Código Urbano El Palomar: La Justicia rechazó cautelar

Código Urbano El Paloma

Código Urbano El Palomar. La Jueza Mónica Luján López, a cargo del único Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Morón, rechazó la medida cautelar presentada por los concejales del Frente Renovador Jorge Laviuzza y Marcelo González.

Código Urbano El Palomar. El primero de febrero de 2019, los concejales Jorge Laviuzza y Marcelo González y la abogada Claudia Marcela Sambro Merlo, solicitaron una medida cautelar que suspenda la modificación del Código de Ordenamiento Urbano solo para El Palomar (Ordenanza N° 19276/18).

Las modificaciones fueron aprobadas en sesión extraordinaria el día 7 de diciembre de 2018 y se promulgó 14 días después. Eso hizo el Concejo Deliberante con el Código Urbano El Palomar.

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Permiten áreas comerciales y en altura alrededor de de la Base Aérea del Palomar y el Aeropuerto Aerocomercial.

La votación del Código Urbano El Palomar fue aprobada por la mayoría que tiene Cambiemos en el recinto con la presencia de los bloques de la oposición que reclamaron una Audiencia Pública.

No se hizo la Audiencia Pública y Laviuzza y González recurrieron a la Justicia para que no se apliquen las modificaciones al Código Urbano El Palomar.

La cautelar se basó principalmente ante la falta de la convocatoria a una Audiencia Pública en lo que respecta estricamente a la localidad de El Palomar.

Pero la Jueza Mónica López entendió que se había realizado la Audiencia Pública cuando se trató la instalación del Aeropuerto de El Palomar

Laviuzza y González pidieron en la misma presentación una medida de “no innovar” y la abstención de modificar el Código Urbano El Palomar.

También solicitaron la abstención de desalojar personas, comercios o realizar obras y otros actos dentro del Barrio Aeronáutico El Palomar, que es el área concretamente afectada por “esta reforma ilegítima”.

¿Por qué? Por el impacto para la población que reside en las inmediaciones del Aeropuerto de El Palomar que “ven disminuida su calidad urbana de vida que de ser residencial pasa a ser de aeropuerto”.

Código Urbano El Palomar: Extracto del Texto de la Jueza

Pero la jueza les respondió, por escrito, que:

Los antecedentes remitidos permiten avizorar que el dictado de la norma cuestionada se efectuó en el marco de una Sesión del Concejo Deliberante celebrada en 7 de diciembre de 2018 en la que participaron los concejales actores y tuvieron la oportunidad de expedirse en orden a sus convicciones.

Y que “en este contexto (…) debo adelantar que no advierto que los accionantes exhiban o hayan demostrado un perjuicio personal y directo causado por el procedimiento seguido para la sanción” de las modifaciones del Código de Ordenamiento Urbano en la localidad de El Palomar.

E insiste la Jueza Mónica López: “Entiendo que las presuntas irregularidades en el trámite observado para la promulgación de la norma, no le conceden legitimación suficiente para acudir a la justicia desde que no subyace una cuestión contenciosa que exija definir los alcances de los derechos, inmunidades y prerrogativas que les asisten en el carácter invocado”.

“No surge de los antecedentes arrimados, elementos que lleven a la necesaria convicción que demuestre con entidad suficiente el modo en que fueron inequívocamente privados de ejercer sus atribuciones, máxime cuando surge su participación en la discusión y en la votación”.

Y luego Mónica López agrega: “Como integrantes del Cuerpo Deliberativo Municipal han tenido oportunidad de participar activamente en la sesión del día 7 de diciembre de 2018 , sin que hayan sido excluidos por motivo o medio alguno de la discusión y la votación que llevó a la promulgación” de la modificación del COU.

Para luego explicar la jueza Mónica López que si “accede al amparo solicitado” por Laviuzza y González “significaría admitir que, cada vez que el voto en el recinto no fuera suficiente para alcanzar las mayorías requeridas por las respectivas reglamentaciones para convertir un proyecto en Ordenanza, pudieran obtener por vía judicial un derecho que va más allá que el conferido por sus propios cargos. Esto es, paralizar las iniciativas”.

Y si esto ocurriera, se dañarían “las relaciones con los otras esferas de Poder y exponiéndolo a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”.

