La Cámara Federal ordenó acelerar la causa Libra. Fue la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que le ordenaron al juez Marcelo Martínez De Giorgi agilizar la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda «Libra», un proyecto que fue promocionado por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

El tribunal resolvió tras un planteo de la querella liderada por Juan Grabois, quien cuestionó la falta de avances en el expediente. Los puntos principales de la resolución son:

Celeridad procesal: La Cámara exigió a Martínez De Giorgi que ordene nuevas medidas de prueba y «arbitre los medios necesarios» para esclarecer la situación de los imputados. El fallo advierte que la inactividad de la instrucción pone en riesgo la efectividad de las medidas cautelares.
Aumento de embargos: Los camaristas calificaron como insuficiente el monto de 37 millones de pesos fijado previamente por el juez de primera instancia. En consecuencia, ordenaron elevar dicha cifra para los acusados Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Individualización de las penas: Se dispuso que los embargos dejen de ser generales y pasen a ser aplicados de forma individual para cada uno de los involucrados.

Este pronunciamiento judicial ocurre en un contexto de fuertes críticas hacia el fiscal Eduardo Taiano, a quien la querella y los denunciantes señalan por la falta de impulso en la investigación durante los últimos meses.

El ascenso y la caída de la causa

Diciembre de 2021: Javier Milei promociona a través de sus redes sociales a «CoinX» y su ecosistema (que incluía la criptomoneda Libra), asegurando que se trataba de una plataforma para «escapar a la inflación».
Junio de 2022: La Comisión Nacional de Valores (CNV) emite un cese de actividades contra CoinX por no tener autorización para operar. Poco después, la plataforma cierra, dejando de pagar los rendimientos prometidos a los inversores.
Julio de 2022: Se inician las primeras denuncias penales por estafa y asociación ilícita. La causa recae en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi y la fiscalía de Eduardo Taiano.
Año 2023: La querella, representada por Juan Grabois en nombre de un grupo de damnificados, solicita medidas cautelares y el congelamiento de bienes de los responsables operativos: Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Mediados de 2024: El juez Martínez De Giorgi traba embargos por un total de 37 millones de pesos, pero rechaza mantener el congelamiento total de activos, lo que motiva la apelación de la querella ante la Cámara Federal.
Enero de 2026 (Actualidad): La Cámara Federal (Sala I) interviene y emite el fallo actual. Los jueces Bruglia y Bertuzzi ordenan:
1. Aumentar los embargos por considerarlos bajos.
2. Hacerlos individuales (cada imputado responde por un monto).
3. Producir pruebas de urgencia ante la parálisis de la causa y la inacción fiscal.

Perfil de los imputados en la Causa

Los tres individuos señalados por la Cámara Federal ocupaban roles estratégicos en la arquitectura financiera y legal de la plataforma:

Hayden Davis: Identificado como uno de los principales responsables operativos y cara visible de la organización a nivel administrativo. Según la investigación, cumplía funciones directivas en el esquema que captaba ahorros del público bajo la promesa de rentabilidades extraordinarias en dólares y criptoactivos. Es uno de los blancos principales de las medidas cautelares por su rol en el manejo de los fondos.
Mauricio Novelli: Vinculado a la estructura societaria y operativa de la plataforma. Se lo investiga por su participación en la captación de inversores y en la ingeniería detrás del token «Libra». Al igual que Davis, su patrimonio es objeto de escrutinio para garantizar que existan fondos suficientes en caso de una futura reparación a los damnificados.
Manuel Terrones Godoy: Señalado como uno de los cerebros técnicos o asesores legales/administrativos del esquema. Su imputación surge de su firma y presencia en los documentos y contratos que vinculaban a los ahorristas con CoinX. La Justicia busca determinar si tuvo un rol decisivo en la creación del «engaño» que indujo a los usuarios a depositar su dinero.

¿Por qué la Cámara endureció su situación?

El tribunal considera que estos tres individuos forman el núcleo de responsabilidad del proyecto. Al exigir embargos individuales y más altos, la Cámara busca evitar que se insolventen o que el monto total sea insuficiente para cubrir las pérdidas de las víctimas, que según las denuncias, superan ampliamente los 37 millones de pesos fijados originalmente.

