El mapa político de la Argentina vivió un giro significativo este jueves. Tras un extenso debate que combinó argumentos técnicos, sociales y el desgarrador testimonio de familiares de víctimas, el Gobierno Nacional logró la media sanción de un proyecto que transforma la justicia para menores. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el apoyo de bloques como el PRO, la UCR y sectores provinciales fue determinante para avanzar con la baja de la imputabilidad a 14 años.
El eje central de esta reforma, que ha generado intensos debates en la opinión pública, busca modificar una normativa vigente desde 1980. Actualmente, los menores de 16 años no pueden ser procesados penalmente, pero el nuevo régimen establece que la baja de la imputabilidad a 14 años permitirá que los adolescentes respondan ante la ley por sus actos, terminando con lo que el oficialismo denomina un «limbo legal» que favorece la captación de jóvenes por parte de bandas criminales.
Las claves del nuevo régimen y la baja de la imputabilidad a 14 años
La normativa aprobada no se limita únicamente a la edad, sino que redefine todo el sistema de castigos y resocialización. Al establecer la baja de la imputabilidad a 14 años, el proyecto también fija pautas claras sobre cómo serán los procesos y las condenas:
- Penas Máximas: Se establece un tope de 15 años de prisión para delitos gravísimos como homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos violentos.
- Medidas Alternativas: Para delitos menores (con penas inferiores a 10 años), la baja de la imputabilidad a 14 años contempla sanciones como servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico.
- Separación Total de Adultos: El proyecto garantiza que los menores procesados bajo la baja de la imputabilidad a 14 años sean alojados en institutos especializados con personal capacitado, prohibiendo estrictamente el contacto con detenidos mayores de edad.
El debate político en torno a la baja de la imputabilidad a 14 años
La votación en el Congreso mostró matices interesantes. Si bien el peronismo rechazó la medida en general, los diputados del Frente Renovador se desmarcaron y apoyaron específicamente el artículo de la baja de la imputabilidad a 14 años, argumentando que ha sido una posición histórica de su espacio político desde 2015.
Desde el oficialismo, legisladores como Laura Rodríguez Machado defendieron la baja de la imputabilidad a 14 años asegurando que la ley actual no repara ni brinda respuestas a las víctimas. En la vereda opuesta, figuras como Juan Grabois criticaron la medida por no ser integral, planteando que el foco debería estar en la salud mental y los consumos problemáticos en lugar de centrarse únicamente en la baja de la imputabilidad a 14 años.
Presupuesto y desafíos para aplicar la baja de la imputabilidad a 14 años
Un punto que destrabó el apoyo de los gobernadores fue la asignación de recursos. Para que la baja de la imputabilidad a 14 años sea efectiva y no quede solo en el papel, el Gobierno incorporó una partida de más de 23 mil millones de pesos. Este dinero será destinado a la creación de establecimientos adecuados y a la formación de equipos multidisciplinarios.
Miguel Ángel Pichetto, al referirse a la baja de la imputabilidad a 14 años, advirtió que sin una inversión real en educación y centros de contención, la ley podría no tener el impacto deseado en la seguridad. Con la media sanción en mano, el oficialismo confía en que el Senado ratificará la baja de la imputabilidad a 14 años antes del cierre de las sesiones extraordinarias, brindando una respuesta legal a los familiares de víctimas que presenciaron la sesión desde los palcos con gran expectativa.