Código Urbano El Palomar: La resolución

Luego de la exposición escrita de la Jueza que es más extensa y por momentos solo para abogados, escribió:

Por ello RESUELVO:

A) Con base en las consideraciones y jurisprudencia vertidas se rechazan las medidas cautelares solicitadas por Jorge Laviuzza y Marcelo González.

B) Imponer las costas de la presente acción a la parte actora.

C) Registrese y Notifiquese por Secretaría

D) Visto la tarea profesional desarrollada (…) “regúlanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora doctora Claudia Marcela Sambro Merlo.

Mónica Luján López, Juez en lo Contencioso Administrativo, del Departamento Judicial de Morón.

Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Morón.

Registro de Sentencias Interlocutorias No /2019.

Registro de Sentencias Honorarios No /2019.

Código Urbano El Palomar: La Justicia rechazó cautelar

Acá, el fallo completo:

Morón, de Marzo de 2019

AUTOS Y VISTOS: Los autos caratulados “LAVIUZZA JORGE LUIS Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MORON Y OTRO/A S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA – OTROS JUIC MO-59489-2018 “, en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo No 1 del Departamento Judicial de Morón de los cuáles,

RESULTA:

1. Que en fecha 01/02/2019 se presentan los Señores Jorge Luis Laviuzza y Marcelo Daniel González, ambos por derecho propio en su calidad de ediles del Concejo Deliberante de Morón, con el patrocinio letrado de la Dra. Claudia Marcela Sambro Merlo, y en cumplimiento del cargo que ostentan, solicitan el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos la Ordenanza N° 19276/18 sancionada en la Sesión Extraordinaria N° 23 el día 7 de diciembre de 2018, por el Honorable Concejo Deliberante de Morón, y que resultara promulgada ipso iure el día 21 de diciembre del mismo año.

Sostienen que la petición se sustenta en la ilegitimidad con que la norma ha sido sancionada, no sólo por las falencias que presenta el expediente que le diera origen, sino porque sustancialmente en el procedimiento observado para su sanción se ha vulnerado el requisito esencial previsto en el art. 123 inc. a) y 127 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de Morón de convocar a audiencia pública.

Asimismo, requieren que junto con la suspensión de los efectos se dicte una medida de “no innovar” referida a la futura ejecución de actos relacionados con el objeto de la ordenanza que se impugnará en proceso de conocimiento; además una tutela positiva que imponga específicamente la abstención de modificar, desalojar personas, comercios, o realizar obras y otros actos dentro del Barrio Aeronáutico El Palomar, que es el área concretamente afectada por esta reforma ilegítima.

2. Refieren que en virtud de la instalación del Aeropuerto El Palomar dentro del predio de la Base Aérea Militar El Palomar (1ra Brigada Aérea), el día 4 de diciembre de 2018, ingresó al Honorable Concejo Deliberante el Expte. N° 4079- 20923/18 remitido por el Departamento Ejecutivo para ser tratado en Sesión Extraordinaria N° 23, iniciado en la Dirección de Obras Particulares, con el objeto de reformar el Código de Ordenamiento Urbano.

Apuntalan los agravios en la aprobación de la norma sin la mayoría prevista en la ley por el grave impacto que su dictado importa para la población que reside en las inmediaciones del Aeropuerto que ven disminuida su calidad urbana de vida que de ser residencial pasa a ser de Aeropuerto, lo que a su entender, torna nula de nulidad absoluta a la norma y en la ausencia de Convocatoria a Audiencia Pública en franca violación del Reglamento Interno del Honorable Cuerpo del que forman parte.

Enfatizan en el hecho de que, en su carácter de ediles es su obligación acudir a la jurisdicción en resguardo de la legalidad, y de los legítimos intereses que los vecinos depositaron en esa representación cuando ejercieron el voto.

Acto seguido, entienden cumplidos los recaudos para la solicitud que impetran y solicitan el amparo judicial en la medida requerida.

