Causa Cuadernos: un detalle para saber de qué se trata. La denominada“Causa Cuadernos” ingresó en una fase decisiva con la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, principal acusada en un expediente que reúne a 87 imputados, 22 ex funcionarios y 65 empresarios. El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, concentra una de las investigaciones más sensibles sobre presuntos circuitos de corrupción estructural en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La ex presidenta optó por no responder preguntas y denunció la existencia de “prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, en un mensaje que apuntó directamente al corazón del sistema judicial.
El origen del caso se remonta a 2018, cuando el periodista Diego Cabot, llegó a la redacción del diario porteño La Nación y se encontró con cajas llenas de cuadernos que de inmediato entregó a la Justicia. Se trató de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del ex funcionario Roberto Baratta, en los que se detallaban presuntos recorridos con bolsos cargados de dinero. Esos registros, según la acusación, describían un circuito de recaudación ilegal que involucraba a empresas contratistas del Estado y a altos funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal. La causa se desprendió de otra investigación por irregularidades en la importación de gas natural licuado (GNL) y tuvo como figuras centrales al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.
Entre los acusados aparecen nombres clave del engranaje estatal de la época, como el ex ministro Julio De Vido, el propio Roberto Baratta, los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex funcionario José López, recordado por el episodio de los bolsos en un convento. También están involucrados Juan Manuel Abal Medina, además de una serie de ex funcionarios de segunda línea como Claudio Uberti, Germán Nivello y Nelson Periotti. En paralelo, el frente empresario incluye a figuras como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gabriel Romero y Carlos Wagner, junto a nombres vinculados al entramado económico del kirchnerismo como Cristóbal López, Fabián De Souza y Gerardo Ferreyra.
La acusación central sostiene que Cristina Fernández de Kirchner habría sido la jefa de una asociación ilícita destinada a organizar el cobro sistemático de sobornos, mientras que otros imputados son considerados organizadores o miembros de esa estructura. Los delitos investigados incluyen cohecho pasivo para los funcionarios y cohecho activo para los empresarios, con penas que van de 1 a 6 años, mientras que la figura de asociación ilícita puede elevar las condenas hasta los 10 años de prisión, o más en el caso de los jefes. La ex mandataria ya cuenta con una condena firme a 6 años en la Causa Vialidad, que actualmente cumple bajo modalidad domiciliaria.
Un capítulo clave del expediente lo constituyen los llamados “arrepentidos”, un total de 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración con la fiscalía. Entre ellos figuran el propio Oscar Centeno, José López, Claudio Uberti y empresarios como Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Aldo Roggio. Sus testimonios resultaron determinantes para reconstruir la supuesta mecánica de recaudación, aunque también fueron cuestionados por las defensas, que denuncian presiones y falta de garantías procesales en la obtención de esas declaraciones.
En la antesala del juicio, las defensas de 47 empresarios y 4 ex funcionarios intentaron cerrar su situación mediante propuestas de “reparación integral”, ofreciendo compensaciones económicas para extinguir la acción penal. Sin embargo, la fiscal Fabiana León rechazó esa posibilidad con una frase que resonó en los tribunales: “En esta fiscalía no se vende impunidad”. El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, respaldó esa postura y bloqueó cualquier salida alternativa, consolidando así el camino hacia un juicio oral que promete extenderse y marcar un precedente histórico en materia de corrupción en la Argentina.
