El plan de reducción del Presidente Javier Milei incluye «qué acordarnos» como si las futuras generaciones se acoplaran a la amnesia que la motosierra quiere imponer junto a los socios radicales y del PRO como alterar la búsqueda de los bebés robados burocratizando el acceso a los archivos. Pese a todo, el trabajo de los Organismos de Derechos Humanos sigue adelante.
Hoy se marcha por otro 24 de Marzo de 1976 que el radical Raúl Alfonsín supo exponer y ejemplificar a pesar de las críticas que se le puedan realizar. Finalmente lo hizo y lo logró lo que jamás hubiera hecho el peronismo.
Ahora bien, el gobierno negacionista del Presidente Javier Milei contagia. En 2023, el radical que le daría vergüenza a Ricardo Alfonsín justo en marzo del años paso, el Ministro de Defensa Luis Petri, eliminó los grupos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas. Así se llegó a la impunidad total. Estos equipos contribuían a las causas de lesa humanidad. Pues bien, ya no existen más.
Pero hoy, 24 de Marzo, se marcha una vez más.
Luis Petri sólo tardó 90 días en desmantelar los equipos sin dar explicación alguna. El delito de lesa humanidad para los libertarios vale.
Así comenzó la motosierra sobre los intentos de preservar la Memoria, la Verdad y llegar a la Justicia. ¿Se puede ser tan alcahuete proviniendo del radicalismo? Evidentemente sí. Quizás Raúl Alfonsín fue la excepción y la norma es esta Unión Cívica Radical, la de la Patagonia Rebelde, la del Plan Conintes.
Pero hoy, 24 de Marzo, se marcha por más que un grupo de diputados de La Libertad Avanza mantuvieran una entrevista con los represores presos en el penal de Ezeiza para elaborar un proyecto de ley que les hiciera pasar el resto de sus días con prisión domiciliaria. Una vergüenza.
Para 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los juicios por crímenes de lesa humanidad tomaron ritmo, aunque nunca se detuvieron. En enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 4 a través del cual desclasificaba la información en poder de las Fuerzas Armadas que estuviera vinculada a los años del terrorismo de Estado.
Nilda Garré creó automáticamente creó dentro del Ministerio de Defensa que llevaba adelante los ERyA. Meses después, replicaría la experiencia en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich desarmó esa estructura cuando fue ministra de Mauricio Macri. Sin embargo, en Defensa, los ERyA continuaron hasta marzo del año pasado.
En total, 30 Fiscales Federales le reclamaron a Petri que reviera la decisión de deshacer la investigación de los delitos de la Fuerza Aérea vía «EyRA». ¿Por qué? Porque se quedan sin pruebas para los juicios que tenían en marcha. Petri hizo caso omiso.
Gracias a la documentación encontrada, por ejemplo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 dictó con fundamentos la condena a un alto oficial de la Armada: Horacio Luis Ferrari.
Ferrrari está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados, homicidios agravados y sustracción, retención y ocultamiento de personas menores de 10 años, cometidos entre abril de 1977 y enero de 1978.
Acá los testimonios:
En enero, la Armada inició un proceeso para mudar su Archivo General. Obviamente se iba a destruir la documentación lo que advirtieron los Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA). Finalmente, frenó a la Armada la Jueza Federal de San Martín Alicia Vence. El fiscal Miguel Palazzani, que actúa en las causas de Bahía Blanca y Neuquén, también pidió frenar la mudanza y le dijo a los medios: “voy a ser claro: el desmantelamiento de las políticas públicas significa impunidad y responsabilidad internacional del Estado argentino”, afirmó Palazzani.
El desmantelamiento de la SDH
Sin embargo no todas fueron buenas noticias.
Desde que Alberto Baños se hizo cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se redujo a la mitad la cantidad de trabajadores. Baños, es u exjuez que colocó a la Policía Federal Argentina (PFA) a controlar los ingresos a la SDH, que tiene su sede en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).
Baños también echó a los peritos que intervenían en los procesos. El despido de la psicóloga Adriana Taboada, por ejemplo, fue celebrado por Justicia y Concordia, la asociación que reúne a los abogados defensores de los imputados por crímenes de lesa humanidad.
En enero, el fiscal Alejandro Alagia le advirtió al Poder Judicial que existía riesgo en el resguardo de la documentación del Archivo Nacional de la Memoria donde existe el material }produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Incluso, Baños dispuso el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti.
