La Corte Suprema de Justicia le asestó un duro revés al Gobierno nacional al dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que pone en tensión la estrategia económica de la administración de Javier Milei y abre un nuevo frente de conflicto en medio del ajuste fiscal.
El fallo ratifica la vigencia de la cautelar dictada en instancias anteriores y obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa aprobada por el Congreso, que establece una actualización de los recursos destinados a las universidades nacionales. De esta manera, el máximo tribunal respaldó el reclamo impulsado por las casas de estudio y sus autoridades.
La resolución sorprendió en la Casa Rosada, donde daban por descontado que la discusión judicial quedaría en suspenso hasta el tratamiento del Presupuesto. En ese contexto, el Gobierno había acordado a comienzos de junio una recomposición salarial del 24% para los trabajadores universitarios, con la expectativa de desactivar las protestas y cerrar el conflicto. Sin embargo, los rectores aceptaron el incremento sin desistir de la demanda presentada ante la Corte.
La decisión judicial representa un fuerte impacto para el programa económico del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que implica mayores erogaciones para el Estado y rompe con la expectativa oficial de evitar resoluciones judiciales que alteraran el esquema fiscal.
Otro aspecto que generó repercusiones en el ámbito político fue el cambio de postura dentro del propio tribunal. Días antes de conocerse la resolución, el juez Ricardo Lorenzetti había dado a entender públicamente que el caso podría no ser tratado debido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios. Sin embargo, finalmente acompañó el fallo que terminó favoreciendo a las universidades.
La sentencia no resolvió la cuestión de fondo, pero rechazó los planteos del Ejecutivo y mantuvo vigente la medida cautelar. En términos prácticos, la decisión eleva el aumento previsto del 24% al 37%, porcentaje contemplado en la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma había sido aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso y logró sostenerse pese a los vetos presidenciales, convirtiéndose en una de las iniciativas con mayor respaldo parlamentario de los últimos años. Ahora, además, suma el aval de la Corte Suprema, fortaleciendo la posición de las universidades en el conflicto con el Gobierno nacional.
