Las divagaciones por Domingo Faustino Sarmiento

Buenos Aires se declaró Estado Independiente y se separó de la Confederación Argentina en 1853, tras la batalla de Caseros que implicó la derrota de Juan Manuel de Rosas y la aprobación de la primera Constitución Nacional.

El separatismo porteño duró hasta 1862, cuando el porteño Bartolomé Mitre, primero, pierde la batalla de Cepeda en 1859,  pero en 1861 gana en Pavón cuando inexplicablemente el ex Presidente Justo José Urquiza retira las tropas del campo de batalla. Los porteños, triunfalistas, exigen modificaciones a la Constitución de 1853 para incorporarse al resto del país.

El interior no tiene opciones y acepta. Mitre es el héroe de Buenos Aires y el 5 de octubre de 1862 es electo Presidente de la República. Uno de sus aliados es el eufórico y antirrosista Domingo Faustino Sarmiento.

Mitre lo envía a San Juan, la provincia que lo vio nacer y crecer. Y en 1862 Sarmiento se convierte en su gobernador. Pero renunció dos años después por falta de apoyo del gobierno centralista de Buenos Aires. Sarmiento se distancia de un Mitre desprestigiado por el genocidio cometido durante la Guerra del Paraguay y obsesionado por la ciudad de Buenos Aires.

Rápidamente, el reconocido teniente coronel Lucio V. Mansilla propone a Sarmiento como candidato a Presidente. Y mientras se encontraba en los Estados Unidos, es electo para presidir el Poder Ejecutivo Nacional en 1868.

Durante su presidencia debatió públicamente con los dos grandes diarios de la época, La Nación que Mitre había primero comprado y luego refundado para utilizarlo como arma contra Sarmiento, y el se diario La República de Manuel Bilbao.

La nota que aquí anticipa lo que seguirá siendo el país 200 años después.

Extraído del Tomo 50 de las Obras Completas: «Papeles de un Presidente».

Acá el texto de Sarmiento:

Es el prurito de ciertos diarios erigirse en consejeros, fiscales y mentores del Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial da diez sentencias por día en que decide de la vida o la propiedad de los ciudadanos sin que nadie ose rever la sentencia. Pero el presidente de la República es cada mañana acusado, juzgado y sentenciado por cada cronista de ciertos diarios, sin vuelta ni apelación (…).

El Presidente y sus cinco ministros, incluso los fiscales que dictaminan, son ignorantes, criminales, imbéciles, y por partes se hacen valer circunstancias atenuantes y con toda clase de criminales, menos con el Poder Ejecutivo, llamado por burla así, pues no es tal poder, ni puede ejecutar nada, sin dar vista previa a los diarios a que nos referimos.

¿Qué resulta de todo esto? Que el pueblo se equivocó eligiendo tal Presidente y que hubiera acertado mejor en nombrar a uno de sus críticos, cosa que en verdad no le pasó por las mientes. ¡Fatal error popular! De que se arrepentirá, no precisamente el pueblo, sino las pobres víctimas de estos cotidianos ataques (se refiere al gabinete), que en verdad son tan estúpidos que no hacen caso de ellos (los periodistas), y siguen (el gabinete) su criminal propósito de cumplir con sus deberes, como Dios les da a entender, no obstante ser cuatro jurisconsultos, amén de uno ad honorem.

El mal no esta ahí, sin embargo. Estalo en las divagaciones (de acá el título del artículo) en que caen, introduciendo la duda, aún sobre las cosas más sabidas, a merced de una suposición gratuita o de una aserción falsa.

No hablemos de los que claman por que se publiquen los debates que han debido preceder a la firma de un decreto, para instrucción de las comadres de la prensa.

Veamos sólo un hecho. El P.E. nacional se ha visto forzado a sostener la continuidad, independencia, incolumidad del poder legislativo en una Provincia (San Juan). ¡Pobre Congreso, pobre libertad del debate y de las opiniones, si las Legislaturas pueden ser llevadas a la cárcel y cuando bien castigadas, devueltas a sus funciones, para que aprendan a legislar! Todo republicano que conoce el mal del arbitrario personal, sabe que aquí como en Inglaterra, sólo la inmunidad e independencia del Poder Legislativo puede curar los males de la influencia de los mandones.

