Tragedia de Once
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Tragedia de Once – Juicio: Procesaron a peritos por mentir. Cuatro ingenieros habían mentido para perjudicar a Marcos Córdoba, motorman del tren que chocó contra el andén el 22 de febrero de 2012. Fueron embargados por $ 200.000.

Tragedia de Once – Juicio: Procesaron a peritos por mentir. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi consideró que Raúl Díaz (perito oficial), Alejandro Héctor Leonetti (perito por la Secretaría de Transporte), Horacio Faggiani (perito por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y Julio César Pastine (perito por Trenes de Buenos Aires) mintieron durante el juicio.

La causa se inició en abril de 2016 cuando el tribunal Oral Federal 2 que en diciembre había dictado condenas por la Tragedia de Once denunció a los peritos por falso testimonio. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio quien falleció y pasó a manos de Martínez De Giorgi.

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El fiscal del caso es Carlos Rívolo quien acusó a los ingenieros de haber tenido “una tendenciosa actuación procesal (…) con la intención de atribuir responsabilidad penal únicamente al motorman pretendiendo limitar cualquier tipo de extensión de reproche hacia los restantes imputados”.

El motorman es uno de los que cumple condena con prisión efectiva y los ingenieros habían sido procesados por Bonadio.

El procesamiento focalizó sobre lo que dijeron los procesados sobre la velocidad a la que el tren entró a Once; la explicación sobre la función que tenía el paragolpes del andén 2 de la estación que no funcionó.

También sobre el acaballamiento (debido al estado de la carrocería del tren) del segundo vagón sobre el primero de la formación que determinó buena parte de las 51 muertes y más de 700 heridos.

En su resolución Martínez De Giorgi señaló que durante la intervención de los ingenieros en el  juicio «existió una acción premeditada para hacerle cargar con toda la responsabilidad del suceso acontecido el día 22 de febrero de 2012 al conductor”.

Para el juez los peritos procesados quisieron culpar a Córdoba y salvar a los empresarios de la firma Trenes de Buenos Aires (TBA) y a los ex funcionarios públicos condenados por su responsabilidad en la falta de control del mantenimiento de los trenes.

Ricardo Jaime, condenado por la Tragedia de Once y por recibir coimas de empresarios, se consideró un preso político y volvió a sacar a luz la teoría de que Córdoba fue incitado a chocar el tren para perjudicar al gobierno.

Martínez De Giorgi dijo que los testimonios «se acomodaban hacia un solo único objetivo, desnaturalizar cualquier hipótesis vinculada a la existencia de una maniobra de frenado por parte del motorman».

Y agregó direccionaron «su labor para la construcción de una hipótesis fáctica -inexistencia de maniobra de frenado, previo a la colisión- (…) diluyendo así la responsabilidad de los demás imputados».

El juez analizó también lo que los peritos dijeron sobre el paragolpes hidráulico del final del andén 2 que no funcionaba al momento del choque. Durante el juicio sostuvieron que el paragolpes había cumplido con su función.

Respecto del acaballamiento de un vagón sobre otro, fue producido debido a la corrosión y el óxido que presentaba el tren que redujo la resistencia del material, y sobre el sistema de frenos, “los imputados, se pronunciaron en orden a la inexistencia de fallas o anomalías del material rodante «.

Martínez De Giorgi sostuvo que la actuación de los peritos fue direccionada y «habría respondido directamente a las estrategias defensistas de quienes los designaran».

Díaz, Leonetti, Faggiani y Pastine fueron embargados por $ 200.000.

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