La investigación por uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado dio un nuevo paso. A casi cincuenta años de la denominada Masacre de San Patricio, el juez federal Daniel Rafecas resolvió citar a declaración indagatoria a cuatro ex integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) acusados de contribuir a la ejecución del operativo que terminó con el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos durante la última dictadura militar.
El magistrado considera que los imputados habrían tenido un papel clave al “liberar la zona”, permitiendo que el grupo encargado del ataque actuara sin obstáculos durante la madrugada del 4 de julio de 1976 en la parroquia ubicada sobre la calle Estomba al 1900, en el barrio porteño de Belgrano.
El mayor ataque contra la Iglesia católica argentina
Las víctimas fueron los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, junto con los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los cinco fueron asesinados dentro de la casa parroquial en un hecho que con el paso de los años sería considerado como el mayor ataque perpetrado contra la Iglesia católica argentina durante el régimen militar.
La conmoción que provocó el episodio fue tal que la noticia llegó a las portadas de los principales diarios del país, algo poco frecuente en una época marcada por la censura y el ocultamiento sistemático de los crímenes cometidos por la dictadura.
La denuncia de los autos sospechosos
Según surge del expediente judicial, cerca de las dos de la madrugada de aquel día, un vecino de la zona, el joven Julio Víctor Martínez, observó dos vehículos Peugeot 504 estacionados en actitud sospechosa cerca de la parroquia pero también de su casa.
El dato no era menor. Julio Víctor Martínez era hijo del entonces interventor militar de la provincia de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner, cuya vivienda se encontraba a pocos metros de la iglesia. Ante la presencia de los vehículos, el joven creyó que podía tratarse de una amenaza vinculada a su padre y decidió alertar a las autoridades.
Preocupado por la situación, acudió junto a un amigo a la Comisaría 37ª para denunciar lo que había visto. Aquella decisión, tomada horas antes de la masacre, terminaría convirtiéndose décadas después en una de las piezas más importantes para reconstruir los movimientos previos al operativo.
La dependencia estaba bajo la órbita del comisario Roberto Fensore, mientras que esa noche el jefe de servicio era Héctor Raúl Olivetto.
Tras recibir la denuncia, un patrullero fue enviado al lugar. En el móvil viajaban los agentes Miguel Ángel Romano, Serafín Losada, Atilio Edgardo Juárez y Agustín Báez.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, uno de los policías descendió del vehículo y mantuvo contacto con un ocupante de uno de los Peugeot. Ese hombre se habría identificado como integrante de una fuerza de seguridad y les habría comunicado que estaban realizando un “procedimiento antisubversivo”.
Una advertencia que hoy cobra relevancia
La causa también reconstruyó otro episodio ocurrido esa misma madrugada. Según testimonios incorporados al expediente, los policías habrían advertido al cabo Pedro Álvarez, encargado de custodiar la vivienda de Martínez Waldner, que no interviniera si escuchaba detonaciones.
La frase atribuida a los efectivos fue contundente: “Si escuchás cohetazos no salgas porque vamos a reventar la casa de unos zurdos. No te metas porque te pueden confundir”.
Horas después, los cuerpos de los cinco religiosos fueron hallados por feligreses que llegaban a la parroquia para participar de las actividades habituales.
El atentado que antecedió a la masacre
La principal hipótesis de la Justicia sostiene que los asesinatos fueron una represalia por el atentado que la organización Montoneros había ejecutado apenas dos días antes contra la sede de Coordinación Federal, ubicada en Moreno 1417, CABA, donde funcionaban áreas de inteligencia de la Policía Federal Argentina y un centro clandestino de detención.
El ataque ocurrió el 2 de julio de 1976, cuando una bomba explotó en el comedor de la dependencia policial. La explosión provocó la muerte de 24 personas y dejó más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los atentados más sangrientos de la década de 1970 y en la acción más letal reivindicada por Montoneros.
Para los investigadores, la proximidad temporal entre ambos hechos constituye uno de los elementos centrales para sostener que la matanza de los palotinos fue ejecutada como una represalia impulsada desde sectores de las fuerzas de seguridad.
La hipótesis sobre los autores materiales
La investigación sostiene desde hace años que la matanza habría sido ejecutada por integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal, una de las estructuras represivas más activas de la época.
Los atacantes dejaron además inscripciones en las paredes de la parroquia que hacían referencia a los “dinamitados” en Coordinación Federal, un mensaje que para los investigadores reforzaría el vínculo entre ambos acontecimientos.