En esta cuestión todo republicano debiera estar al lado del Presidente por la salvación del principio. Pero como es de costumbre atacar al Poder Ejecutivo, creen servir a la libertad y a la República, condenandolo porque las salva y poniéndose ellos los críticos, en una Provincia al lado del Ejecutivo contra la Legislatura.

Por eso la Legislatura es revolucionaria, dice cierta República y una cierta Nación (acá nombra los dos diarios) que se ha declarado el enemigo del Ejecutivo de la nación de hoy, a favor del de ayer (el pasado, Pavón), que era muy bueno y se acabó, por lo mismo que era tan bueno. Sólo las cosas malas duran, testigo (Juan Manuel) Rosas (acá Sarmiento crítica al caudillo bonaerense que también combatió Mitre).

Veamos lo que hay de positivo.

El Gobierno Nacional, llegado el caso, declaró que la Legislatura de San Juan, tal como existía el 30 de octubre de 1868, sin interrupción obrada por decreto alguno, ni prisión de sus miembros (…). El Ejecutivo no da consejos, sino que manda; no discute, sino que ejecuta.

Mas lo que acusan, juzgan y guillotinan al Ejecutivo (o sea a Sarmiento) todas las mañanas, o las tardes, según la hora que cada diario tiene destinada para sus ejecuciones, creen que las declaraciones del Ejecutivo, en actos oficiales y (la) ejecución de la Constitución (Nacional) y las leyes, no son actos definitivos como los autos de los jefes, o de los legisladores, cada uno en su esfera.

La Corte Suprema de los Estados Unidos (país que admiraba Sarmiento que no era europeísta) tiene en muchos casos decidido qué es (un) gobernador de un Estado (Federal), cuando ha habido disputa (…) Sí pues, el Poder Ejecutivo Nacional declaró que la Legislatura de San Juan, con todos sus peros, era tal Legislatura sin interrupción, ésa es Legislatura, sin que nadie pueda decir nada en contrario, para todos sus efectos legales, salvo la República (se refiere al periódico La República de Manuel Bilbao), en esto antirrepublicana, que está a favor de un Ejecutivo que ataca Legislaturas (el de San Juan), contra otro Ejecutivo que las sostiene (el que el mismo Sarmiento preside).

Cuando en los Estados Unidos el Poder Judicial decide por primera vez un punto hasta entonces cuestionable, cuando la Legislatura dicta una ley, definiendo un derecho, o prohibiendo, o permitiendo una cosa, cuando el Ejecutivo ejecuta un acto, en la esfera de lo que es ejecutable, dada la Constitución (Nacional) y las leyes que él aplica a los hechos y circunstancias, tales puntos quedan fijados y resueltos, pues cada uno de los poderes está obrando en la esfera de sus atribuciones, dejando así establecidos precedentes que van constituyendo la jurisprudencia, el cuerpo de las leyes y la administración.

Esto no importa decir que no haya error. Las Cortes cambian la jurisprudencia, si la recibida deja de ser aceptada. La Legislatura revoca por centenares leyes que hasta un año antes parecían sabias y el Ejecutivo cambia de proceder. Pero todos estos actos, aunque más tarde revocables o sujetos a alteración, constituyen regla, ley y precedentes.

Entre nosotros no sucede así, por fortuna nuestra. El proceso comienza la mañana o la tarde del día publicado un decreto gubernativo. Por supuesto, que el decreto es malo, siempre. Si no fuera malo ¿qué harían los diarios? ¿Aplaudirlo? Pero eso es una bajeza. ¡A dónde iría la independencia de la prensa, si no fuesen eminentemente malos y cada uno de los decretos? De dónde sacar pasto para saciar el hombre devorador de ocho páginas que tiene que satisfacer el pobre diarista, que amanece sin saber qué cosa mala va a hacer ese día el Ejecutivo; pero que espera, pluma en mano, el decreto que debe desautorizar!

De esta manera se vive y se vive bien. Media docena de libros se han publicado estos días y el buen público ignora su contenido y no los compra, porque nadie le ha dicho lo que contienen. El diarista pudiere hacerle este favor, pero a más de que su oficio es escribir y no leer y leer un libro demanda tiempo, esto distraería de su función primordial, que es atacar el decreto y redactar otro en su lugar, tarea facilísima, pues consiste en poner negro donde decía blanco, y viceversa, con comentarios aplastadores, fulminantes y victoriosos.

Todo decreto es, pues, un proyecto de decreto que debe pasar a comisión de los diarios y ser vetado por este poder ejecutivo de tipos, que es su propia ley.