Escándalo en Miami: Denuncian a la familia Coto por millonaria estafa en la torre Aston Martin

La icónica torre Aston Martin Residences de Miami está en el ojo de la tormenta. Los propietarios demandaron a la desarrolladora de la familia Coto por una presunta estafa de 5 millones de dólares, denunciando una red de empresas fantasma y servicios "VIP" facturados con sobreprecios que sacuden al mercado inmobiliario de Florida.

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Escándalo en Miami: Denuncian a la familia Coto por millonaria estafa en la torre Aston Martin. La exclusiva torre Aston Martin Residences en Miami es el escenario de una batalla judicial sin precedentes. Los propietarios demandaron a la firma de la familia Coto por más de 5 millones de dólares, denunciando una trama de «empresas fantasma» y gastos inflados que sacude al mercado inmobiliario de lujo en Florida. Y todo a partir de dinero generado en Argentina con la cadena de hipermercados.

El exclusivo mercado inmobiliario de Florida se encuentra bajo conmoción tras la presentación de una demanda judicial contra G&G Business Developments, la desarrolladora liderada por la familia de Alfredo Coto, dueños de la principal cadena de supermercados de Argentina. Los propietarios de la emblemática Aston Martin Residences en el Downtown de Miami reclaman más de 5 millones de dólares por maniobras de «autocontratación, robo y manipulación» de fondos.

La impactante torre Aston Martín construida por la familia Coto que hoy envuelve un juicio por parte de los propietarios
La impactante torre Aston Martín construida por la familia Coto que hoy envuelve un juicio por parte de los propietarios

Los Protagonistas de la Denuncia

La acción legal, revelada inicialmente por el periodista Francisco Alvarado en el portal especializado The Real Deal, señala directamente a la cúpula de la desarrolladora y sus colaboradores cercanos:

  • Germán Coto: Hijo de Alfredo Coto y líder de G&G Business Developments.
  • Gloria García de Coto: Esposa de Alfredo Coto y pieza clave en la firma.
  • Marcelo Scarinci: Director de proyectos de G&G.
  • Guillermo Calcagno: Exdirectivo de la cadena de supermercados y exvicepresidente de la asociación de propietarios.
  • Leonardo y María Elena Polo: Presuntos testaferros o caras visibles de las firmas externas contratadas.
Germán Coto
Germán Coto, junto a su hermana y su madre son acusados en Miami

El «Modus Operandi»: Empresas Fantasma y Gastos Inflados

Según la demanda, mientras Germán Coto ejerció la administración provisoria del condominio, habría tejido una red de beneficios cruzados para desviar fondos de las expensas hacia empresas vinculadas a su círculo íntimo. Las irregularidades detectadas incluyen:

  1. Contrataciones Irregulares de Seguridad y Limpieza: Se adjudicaron contratos a empresas de los Polo por cerca de 800.000 dólares. Estas firmas carecían de sitio web, experiencia previa o trayectoria en el rubro, y fueron contratadas sin licitación ni voto de la junta.
  2. Autocontratación en Reparaciones: La firma GC Builders, propiedad de Coto, fue contratada para realizar reparaciones en el edificio. La denuncia sostiene que no existe documentación que respalde la ejecución de dichos trabajos y que se ignoraron los procesos de auditoría interna.
  3. Servicios de Conserjería «VIP»: Marcelo Scarinci habría autorizado pagos mensuales de 34.334 dólares a la entidad International Booking (vinculada a G&G) por servicios de conserjería que la asociación considera injustificados y fuera de los valores de mercado.
  4. Alquileres de Oficinas y Muebles: Se acusa a Coto de alquilarle a la propia asociación de propietarios una oficina de su propiedad por 8.500 dólares mensuales (totalizando 70.000 dólares), a pesar de que el edificio ya contaba con espacios administrativos propios. Además, se habrían facturado muebles que nunca fueron entregados.

El Impacto en la Comunidad

La abogada de los propietarios fue tajante en sus declaraciones a la prensa técnica: «Se aprovecharon de todas las ventajas económicas que pudieron… no había nadie independiente que no estuviera relacionado con las entidades desarrolladoras».

La detección de estas maniobras comenzó cuando la administración del edificio pasó de manos de la desarrolladora a la junta de propietarios independiente, quienes al auditar las cuentas encontraron las inconsistencias en los pagos de servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento.

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