El gobierno de Misiones mantendrá las denuncias contra quienes organizaron el acuartelamiento en el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Posadas.
Misiones mantendrá las denuncias contra cabecillas de la protesta policial bajo los cargos de “Sedición agravada, robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado”. En este sentido, el gobernador afirmó que se trata de «delitos de acción pública».
¿Qué sucedió en Misiones? Efectivos en actividad y retirados reclamaban sus salarios cuando creció la tensión por los rumores de un operatrivo de desalojo coordinado entre el gobierno de Misiones y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Desde el gobierno habían afirmado que el aumento salarial “se iba a anunciar el lunes” y que no tenía sentido el reclamo.
Los manifestantes habían preparado el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos barricadas ante la llegada de la Policia de Misiones y la Gendarmería ¿Su objetivo? Detener a los cabecillas y recuperar el Comando Radioeléctrico.
Tras varias primeras horas del conflicto, el gobernador Hugo Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero y el jefe de gobierno provincial formaron un Comité de Crisis para frenar la protesta.
Mientras tanto, Patricia Bullrich aprobó el traslado de un escuadrón conformado por aproximadamente un total de 200 gendarmes.
“El presente pedido obedece a la necesidad de contar con el auxilio de la fuerza necesaria en atención al gran número de personas involucradas”, argumentaron desde el Poder Judicial misionero.
Luego de estos hechos, el juez de Instrucción Ricardo Balor informó que los efectivos involucrados en la toma del cuartel serán imputados por los delitos antes mencionados sumado al hecho de estar armados, asociación ilícita, robo de material y destrucción de la propiedad del Estado.
