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Analizan suspender el juicio por el asesinato de Fabián Gorosito. No hay garantías para seguir el caso Gorosito. Por el caso de Fabián Gorosito debió intervenir la Comisión Provincial de la Memoria. El Tribunal Oral analiza si suspende el Juicio y pide mayores garantías.
Frente a múltiples casos de amenazas, hostigamientos y persecuciones que vienen sufriendo familiares, testigos y abogados del juicio que se sigue contra once policías de la provincia de Buenos Aires por las torturas y muerte de Fabián Gorosito, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo a favor de todos ellos y reclamó que se extremen las medidas de protección y resguardo físico sobre ellos.
El asesinato de Fabián Gorosito y las torturas sufridas por otros tres jóvenes testigos de los hechos, ocurrió en agosto de 2010. Fue por una venganza personal y este es el segundo juicio que se realiza para esclarecer los hechos.
El 15 de agosto de 2010, el cuerpo de Gorosito apareció flotando boca abajo en una zanja de un descampado de Mariano Acosta, Merlo. Su asesinato, le contó la madre a este medio, fue la venganza de los policías de la comisaría de Mariano Acosta contra el joven porque mantenía una relación sentimental con la esposa de uno de ellos.
El últimos viernes, 30 de septiembre, por la noche, después de una reunión en el domicilio del abogado querellante, móviles policiales entre los que se detectó uno sin patente, rodearon el auto en el que se trasladaban María Viera, madre de Fabián Gorosito.
La mujer, participó de los dos primeras audiencias y luego se encontró con las intimidaciones y amenazas a las que, dijo, «esta acostumbrada». Participó acompañada por Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En el vehículo se movilizaban tres jóvenes que fueron víctimas de torturas y son querellantes en el juicio que investiga la muerte de Fabián.
Los acompañaron 20 cuadras y se alejaron en un paso a nivel en el ingreso a la localidad de Mariano Acosta.
Al no haber comunicación, Viera y los jóvenes se asustaron ante el caso de intimidación ya que se juzga a once policías bonaerenses.
La denuncia incluye la toman fotografías de las personas involucradas en el juicio, un imputado que merodea el colegio donde asiste el hijo de una de las víctimas y un anexo con la denuncia de de un testigo que llegó a su casa y encuentró a todos sus perros muertos por envenenamiento.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo a favor de todos ellos, exigiendo que se tomen medidas urgentes para extremar la protección de los testigos.
La presentación fue realizada en el Juzgado de Garantías 6 de Morón a cargo de la Jueza Lucía Casabayó en donde la CPM advirtió que todos los hechos «constituyen actos ilegales» y que el «accionar ilegal que se describe es característico de las fuerzas de seguridad que tienen un dominio territorial y acceso a herramientas para efectivizar hechos intimidatorios de manera reiterada con el fin de imponer el terror».
Las intimidaciones ocurren mientras se llevan adelante las audiencias del juicio que tiene como imputados a una mujer civil y once policías de la Comisaría 2ª de Merlo, en la localidad de Mariano Acosta. Y que seguirán mañana y pasado, 4 y 5 de octubre
Los acusados son los integrantes de la seccional de Mariano Acosta: Adrián Giménez, Pablo Nievas, Raúl Ortiz, Cristian Fortunato, Luis Fernández, Hernán Oviedo, Gabriel Sánchez, Leonardo Ose, Rubén Villalba, Marcelo Dipierro, Gonzalo Cueli y la única civil, Aixa Soledad Sosa.
El primer juicio se realizó se realizó en 2013 y que terminó con la absolución de todos lo imputados.
Durante éste primer juicio, se pudo determinar que existieron dos grupos: el que participó en la venganza de forma activa cuando Gorosito fue «levantado» de la calle y llevado a la seccional donde le aplicaron una intensa sesión de «submarino seco», entre varios tormentos. Y el segundo grupo que se encargó de encubrirla.
Se probaron, además, las continuas ilegalidades que cometían los uniformados. Por ejemplo, el uso de autos con pedido de secuestro no solo para realizar tareas de investigación no autorizadas por fiscales sino para detener
personas por averiguación de identidad o para amedrentar a testigos.
En su alegato, la fiscalía consideró que «lo que rompió ese cerco de encubrimiento fue nada más que una circunstancia: Fabián tiene un tío que es policía y toda la Departamental de Merlo hablaba del tema».
Pese a todas las pruebas, el Tribunal Oral Nº 5 de Morón, integrado por los jueces Carlos Thompson, Susana De Carlo y Angélica Parera, absolvió por unanimidad a los acusados. También a los cinco agentes que habían llegado al debate con prisión preventiva.
De inmediato, la Comisión por la Memoria (CPM) pidió el jury de los magistrados por su mal desempeño a lo largo de las audiencias. Pero no prosperaron porque dos se jubilaron y uno de ellos, Thompson, murió.
En diciembre de 2014, la Sala II de la Cámara de Casación anuló la sentencia
absolutoria y ordenó un nuevo proceso. Se criticaron la «valoración arbitraria de las pruebas» y los cuestionamientos del tribunal hacia algunos testigos y denunciantes.
El proceso comenzó la semana pasada y debe seguir mañana, jueves 4, aunque analizan si existen garantías.
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