Funcionarios: roles y acusaciones
| Quién | Rol y acusación |
|---|---|
| Cristina Fernández de Kirchner | Jefa de asociación ilícita y coautora de cohechos. |
| Julio De Vido | Organizador de la estructura y partícipe del esquema. |
| Roberto Baratta | Operador central en la recaudación y traslado de dinero. |
| José López | Miembro de la asociación y ejecutor de cohechos. |
| Ricardo Jaime | Acusado de cohecho pasivo en Transporte. |
| Juan Pablo Schiavi | Imputado por cohecho pasivo en Transporte. |
| Juan Manuel Abal Medina | Integrante de la asociación ilícita. |
| Claudio Uberti | Ex funcionario y arrepentido, aportó pruebas clave. |
| Nelson Periotti | Acusado como miembro del esquema en Vialidad. |
| Germán Nivello | Imputado como parte de la estructura operativa. |
Empresarios acusados: quiénes son y de qué se los acusa
| Nombre completo | Por qué están acusados |
|---|---|
| Angelo Calcaterra | Pago de cohechos para obtener contratos de obra pública. |
| Aldo Benito Roggio | Acusado de cohecho activo en adjudicaciones estatales. |
| Carlos Santiago Wagner | Señalado como parte del sistema de pagos empresariales. |
| Gabriel Alejandro Romero | Pago de sobornos en concesiones (Hidrovía). |
| Gerardo Rubén Ferreyra | Integración en el esquema de pagos ilegales. |
| Cristóbal Manuel López | Participación en circuito de recaudación ilegal. |
| Fabián Antonio De Souza | Cohecho activo a través de Grupo Indalo. |
| Enrique Carlos Pescarmona | Pago de sobornos en contratos industriales. |
| Miguel Ángel Aznar | Pagos indebidos en concesiones viales. |
| Javier Sánchez Caballero | Directivo de IECSA, vinculado a pagos. |
| Juan Carlos Chediack | Empresario constructor, acusado de coimas. |
| Osvaldo Acosta | Vinculado a pagos desde Electroingeniería. |
| Hugo Eurnekian | Relación con contratos estatales bajo sospecha. |
| Armando Loson | Pagos en sector energético. |
| Sergio Taselli | Vinculación con subsidios y contratos. |
| Luis María Betnaza | Directivo Techint, acusado por pagos indebidos. |
| Héctor Zabaleta | Ejecutivo Techint, imputado por cohecho. |
| Rudy Fernando Ulloa Igor | Vínculos empresariales con el esquema. |
Empresarios arrepentidos: quiénes declararon y qué aportaron
| Nombre completo | Qué aportaron |
|---|---|
| Carlos Santiago Wagner | Describió el sistema de pagos de la obra pública. |
| Aldo Benito Roggio | Reconoció pagos indebidos a funcionarios. |
| Ernesto Clarens | Explicó la ruta del dinero y circuitos financieros. |
| Gabriel Alejandro Romero | Admitió pagos en la concesión de la Hidrovía. |
| Angelo Calcaterra | Reconoció aportes bajo presión del sistema. |
| Enrique Carlos Pescarmona | Confirmó existencia de pagos irregulares. |
| Miguel Ángel Aznar | Detalló pagos vinculados a contratos viales. |
Las claves de la acusación en la Causa Cuadernos
La acusación sostiene que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner funcionó un sistema estructurado de recaudación ilegal basado en el cobro de sobornos a empresarios contratistas del Estado. Según la hipótesis fiscal, ese mecanismo no fue aislado sino organizado y sostenido en el tiempo, con participación de funcionarios de distintas jerarquías.
En ese esquema, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es señalada como la jefa de una asociación ilícita, acusada de dirigir un entramado que habría coordinado la recepción de dinero proveniente de empresas beneficiadas con contratos públicos. La imputación incluye además su presunta participación en múltiples hechos de cohecho.
De acuerdo con la investigación, los pagos ilegales eran realizados por empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública, concesiones y otros beneficios estatales. Esos fondos eran trasladados en efectivo —según los registros del expediente— a dependencias oficiales o domicilios particulares vinculados a funcionarios.
La figura de Roberto Baratta, ex número dos del Ministerio de Planificación, aparece como pieza clave en la operatoria, señalado como el encargado de coordinar los recorridos de recolección del dinero. En paralelo, otros ex funcionarios son considerados miembros activos de la estructura, con distintos niveles de responsabilidad.
En el frente empresario, la acusación apunta a un grupo de compañías que habrían participado del esquema mediante el pago de cohechos activos, es decir, sobornos destinados a asegurar contratos o mantener relaciones privilegiadas con el Estado. Para los investigadores, se trató de una práctica extendida en sectores estratégicos como la construcción y la energía.
Un elemento central del expediente son los cuadernos de Oscar Centeno, donde se habrían registrado con detalle fechas, montos, direcciones y protagonistas de los supuestos traslados de dinero. Esos documentos fueron incorporados como prueba clave y luego respaldados por declaraciones de imputados colaboradores, en el marco de la ley del arrepentido.
Precisamente, los testimonios de los llamados “arrepentidos” constituyen uno de los pilares de la acusación. Según la fiscalía, sus aportes permitieron reconstruir el circuito financiero del dinero ilegal y confirmar la existencia de un mecanismo sistemático de recaudación.
La acusación también rechaza la posibilidad de encuadrar los hechos como episodios aislados. Por el contrario, plantea que existió una organización criminal con roles definidos, permanencia en el tiempo y objetivos económicos concretos, lo que encuadra el caso en la figura de asociación ilícita.
En términos penales, los ex funcionarios enfrentan cargos por cohecho pasivo, mientras que los empresarios están imputados por cohecho activo. A su vez, la pertenencia a una asociación ilícita agrava las penas y eleva el piso de las posibles condenas.
El juicio oral, que reúne a 87 imputados, buscará determinar si ese esquema efectivamente existió y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en una de las causas más trascendentes de la historia judicial reciente de la Argentina.
