Juicios a Genocidas: Comienza el proceso por Ana María Martínez. En el marco de la Megacausa Campo de Mayo, a las 9.30 de hoy comenzó el juicio por el secuestro y asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, cometido el 4 de febrero de 1982.
Son juzgados Jorge Norberto Apa, quien fue General de Brigada y jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; y Raúl Guillermo Pascual Muñoz, quien fue Teniente Coronel y jefe del Departamento de Personal G1 del mismo Comando.
La audiencia se desarrollará en Pueyrredón 3728, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Ana María Martínez fue secuestrada en la localidad de Villa de Mayo por un grupo de tareas a bordo de un Ford Falcon verde.
Una semana después su cuerpo fue hallado en Dique Luján, partido de Tigre.
Los archivos de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) aportados a la causa penal señalan que Ana María y sus compañeros del PST fueron primero investigados y luego se produjo el secuestro. Todo comenzó con un «trabajo de infiltración» ejecutado entre la DIPPBA y el Destacamento 201 de Campo de Mayo.
El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín esta integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral.
Y el juicio llega a 36 años del secuestro y asesinato de Martínez.
El fiscal de juicio será Marcelo García Berro y, hasta el momento, se prevé que el debate se extienda hasta los primeros meses de 2019.
Hay tres imputados en la causa: Jorge Norberto Apa, Raúl Guillermo Pascual Muñoz y Héctor Luis Ríos Ereñú, ex jefe del Departamento de Operaciones G3. Sin embargo sólo los dos primeros serán juzgados ya que Ereñú murió a mediados de 2017.
Antes de la elevación a juicio, la Comisión por la Memoria aportó documentación del archivo de la DIPPBA que, entre otras pruebas, da cuenta de la participación fundamental de esa agencia bonaerense en la persecución de Ana María Martínez.
Esta documentación fue además integrada a una investigación respecto a la que ahora se juzgará, y que apunta a los agentes de la delegación DIPPBA de San Martín por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
La documentación permitiría vincular el crimen de Ana María Martínez con una operación de inteligencia que comenzó a ejecutarse casi un año antes del hallazgo sin vida de su cuerpo. Así lo muestra el legajo 17949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) del archivo de la DIPPBA.
Titulado «Trabajo de Infiltración en PST», el jefe de la Delegación de San Martín informa a su superioridad sobre el minucioso seguimiento de «Rosalía», el apodo de Ana María Martínez, y otros compañeros suyos del PST realizado desde mediados de marzo de 1981 hacia fines de ese año.
La infiltración comenzó el 23 de marzo cuando la Delegación tomó conocimiento de un «Boletín de Informaciones N° 2: Solidaridad Bancaria LISTA 3 VERDE – AGRUPANDO BANCARIOS», que había sido distribuido entre empleados de entidades financieras de distintas ciudades de la región. Allí se hacía referencia a un paro general y nacional del gremio para el 26 de ese mes.
En su afán por individualizar a los activistas gremiales, la DIPPBA decidió infiltrar a dos de sus agentes de San Martín: una sargento, que se identificó como empleada bancaria pero que al poco tiempo fue descubierta como policía y tuvo que abandonar la misión; y un oficial subinspector, Juan Pedro Peters, quien se contactó en primer lugar con dos bancarios con el falso argumento de que lo habían despedido de una entidad financiera y que se sumaría al activismo gremial.
Aquél día Peters recibió una tarjeta, cuyo valor era de 2000 pesos, para concurrir a un asado que se realizaría el 30 de marzo a efectos de abordar la organización del movimiento bancario a instancias del PST.
En el legajo de la DIPPBA: «Dicho asado no llegó a realizarse y no se devolvió el importe a las personas que habían abonado».
