Paraguay solicitó una condena de 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador entrerriano Edgardo Kueider, detenido desde diciembre de 2024 tras ser descubierto cuando intentaba ingresar al país vecino con más de USD 211.000 sin declarar.
El caso se suma a una serie de investigaciones y controversias que marcaron la gestión del presidente Javier Milei, entre ellas el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA, distintas denuncias contra funcionarios nacionales y la polémica política que rodeó a Kueider luego de su voto favorable a la Ley Bases. En todos esos expedientes, salvo las resoluciones que correspondan a cada causa, las investigaciones continúan y no existen condenas firmes contra los involucrados.
La solicitud fue presentada por el fiscal paraguayo Ysrael Villalba, quien consideró acreditado el delito de contrabando en grado de tentativa, previsto en el Código Aduanero de Paraguay. La pena requerida se acerca al máximo contemplado por esa figura penal.
Qué sostuvo la Fiscalía paraguaya
Durante los alegatos, el representante del Ministerio Público aseguró que quedó demostrado que Kueider y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, intentaron ingresar una importante suma de dinero sin realizar la declaración obligatoria exigida por la legislación paraguaya.
Según la acusación, ambos trasladaban 211 mil dólares estadounidenses, 646 mil pesos argentinos y cerca de 3,9 millones de guaraníes, ocultos dentro de una mochila en una Chevrolet Trailblazer que cruzó desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este por el Puente de la Amistad.
Para la Fiscalía, el horario elegido para el cruce, el monto transportado y la ausencia de declaración constituyen elementos suficientes para sostener la acusación penal.
Villalba también afirmó que el ingreso de dinero sin registrar vulnera los mecanismos internacionales destinados a prevenir el lavado de activos y dificulta la trazabilidad del origen de los fondos.
La defensa pidió la absolución
Los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo rechazaron la acusación y solicitaron la absolución de ambos imputados.
Su principal argumento sostiene que la Fiscalía realizó una interpretación extensiva de la ley al considerar que el dinero en efectivo puede ser tratado como una «mercadería» a los efectos del delito de contrabando.
Además, remarcaron que durante el juicio no se habría demostrado la existencia del delito con el grado de certeza requerido para una condena.
Cuándo podría conocerse la sentencia
El Tribunal integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris fijó una nueva audiencia para el 13 de julio, cuando las partes realizarán las réplicas y dúplicas finales.
Tras esa instancia, los jueces estarán en condiciones de dictar sentencia.
Mientras tanto, Kueider y Guinsel permanecen con arresto domiciliario en Paraguay, medida que cumplen desde diciembre de 2024.
La situación judicial no termina en Paraguay
El juicio por tentativa de contrabando representa apenas uno de los frentes judiciales abiertos para el exsenador.
La Justicia paraguaya también lo investiga por presunto lavado de activos, al sospechar que parte del dinero habría sido utilizado para adquirir inmuebles en ese país.
En Argentina, además, la jueza Sandra Arroyo Salgado mantiene abierta una investigación por presunto lavado de dinero y ya solicitó su extradición. La Cámara Federal de San Martín rechazó previamente un pedido de eximición de prisión, por lo que el exlegislador podría quedar detenido si regresa al país una vez finalizados los procesos pendientes en Paraguay.
Un dirigente cuya caída cambió el escenario político
La detención de Edgardo Kueider provocó un fuerte impacto político porque, hasta ese momento, había sido una pieza clave en distintas votaciones parlamentarias de relevancia para el Gobierno nacional.
Su arresto abrió un intenso debate sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y volvió a instalar cuestionamientos respecto de los acuerdos políticos construidos durante la primera etapa de la administración de Javier Milei.
Opinión
El caso Kueider expone una vez más la importancia de que las investigaciones por corrupción o presuntos delitos económicos avancen con independencia, sin importar el color político de los involucrados. La credibilidad institucional depende de que las responsabilidades sean determinadas exclusivamente por la Justicia y con pleno respeto al debido proceso.
También deja al descubierto que la transparencia no puede limitarse a un discurso de campaña. Cuando aparecen denuncias o investigaciones que alcanzan a dirigentes cercanos al poder, la sociedad espera respuestas claras, colaboración con la Justicia y estándares de integridad idénticos para todos.
Finalmente, el desenlace judicial será determinante no sólo para el futuro de Kueider, sino también para el debate político argentino sobre la calidad institucional. Más allá de las disputas partidarias, cada nuevo expediente refuerza la necesidad de fortalecer los controles públicos y recuperar la confianza ciudadana en quienes ejercen funciones de representación.