Para completar el panorama, es fundamental entender el rol que la Justicia y el Congreso le asignan al actual mandatario en este expediente. Aquí tienes el detalle de su situación:

El rol de Javier Milei en la Causa

Aunque Javier Milei no es el responsable directo de la operación técnica o financiera de la criptomoneda, su vinculación con el caso es central debido a su rol como promotor clave.

La promoción: El 14 de febrero de 2025, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter) invitando a invertir en $LIBRA, calificándola como una herramienta para financiar emprendimientos en Argentina. El valor del activo subió exponencialmente tras el tuit y se desplomó horas después.
La postura de la querella: Juan Grabois y otros denunciantes sostienen que Milei no fue un simple difusor, sino una «colaboración imprescindible» para que la estafa se concretara a gran escala. Argumentan que, sin el aval de la investidura presidencial, el proyecto no habría alcanzado el volumen de inversores que finalmente resultaron damnificados.
Informes del Congreso: En noviembre de 2025, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que Milei pudo haber violado la Ley de Ética en la Función Pública al utilizar recursos e instalaciones oficiales (como la Casa Rosada) para promover un negocio privado. El informe legislativo sugiere que existió un «acuerdo de cooperación» para monetizar la imagen del presidente.
Defensa de Milei: El presidente ha negado cualquier responsabilidad penal, calificando el hecho como un «problema entre privados». Sostiene que actuó de buena fe difundiendo información pública y que los inversores conocían el riesgo de volatilidad propio de las criptomonedas. Su defensa técnica argumenta que no hubo intención de estafa (dolo) de su parte.

Situación Judicial Actual

A día de hoy, el expediente principal se encuentra unificado bajo el juez Martínez De Giorgi. Si bien la Cámara Federal se centró en esta resolución en los responsables operativos (Davis, Novelli y Terrones Godoy), el avance de la causa busca determinar si la participación de Milei fue un error involuntario o si hubo un beneficio económico (cobro por promoción) que lo sitúe como parte de la asociación ilícita denunciada.

Para un funcionario público, la promoción de un activo financiero privado que termina en una presunta estafa conlleva riesgos legales que van más allá de lo penal, afectando también su rol administrativo.

Aunque todo es es imposible, puede suceder. Acá las consecuencias:

1. Responsabilidad Penal: Asociación Ilícita y Estafa

Si la justicia logra demostrar que el funcionario no fue un «promotor engañado» sino que tenía conocimiento del esquema o recibió un beneficio económico directo por la difusión, podría ser procesado por:

Partícipe necesario de estafa: Por haber aportado su credibilidad y alcance para que el engaño fuera efectivo.
Asociación ilícita: En caso de probarse un acuerdo previo con los administradores (Davis, Novelli y Terrones) para captar fondos de manera ilegal.

2. Violación de la Ley de Ética Pública

Este es uno de los puntos más críticos mencionados en el informe del Congreso. Las consecuencias incluyen:

Incompatibilidad de funciones: La ley prohíbe a los funcionarios utilizar su cargo o la infraestructura estatal (como redes oficiales o la propia Casa Rosada) para beneficio propio o de terceros.
Conflicto de intereses: Si hubo un pago por la promoción, el funcionario estaría realizando una actividad privada incompatible con la gestión pública.

3. Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público

El Código Penal sanciona al funcionario que no cumpliere con las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. En este caso, se investiga si el mandatario omitió los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV) o si utilizó su poder para validar un esquema que no tenía las autorizaciones legales correspondientes.

4. Responsabilidad Civil: Resarcimiento por Daños

Más allá de la cárcel, los damnificados pueden iniciar demandas civiles para que el funcionario responda con su patrimonio personal.

Se argumenta que la «recomendación» de una figura de autoridad genera una confianza legítima en el inversor.
Si se demuestra negligencia grave, el funcionario podría ser obligado a resarcir económicamente a quienes perdieron sus ahorros basados en su palabra.

5. Juicio Político

En el ámbito legislativo, si se considera que el accionar del presidente configura un «mal desempeño en sus funciones», la oposición puede impulsar un pedido de juicio político para su destitución. Aunque es un proceso complejo y requiere mayorías especiales, la causa «Libra» es hoy uno de los argumentos centrales utilizados por los bloques opositores.