Más adelante, el oficial Peters recibe un llamado telefónico mediante el cual lo citaban a una reunión que se realizaría en el bar Urbión, de San Martín. En ese encuentro le informan que el 5 de mayo «aparecería en el diario Clarín una solicitada con duros conceptos para el gobierno militar, figurando entre los firmantes Adolfo Pérez Esquivel y Jorge Luis Borges, entregándole también un volante con severas críticas al gobierno y su política económica».
De forma similar, las reuniones periódicas a las que convocaban a Juan Peters se sucedieron especialmente entre marzo y abril, tal como se informa en el legajo del Trabajo de Infiltración.
Así, por ejemplo, el 3 de abril se encontró, en el bar Los Calvos con Flor, Amalia y Cacho –todos alias de militantes sindicales-, donde recibió bonos contribución por valor de 10 mil pesos cada uno para pagar la solicitada y la propuesta de recibir un arma para el caso de que la necesitara.
En el mismo bar fue citado el 7 y 8 de ese mes, recibiendo obleas de difusión pertenecientes a la Lista 3 Verde de los bancarios y ejemplares del diario Opción, órgano oficial del PST.
Otra reunión de las que participó Peters como infiltrado resulta llamativa por el acompañamiento que él mismo declara haber recibido. Fue en el bar Rhin, y allí se destaca «la colaboración del teniente coronel Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, quien facilitó un furgón desde el que se obtuvieron fotografías de quienes concurrieron al bar, siendo de especial interés la perteneciente a la NN Rosalía».
Esta foto fue adjuntada al legajo que relata la infiltración.
Esta mención directa constituye un punto clave del legajo no sólo porque muestra el nivel de coordinación entre la DIPPBA y el Ejército, sino porque además implica directamente como uno de los responsables al entonces coronel Jorge Norberto Apa.
Una infiltración que produce información falsa sobre las víctimas
La estrategia de inteligencia fue la construcción de de información falsa sobre la organización para presentarla, ante la opinión pública, como ejemplo del enemigo interno y desviar las posibles investigaciones judiciales que pudiera realizar el Estado.
En mayo de 1981, Peters relata un complejo encuentro que comenzó junto a las vías de una estación del tren Belgrano, siguió con el viaje junto a Rosalía (Ana María Martínez) hasta la estación Vicealmirante Montes. Todo esto para dejar constancia, finalmente, de un extenso viaje en auto con tres hombres que le comunicaron su siguiente misión dentro de la organización del PST: debía reducir a un policía y quitarle el armamento. Este hecho, luego fue simulado en un documento de la DIPPBA.
Toda la parte final del legajo, donde pueden leerse las conclusiones de un trabajo que el propio agente considera exitoso, se orientan en el mismo sentido de producir información falsa sobre quienes luego serían víctimas del terrorismo de estado.
Dice allí el agente de la DIPPBA: «Entendiendo lograda la infiltración (…) según considere el más elevado criterio de la superioridad existiría como elemento que supere la capacidad de esta dependencia el supuesto de un ataque a un patrullero, secuestro extorsivo a alguna persona o asalto a algún comercio, pero ello sería contrario al accionar que han demostrado, quienes siguiendo los lineamientos del PST parecen activar solo en pos de una finalidad: la insurrección y no la lucha armada o la guerrilla».
Además de este legajo de infiltración, la DIPPBA confeccionó –para entregar al jefe de la Policía Bonaerense- un documento en el que se analiza un presunto «Cambio de estrategia efectivizada por el PST» para desprestigiar la organización.
Allí consideran que hacia fines de 1981 ingresarían al país instructores militares con el propósito de preparar a los militantes del PST: «Al respecto no se descartaría la ejecución de desarmes de las fuerzas de seguridad».
No obstante, la agencia de inteligencia consideró que «muñirse de casas operativas, armamento adecuado, instrucción militar, conformar una organización de tipo miliciano, indiscutiblemente le demandará un largo período de reestructuración que, según la propia dirigencia trotskista, insumiría por lo menos un año de duración».
Este legajo, como otros, confirma el rol de las acciones de inteligencia para justificiar los crímenes de lesa humanidad.
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