¿Por qué niegan domiciliaria a imputado? La Cámara Federal de San Martín confirmó el fallo contra Roberto Adrián Okurzaty, acusado de integrar una banda liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, que armaba causas por narcotráfico y a la que se le atribuye el robo de 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos.
Conocé el caso por el cual le niegan domiciliaria a comisario. La resolución recayó sobre Okurzaty, preso desde julio de 2020 por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Está procesado como organizador de asociación ilícita, uso y falsificación de documentos públicos, extorsión reiterada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El argumento de la Cámara fue: «Compútanse como pautas indicativas de un concreto riesgo procesal de fuga o entorpecimiento en la investigación la severidad de la pena conminada en abstracto; la envergadura y gravedad de los hechos concretos comprobados en el sumario; los conocimientos específicos y la disposición de medios logísticos que poseía la estructura que Okurzaty integraba».
«Tampoco puede obviarse de la evaluación que el nombrado integra una fuerza de seguridad, además de su posición jerárquica, concretamente, como Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, circunstancias que permitirían presumir la disposición de una amplia red de contactos», indicaron los camaristas Pablo Salas, Marcelo Fernández y Néstor Barral.
El 5 de enero fue detenido el subteniente de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, Adrián Gonzalo Baeta, involucrado tras la declaración como «arrepentido» de un exmiembro de la fuerza, Carlos Maidana.
Baeta actuó en la interceptación de los vehículos con droga en el operativo denominado «Leones Blancos», realizado en 2013 en el partido de Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.
En total, en el expediente están imputados a 41 efectivos de la policía bonaerense y tres abogados como integrantes de esa banda.
La jueza Arroyo Salgado procesó a 15 personas, a 14 de ellas con prisión preventiva, aunque los secretarios judiciales Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale quedaron con falta de mérito en diciembre pasado a partir de un fallo de la Cámara de San Martín.
Por su parte, el fiscal Scapolán está imputado en el mismo expediente, a raíz de lo cual fue separado de su cargo y afronta un pedido de desafuero.
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