Los juicios
“En el juzgado seguimos trabajando en las distintas líneas de investigación pendientes. No advertimos cambios en cuanto al rol de la fiscalía, ni en los tribunales superiores que revisan nuestra actuación”, dijo recientemente el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación sobre los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército, la pesquisa más grande sobre los delitos perpetrados durante los años del terrorismo de Estado. “Lo que sí es de lamentar es el cambio en las políticas relacionadas con los sitios de memoria. Desde el juzgado estamos exigiendo que sean preservados, ya que siguen siendo prueba judicial para los juicios pendientes”, completa.
Desde que comenzaron los juicios, 1197 personas han sido condenadas. Hay 615 detenidos. De ellos, 498 están en sus casas. La justicia busca a 33 prófugos. Sus caras no pueden verse en la web del Ministerio de Seguridad porque Bullrich dio de baja las recompensas que se pagaban a quienes aportaran información para encontrarlos.Catorce procesos están en marcha. Hay 63 causas que están elevadas a juicio –como las que apuntan a la responsabilidad empresarial en los casos de Ledesma y del ingenio La Fronterita. Hay 258 expedientes en instrucción.
La búsqueda de los nietos
“Las defecciones cometidas por la magistratura en el marco del genocidio dictatorial constituyen un ejemplo paroxístico del abuso de poder. En tanto, la actualidad reclama una respuesta eficaz de parte de otra generación de jueces llamados a cautelar sin más dilaciones sitios y archivos documentales”, apunta el juez Alejandro Slokar, que preside la comisión de la Cámara de Casación encargada del tema. “El mandato internacional de derechos humanos es categórico y es el Poder Judicial quien debe hacerlo exequible”.
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) se creó en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2004, Néstor Kirchner firmó el Decreto 715 que creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a los archivos que tenía el Poder Ejecutivo. Defensa fue el primer ministerio en retacear información a Conadi. Y en agosto de 2024, Milei, firmó el Decreto 727 para eliminar la UEIde la Conadi.
Desde su creación, la UEI de Conadi abordó 6938 casos: resolvió 2468 y tan solo un 25 por ciento debió ser derivado para que lo tramitara el Poder Judicial.
No es solo la Conadi la que está en riesgo. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) funciona con el mismo presupuesto que en 2023.
Por la ola de despidos, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo (RUVTE) quedó reducido a una mínima expresión. Su trabajo era descubrir identidades de personas que han sido victimizadas así como las de los nietos y las nietas. Pero despidieron a la mayoría de sus trabajadores}. Lo mismo pasa con la Conadi o con el Centro Ulloa, que hace un trabajo trascendente porque acompaña a las personas cuando testimonian.
Los sitios bajo ataque
El Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) sirve de muestra para entender cómo administra Baños la Secretaría de Derechos Humanos. «Disciplinamiento, presencia policial en el predio y un discurso hostil hacia las organizaciones de derechos humanos que co-gestionan, lo narra Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta e integrante de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
De la Secretaría que maneja Baños, como sitios de la memoria, funcionan en lo que fueron los centros clandestinos conocidos como Olimpo, Automotores Orletti, Club Atlético, Virrey Cevallos, El Faro (Mar del Plata), RI9 (Corrientes) y La Escuelita (Tucumán).
Y son justamente los más agredidos por el desfinanciamiento.
Pero hoy, 24 de Marzo, se marcha.
El plan de impunidad
Después de la represión del 12 de marzo, Milei volvió a pronunciar una frase que ya había dicho: “Los buenos son los de azul” para respaldar a las fuerzas de seguridad pública.
Su ministro de Defensa, Petri, dijo que desde el 10 de diciembre de 2023 se habla de “memoria completa” en la Argentina, adoptando una expresión que salió de la jefatura del Ejército hacia finales de los años ‘90 para contrarrestar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos.
En julio, quedó al descubierto que había una red de diputados, abogados, curas y hasta un ex juez haciendo lobby para lograr que los represores volvieran a sus casas. Luego, la visita al penal de Ezeiza.
Este gobierno también hizo un pacto con el partido militar por la reivindicación de las tres fuerzas como héroes de la Patria. Aunque ya es demasiado tarde. Los organismos de Derechos Humanos no bajaron los brazos, avanzaron y frenaron cualquier intento ante el rechazo social.
Por eso hoy, 24 de Marzo, se marcha.