Línea de tiempo: del origen al juicio
2003–2015: el período bajo sospecha
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la acusación sitúa el funcionamiento del presunto sistema de recaudación ilegal vinculado a la obra pública y contratos estatales. Según la hipótesis fiscal, en estos años se habría consolidado una estructura con roles definidos entre funcionarios y empresarios.
2018: la revelación que desata el caso
El periodista Diego Cabot accede a los cuadernos de Oscar Centeno y los presenta ante la Justicia antes de su publicación. El 1° de agosto de 2018, la causa estalla públicamente con allanamientos, detenciones y un efecto dominó en tribunales y en el mundo empresario.
2018–2019: detenciones y “arrepentidos”
Avanza la investigación con decenas de indagatorias. Varios imputados se acogen a la figura del imputado colaborador, aportando datos sobre el circuito de pagos, montos y destinatarios. Se consolida así uno de los pilares de la acusación.
2020–2023: elevación y preparación del juicio
La causa es elevada a juicio oral. Las defensas intentan distintas estrategias, entre ellas la “reparación integral”, que es finalmente rechazada por la fiscalía y el tribunal.
2024–2026: el juicio oral en marcha
Comienza el proceso en el Tribunal Oral Federal N° 7, con 87 imputados. Declara Cristina Fernández de Kirchner, quien denuncia persecución judicial y cuestiona el accionar de jueces y fiscales. El juicio se perfila como uno de los más trascendentes de la historia reciente.
Gobierno de Mauricio Macri
Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019), se registraron múltiples investigaciones judiciales que, aunque con distintos niveles de avance y resolución, pueden sintetizarse en un conjunto de causas relevantes: 1) el acuerdo con el Correo Argentino, por presunto beneficio a la empresa de su familia; 2) los Panamá Papers, por su participación en sociedades offshore; 3) el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, con sospechas sobre adjudicaciones y financiamiento; 4) el caso Parques Eólicos, por presuntas ganancias indebidas en la compra-venta de proyectos energéticos; 5) el espionaje ilegal a dirigentes políticos, periodistas y familiares del ARA San Juan; 6) la deuda con el FMI, investigada por posible administración fraudulenta; 7) el blanqueo de capitales, cuestionado por incluir familiares; y 8) la mesa judicial, denunciada por presuntas presiones sobre jueces y fiscales, conformando un mapa de causas que atravesaron su gestión y posterior etapa judicial.
Gobierno de Alberto Ferrnández
Durante el gobierno de Alberto Ángel Fernández (2019–2023), se acumularon diversas investigaciones judiciales que, con distinto grado de avance, pueden sintetizarse en los principales expedientes: 1) la causa “Vacunatorio VIP”, por la aplicación irregular de vacunas contra el COVID-19 a funcionarios y allegados; 2) la causa “Fiesta de Olivos”, por la celebración en la residencia presidencial durante la cuarentena estricta; 3) la causa por supuestas irregularidades en la compra de seguros del Estado, vinculada a intermediaciones y comisiones; 4) investigaciones por contrataciones durante la pandemia, bajo sospecha de sobreprecios; 5) la causa por la gestión de planes sociales, con denuncias sobre desvíos y administración irregular; y 6) denuncias vinculadas a violencia de género, derivadas de declaraciones públicas de su ex pareja, conformando un escenario judicial que impactó políticamente en el tramo final de su gestión y posterior salida del poder.
Gobierno de Javier Milei
Durante el gobierno de Javier Gerardo Milei (desde 2023), se registran diversas denuncias e investigaciones judiciales en distintas instancias, en su mayoría aún en etapa preliminar, que pueden sintetizarse en un solo panorama: 1) presentaciones contra el DNU 70/2023, por presunta inconstitucionalidad; 2) denuncias por el protocolo antipiquetes, por posible vulneración de derechos; 3) amparos e investigaciones por el ajuste en salud, educación y jubilaciones; 4) cuestionamientos judiciales por la paralización de la obra pública; 5) denuncias por designaciones e incompatibilidades de funcionarios; 6) presentaciones por posibles conflictos de intereses y ética pública; 7) el denominado “caso Libra”, por presuntas irregularidades en la promoción de un activo digital y su impacto en inversores; 8) las denuncias por presuntas coimas en el área de discapacidad (ADIS), vinculadas a intermediaciones y pagos indebidos; y 9) el caso de las “16 valijas”, bajo sospecha por posibles irregularidades administrativas y de control en el traslado de equipaje oficial, conformando un escenario judicial en desarrollo, sin resoluciones firmes en la mayoría de los expedientes.
La Deuda Judicial
En once años, ninguna de estas causas tiene hoy una condena ni imputaciones firmes de alto nivel, por lo que cualquier ranking es necesariamente provisorio y sujeto a cómo evolucionen las investigaciones.
