Medicamentos gratis. Una acción judicial iniciada en la provincia de Mendoza terminó generando un cambio concreto en el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados al PAMI en todo el país. La medida fue impulsada por la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores de Mendoza (Jubypen) y patrocinada por los abogados y militantes políticos Marisa Uceda y Carlos Blanco, quienes lograron que se flexibilicen los criterios de acceso al programa de cobertura total de medicamentos. El nuevo esquema permite que miles de adultos mayores que habían quedado excluidos vuelvan a recibir remedios sin costo en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones.
El punto central del acuerdo alcanzado es una reinterpretación del cálculo de ingresos que utiliza el PAMI para determinar quiénes pueden acceder a la cobertura del 100 por ciento en medicamentos esenciales. Hasta ahora, el organismo sumaba los montos de jubilación y pensión cuando una persona percibía ambos beneficios, lo que en muchos casos superaba el límite establecido y dejaba fuera del programa a jubilados que, en la práctica, seguían teniendo ingresos mínimos. Con la nueva resolución, esos montos dejarán de acumularse para evaluar el acceso al beneficio, lo que permitirá que personas que cobran la jubilación mínima y además una pensión vuelvan a acceder a la gratuidad.
La causa judicial se inició durante 2024 y tuvo como objetivo cuestionar la aplicación restrictiva del programa de medicamentos gratuitos implementado por el PAMI. Según los abogados patrocinantes, el organismo había endurecido los requisitos administrativos y los parámetros de ingresos, lo que provocó que miles de afiliados perdieran la cobertura total de medicamentos. Tras una serie de presentaciones judiciales, medidas cautelares y reclamos administrativos, el conflicto derivó en una negociación que concluyó con un acuerdo de “reparación integral”, orientado a restituir el acceso a los medicamentos sin esperar una sentencia definitiva.
Entre los cambios establecidos también se incluye un refuerzo en el listado de medicamentos esenciales con cobertura total, la ampliación del conjunto de principios activos incluidos en el programa y una simplificación en los trámites de acceso. De acuerdo con lo informado por los abogados que llevaron adelante la causa, los afiliados ya no deberán presentar una extensa documentación para acreditar su situación económica. En muchos casos bastará con completar la solicitud correspondiente para que el PAMI evalúe la cobertura, lo que busca reducir las barreras administrativas que enfrentaban los adultos mayores.
Marisa Uceda, abogada del caso y exdiputada nacional por el Frente de Todos, señaló que la resolución representa un avance significativo para los jubilados en medio de una situación económica compleja. “No es la panacea, pero es un gran logro para los jubilados en este momento tan difícil”, sostuvo en declaraciones periodísticas, al destacar que la medida permitirá recuperar derechos que muchos afiliados habían perdido en los últimos meses debido a los cambios en los criterios de cobertura del organismo.
El conflicto judicial también tuvo derivaciones penales. El titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y el director del organismo en Mendoza, David Litvinchuck, fueron imputados por el delito de desobediencia judicial tras ser denunciados por incumplir órdenes que exigían garantizar la entrega de medicamentos gratuitos bajo el principio de universalidad y acceso simplificado. Esa imputación, según los abogados de la causa, fue uno de los factores que aceleró las negociaciones y facilitó la firma del acuerdo que terminó ampliando la cobertura para afiliados de todo el país.
El entendimiento alcanzado establece una solución inmediata para los jubilados afectados y, al mismo tiempo, permite cerrar el proceso judicial sin avanzar hacia una condena penal. En términos legales, el acuerdo de reparación integral implica que el caso se resuelve mediante la restitución del derecho reclamado y la implementación de medidas correctivas, evitando así una sentencia final que pudiera generar antecedentes penales para los funcionarios involucrados.
Para los abogados Uceda y Blanco, el resultado es el desenlace de una estrategia judicial sostenida que comenzó con medidas precautorias destinadas a garantizar la cobertura médica y que posteriormente derivó en acciones penales por el presunto incumplimiento de decisiones judiciales. Según explicaron, el objetivo siempre fue restablecer el acceso a los medicamentos gratuitos para los sectores más vulnerables del sistema previsional, particularmente jubilados que dependen exclusivamente de ingresos mínimos.
En ese contexto, sostienen que la imputación directa a las autoridades del PAMI fue el elemento que terminó funcionando como catalizador de la negociación. A partir de esa presión judicial, las autoridades del organismo accedieron a revisar los criterios de acceso al programa y a ampliar la base de afiliados que pueden recibir medicamentos con cobertura total. Tras conocerse la resolución, Uceda expresó en redes sociales que “mientras algunos ajustan y recortan, nosotros defendemos derechos”.