Qué les imputa la Justicia
Para Rafecas, los ex policías citados a indagatoria no participaron directamente de los asesinatos, pero sí habrían garantizado las condiciones necesarias para que el operativo pudiera concretarse sin interferencias.
En su resolución, el juez sostuvo que los acusados “aseguraron las condiciones para la realización del operativo en la casa parroquial, sin haber llevado a cabo acción tendiente a evitar su consumación”.
Además, remarcó que los efectivos no dejaron registros ni constancias formales sobre las actuaciones realizadas aquella madrugada, pese a haber sido alertados sobre movimientos sospechosos en la zona.
Las indagatorias y el reclamo de justicia
Las declaraciones indagatorias fueron programadas entre el 23 y el 30 de junio de 2026. Los convocados son Miguel Ángel Romano (72 años), Serafín Losada (76), Atilio Edgardo Juárez (81) y Héctor Raúl Olivetto (82).
Una vez finalizadas las audiencias, el magistrado contará con un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de cada uno de los imputados.
Desde la organización Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia destacaron la decisión judicial y valoraron el trabajo realizado durante años por el equipo jurídico integrado por Pablo Llonto, Adrián Krmpotic y Ariel Noli.
Un caso que sigue abierto medio siglo después
La resolución de Daniel Rafecas vuelve a colocar en el centro de la escena uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente argentina. Cuando se aproxima el 50° aniversario de la masacre, familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos consideran que el avance de la causa representa una oportunidad histórica para esclarecer responsabilidades y evitar que uno de los crímenes más impactantes cometidos contra la Iglesia durante la dictadura permanezca impune.
La cobertura mediática y la versión oficial de la dictadura
La repercusión de la Masacre de San Patricio fue tan grande que los principales diarios del país se vieron obligados a informar sobre el asesinato de los cinco religiosos. Sin embargo, las primeras reconstrucciones difundidas por la prensa estuvieron fuertemente influenciadas por la versión oficial impulsada por las autoridades militares.
En su edición del 5 de julio de 1976, el diario Clarín llevó el caso a su portada bajo el título «Asesinaron a cinco religiosos». En el desarrollo de la noticia, el matutino sostuvo que los sacerdotes y seminaristas habían sido asesinados por «delincuentes subversivos», reproduciendo la explicación difundida por el régimen. Además, incorporó una versión que luego se comprobaría falsa: la supuesta desactivación de una bomba dentro de la parroquia. Esa información apuntaba a vincular el crimen con organizaciones guerrilleras y reforzaba la hipótesis sostenida por las fuerzas armadas.
La publicación también reprodujo comunicados de la Policía Federal Argentina y del I Cuerpo del Ejército, comandado entonces por Carlos Guillermo Suárez Mason, que atribuían la responsabilidad del hecho a «elementos subversivos». Los mensajes oficiales describían el asesinato como un «hecho vandálico» y sostenían que sus autores «no tenían patria ni Dios», una definición alineada con el discurso de la dictadura, que identificaba a la militancia revolucionaria con el ateísmo y el antipatriotismo.
Según diversos estudios históricos posteriores, aquellas versiones omitieron un dato fundamental hallado en la escena del crimen: las inscripciones dejadas por los asesinos en las paredes de la parroquia, donde los religiosos eran señalados como «zurdos» y vinculados al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM).
Una línea similar siguió el diario La Nación, que en su portada del mismo día tituló: «Fueron asesinados cinco religiosos en Belgrano». El copete de la nota señalaba que un informe militar atribuía el ataque a un «grupo extremista». Al igual que Clarín, el periódico reprodujo la versión de la existencia de un explosivo que no habría llegado a detonar dentro del edificio religioso, una hipótesis que nunca pudo ser corroborada.
La Nación sí mencionó la presencia de inscripciones en los ambientes de la parroquia, aunque evitó detallar su contenido. Días más tarde, en un editorial publicado el 12 de julio de 1976, el diario reforzó la interpretación oficial y presentó el crimen como una muestra de la violencia del extremismo, asociándolo a grupos que, según esa lectura, buscaban sembrar el terror, generar caos y desestabilizar a la sociedad argentina.
Con el paso de las décadas, las investigaciones judiciales y los trabajos historiográficos fueron desmontando aquellas versiones iniciales y orientaron las sospechas hacia sectores vinculados al aparato represivo estatal, una hipótesis que hoy constituye la principal línea de investigación de la Justicia federal.