3. En los términos del despacho de fs. 254 se requieren los antecedentes necesarios para la resolución de la causa, acompañando el Departamento Ejecutivo copia certificada de las constancias del expediente administrativo 4079- 20923/2018 y su adjunto y el Departamento Deliberativo la copia certificada de la Ordenzanza en crisis y la versión taquigráfica de la Sesión Extraordinaria del 7 de diciembre de 2018 desarrollada en el seno de del Concejo Deliberante, con lo que el expediente queda en estado de fallar y

CONSIDERANDO:

I. Que en la presente causa los actores en su carácter de Concejales del Partido de Morón solicitan el dictado de medidas de no innovar y positivas tendientes a suspender los efectos de la Ordenanza N° 12976/2018 (ver fs. 474/477) que dispuso la modificación del Código de Ordenamiento Urbano con sustento en las irregularidades avizoradas en el trajinar del expediente administrativo que dio origen a la norma, la promulgación de la misma sin respetar las mayorías necesarias impuestas por la ley y la violación del Reglamento Interno del Cuerpo Deliberativo en cuanto establece la obligatoriedad de llamar a audiencia pública para cuestiones vinculadas al ordenamiento urbano.

II. De modo liminar, es dable destacar que las disposiciones emergentes de la Ley 12.008 y sus modificatorias han asignado amplitud y nuevas posibilidades de tutela en el marco del actual proceso administrativo.

Desde esta perspectiva, la configuración de un caso, causa o controversia (cfr. arts. 116 de la Constitución Nacional, 161 inc. 2, 166 quinto párrafo, 171 y ccdts. de la Constitución d e la Provincia de Buenos Aires) se impone como condición necesaria para activar el ejercicio de la función jurisdiccional (cfr. SCBA, Causa B. 67594, “Gobernador de la Provincia”, Setencia del 25/II/2004 y Causa A. 69313, “Gallinelli, Patricia Nélida y ots. c/ Municipalidad de Lincoln s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, sentencia del 17/VIII/2011, Calvo) y como consecuencia, la legitimación para estar en juicio y demandar la intervención de los efectores judiciales se erige como un aspecto sustancial del proceso, que no puede ser soslayado so pena de aventar la estructura de organización institucional que surge del principio de división de poderes.

Sentado lo expuesto, cabe recordar que la legitimación para acceder a la justicia, indefectiblemente se sujeta a la alegación de una afectación o perjuicio en el denominado ámbito de intereses tutelados por el ordenamiento, de modo tal que se encuentre conectada con la conducta tachada de ilegítima o indebida del accionado o sea susceptible de reconocerse, restablecerse o repararse a través de los remedios jurídicos propuestos por el legislador.

En lo que aquí nos interesa, merece señalarse que los legisladores una vez que han sido electos por el pueblo y han asumido sus funciones ante el órgano legislativo, adquieren el derecho de ejercer su función constitucional como representante del pueblo, mientras dure su mandato y en consecuencia, se encuentran facultados para participar de los procesos de formación y sanción de las normas a través del debate y el voto, entre otras funciones. De ello deriva que, ante una conducta que lesione dichas prerrogativas, ya sea por sus pares u otro órgano del Estado o un sujeto ajeno al esquema de organización constitucional, se encuentran legitimados para requerir por la vía judicial el resguardo de esos derechos, naciendo el caso. (cfr. CCABA, “GTLS y Otros c/GCBA s/ Amparo, Sentencia del 25/09/2009).

En este esquema, la legitimación procesal como la llave que abre el acceso a los procesos intentados por los Concejales en carácter de tales, se encuentra ceñida a la violación, prohibición, lesión a su derecho a participar en el proceso de formación y promulgación de las Ordenanzas.

III. En el sublite, dos ediles en su carácter de tales, requieren la activación tuitiva de la jurisdicción para obtener la suspensión de los efectos de una Ordenanza dictada en el seno del órgano del cual forman parte con base en irregularidades en el procedimiento administrativo y en el proceso de formación de la norma por no observarse las mayorías necesarias y falta de llamado a audiencia pública.

Los antecedentes remitidos permiten avizorar que el dictado de la norma cuestionada (Ordenanza N° 19726/2018 agregada de fs. 474 a fs.478) se efectuó en el marco de una Sesión del Honorable Concejo Deliberante de Morón celebrada en 7 de diciembre de 2018 en la que participaron los concejales actores y tuvieron la oportunidad de expedirse en orden a sus convicciones (ver. fs. 478/489).

En este contexto y conforme lo expuesto supra, debo adelantar que no advierto que los accionantes exhiban o hayan demostrado un perjuicio personal y directo causado por el procedimiento seguido para la sanción de la Ordenanza N° 9726/2018.

Entiendo que las presuntas irregularidades en el trámite observado para la promulgación de la norma, no le conceden legitimación suficiente para acudir a la judicatura, desde que no subyace una cuestión contenciosa que exija definir los alcances de los derechos, inmunidades y prerrogativas que les asisten en el carácter invocado. No surge de los antecedentes arrimados, elementos que lleven a la necesaria convicción que demuestre con entidad suficiente el modo en que fueron inequívocamente privados de ejercer sus atribuciones, máxime cuando surge prístinamente su participación en la discusión y en la votación.(cfr. CSJN, Fallo 322:528, “Gomez Diez”)

En efecto, como integrantes del Cuerpo Deliberativo Municipal han tenido oportunidad de participar activamente en la sesión del día 7 de diciembre de 2018 , sin que hayan sido excluidos por motivo o medio alguno de la discusión y la votación que llevó a la promulgación de la Ordenanza 19276/2018.

Así y conforme los lineamientos que se expusieran supra, es evidente que no surge una relación de causalidad suficiente entre el perjuicio alegado y la conducta seguida por el Cuerpo Colegiado al que pertenecen, circunstancia que obsta a acceder al amparo solicitado.

Afirmar lo contrario, significaría admitir que , cada vez que el voto en el recinto no fuera suficiente para alcanzar las mayorías requeridas por las respectivas reglamentaciones para convertir un proyecto en Ordenanza, pudieran obtener por vía judicial un derecho que va más allá que el conferido por sus propios cargos legiferantes, esto es, paralizar las iniciativas.(ccdte. CSJN, Causa R. XXXIII, Fallos 320:2851).

Con base en esta perspectiva creo oportuno señalar que los actores dada su condición de ediles, al pretender ingresar por esta vía en la admisión de legitimación identificada con el interés generalizado de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes del gobierno, exorbita las atribuciones constitucionales conferidas al Poder Judicial, dañando las relaciones con los otras esferas de Poder y exponiéndolo a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares (CSJN “Mosquera”, sentencia del 3/IV/2003), circunstancia a todas luces improcedente por las graves consecuencias institucionales y constitucionales que ello importa.

La condición de representante del pueblo en los escaños no implica, per se, la facultad de ejercer la representación y defensa judicial de los derechos de las personas directamente afectadas (cfr. STJ de Río Negro, Sala 4 en autos “Grosvald Guillermo y otros s/ Acción de Inconstitucionalidad, Sentencia 36/04, Sentencia 21/77 y Sentencia 1/04″Poder Ejecutivo MUnicipalidad de Allen”).

Y es que, la viabilidad de toda acción contencioso administrativa, como se ha dicho, se circunscribe a casos contenciosos (cfr. arts. 116 de la Constitución Nacional, 161 inc. 2, 166 quinto párrafo, 171 y ccdts. de la Constitución d e la Provincia de Buenos Aires) por lo que la controversia debe existir frente a quien o quienes, en razón de la norma atacada, ostentan un interés opuesto al de la parte actora. En el estrecho marco en el que la relación jurídica invocada en autos se desenvuelve limita la actuación judicial al reconocimiento o restablecimiento de concretos, propios y específicos derechos de función que ostenten los interesados. Allí debe fincar la controversia. Ausente la misma, por no verificarse vulneración al ejercicio del derecho a la función conforme se ha expuesto, se encuentra vedado el ingreso al conocimiento de la causa.

A mayor abundamiento es de destacar que si bien ha intervenido esta judicatura admitiendo la tutela cautelar ante el cuestionamiento de ordenanzas , lo ha sido en el caso que ciudadanos ajenos al cuerpo deliberativo que reivindicaron su derecho a la participación ciudadana. Pues, en ese caso la controversia venía dada por la afectación concreta y efectiva al derecho a participar en tal procedimiento, a través de la audiencia pública obstaculizando la contraria con dicho proceder el ejercicio de la democracia participativa. ( cfr. arts. 37 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 de del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos).

Desde este mirador y no surgiendo afectación al derecho de función de los Concejales Jorge Luis Laviuzza y Marcelo Daniel González, queda vacía de contenido una eventual controversia o caso en los términos constitucionales enunciados, por lo que no es de recibo ingresar en el tratamiento de los extremos que habilitan la admisibilidad de la pretensión traída a estos estrados, lo que así se decide.

IV. Atento el resultado de la pretensión, se imponen las costas de la presente a la parte actora ( cfr. art. 51 del CCA.)

Por ello RESUELVO:

1. Con base en las Consideraciones y jurisprudencia vertidas se rechazan las medidas cautelares solicitadas por Jorge Luis Laviuzza y Marcelo Daniel González.- (cfr. arts. 116 de la Constitución Nacional, 161 inc. 2, 166 quinto párrafo, 171 y ccdts. de la Constitución d e la Provincia de Buenos Aires).-

2. Imponer las costas de la presente acción a la parte actora ( cfr. art. 51 del CCA.).-

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE por Secretaría

3. Visto la tarea profesional desarrollada, que la misma se llevó a cabo totalmente durante la vigencia de la Ley 14.967 a los fines de la regulación de honorarios en este caso, y la unidad arancelaria vigente al momento de este decisorio, por su actuación en autos, regúlanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. CLAUDIA MARCELA SAMBRO MERLO (T° T° XXVIII F° 479, C.A.S.I.),CUIT No 27-18326310-8 IIBB Convenio Multilateral, Legajo Previsional 48752/6, en SIETE (7) JUS , a la referida cantidad deberá adicionársele el 10% en concepto de aporte de ley (art. 2 inc. a) y 16 de la ley 6716 y sus modificatorias , arts. 1, 9,15, 16, 22, 44 ,51 y 54 Ley 14.967, Ac.3918/18) con mas los aportes previsionales . Hágase saber que en el caso de corresponder , el impuesto al valor agregado ( IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios regulados. A tal fin los profesionales beneficiarios deberían acreditar su situación actual frente a dicho tributo. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE a la obligada al pago, quedando a cargo de la parte, con transcripción del art. 54 de la Ley 14967.-

4. Levántese la reserva de las presentes actuaciones.-

Mónica Luján López

Juez en lo Contencioso Administrativo

del Departamento Judicial de Morón

Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo No 1 del Departamento Judicial de Morón.

Registro de Sentencias Interlocutorias No /2019 .Fs. Registro de Sentencias Honorarios No /2019 .Fs.

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1 COMENTARIO

  1. Buenas tardes:
    Soy la Dra. Claudia Marcela Sambro Merlo Tº XXVIII Fº 479 C.A.S.I.
    Ustedes han publicado una SENTENCIA CAUTELAR cuando había una sola parte, la que represento de los Concejales Laviuzza y González, QUE NO HABÍAN DADO A CONOCER LA NOTICIA porque en el día de hoy presenté el recurso correspondiente.
    Colijo que el Juzgado o el Municipio que es quien le paga pauta, ya que ustedes tienen en primera plana el anuncio, les ha remitido el texto. El expediente fue RESERVADO por una decisión unilateral de la Magistrada. Cómo accedieron a una sentencia y a publicarla en forma irresponsable diciendo algo que la sentencia no dice y que es la validez de la audiencia pública de Aeropuerto? Eso jurídicamente incurre en la real malicia. Asimismo, han publicado MI REGULACIÓN DE HONORARIOS. En primer término NUNCA HE COBRADO UN HONORARIO por estos temas, es más ni siquiera he admitido el pago de los aranceles bonos y ius previsional cuyo pago puedo acreditar con mis resúmenes de tarjeta de crédito. Asimismo, el honorario es asimilable al salario de una persona. PUBLICAR LA REGULACIÓN DE HONORARIOS ES UN ACTO DELEZNABLE Y QUE ME PONE EN RIESGO EN UNA ARGENTINA CON CRISIS DE SEGURIDAD. Por otro lado la Dra. Mónica López reguló honorarios sin que yo se los pidiera, y solo se hace eso en un expediente donde hay una sola parte y no hay traslado, cuando se sabe que quien hizo la presentación TENIA RAZON. La sentencia no está firme e iré hasta las últimas instancias judiciales. QUEDAN USTEDES NOTIFICADOS (YA QUE NO PUBLICAN EDITOR RESPONSABLE, AUTOR DE LA NOTA NI DOMICILIO) QUE EXIJO DERECHO A RÉPLICA. Dra. Claudia M. Sambro Merlo D.N.I. 18.326.310

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