El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín sostuvo que las víctimas fueron sometidas a «condiciones de vida degradantes e inhumanas» y afirmó que los abusos sexuales formaron parte del plan sistemático de persecución y exterminio de la última dictadura. Cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea recibieron condenas de 25 años de prisión.
El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín difundió los fundamentos completos de la sentencia que condenó a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea Argentina por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de la Subzona Militar 16, una estructura clandestina que operó durante la última dictadura cívico-militar en el oeste del conurbano bonaerense y que tuvo como uno de sus principales centros de detención a Mansión Seré, en Castelar.
El fallo, de más de un millar de páginas, profundiza el alcance de las condenas impuestas en abril de 2026 y concluye que las personas secuestradas fueron mantenidas en condiciones de vida «degradantes e inhumanas», sometidas a torturas sistemáticas, abusos sexuales, violaciones y amenazas permanentes dentro de un engranaje represivo coordinado entre distintas dependencias militares y policiales.
La sentencia constituye además un nuevo avance en el juzgamiento de los delitos cometidos en la zona oeste, ya que por primera vez se analizaron hechos ocurridos en la VIII Brigada Aérea de Moreno, la Comisaría 1ª de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey y la Subcomisaría de Francisco Álvarez, lugares que hasta ahora no habían sido abordados en otros procesos judiciales.
El fallo y las condenas
El tribunal, integrado por las juezas María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga, junto al juez Walter Venditti, condenó a 25 años de prisión a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea:
- Juan Carlos Herrera, exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar.
- José Juan Zyska, excabo primero de la misma unidad.
- Ernesto Rafael Lynch, excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno.
- Julio César Leston, excabo principal de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA).
Los magistrados los encontraron responsables, según el grado de participación de cada uno, por privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, abusos sexuales, violaciones y coacciones cometidos contra 111 víctimas.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, quienes sostuvieron la acusación durante el debate oral.
Qué ocurrió en Mansión Seré
Ubicada en Castelar, Mansión Seré fue uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar.
La casona había sido construida a comienzos del siglo XX como residencia de una familia de la alta sociedad bonaerense. Sin embargo, entre 1977 y 1978 fue convertida en un centro clandestino donde permanecieron secuestrados hombres y mujeres que eran interrogados bajo tortura.
Los sobrevivientes relataron que las víctimas permanecían vendadas, esposadas, inmovilizadas durante días y sometidas a golpes, picana eléctrica, simulacros de fusilamiento, privación del sueño y amenazas constantes. Muchos de quienes pasaron por ese lugar continúan desaparecidos.
Tras el retorno de la democracia, el predio fue recuperado y hoy funciona como la Casa de la Memoria y la Vida, el primer espacio de memoria de América Latina emplazado en un excentro clandestino de detención.
La fuga que dejó al descubierto el centro clandestino
Uno de los hechos más recordados ocurrió durante la madrugada del 24 de marzo de 1978, cuando cuatro detenidos lograron escapar aprovechando una fuerte tormenta.
A pesar de encontrarse desnudos, vendados y bajo custodia, Claudio Tamburrini, Guillermo Fernández, Carlos García y Daniel Rus consiguieron salir por una ventana y atravesar el parque mientras los guardias disparaban para impedir la fuga.
Aquella evasión permitió confirmar públicamente la existencia de Mansión Seré, cuando la dictadura todavía negaba el funcionamiento de centros clandestinos de detención. Años más tarde, esa historia inspiró el libro Pase Libre, escrito por Tamburrini, y la película Crónica de una fuga, dirigida por Adrián Caetano.
El nombre en clave «Atila»
Los fundamentos de la sentencia revelan además que Mansión Seré era identificada en las comunicaciones militares con el nombre en clave «Atila».
El tribunal sostuvo que quedó acreditada la estrecha relación funcional entre el centro clandestino y la VII Brigada Aérea, debido a la cercanía geográfica y al intercambio permanente de personal.
Los jueces señalaron que conscriptos trasladaban alimentos hasta la casona y que existían comunicaciones radiales permanentes entre ambos lugares, elementos que permitieron reconstruir el funcionamiento cotidiano del circuito represivo.
El rol de la RIBA en la represión
La sentencia dedica un apartado especial a la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), organismo que describió como uno de los ejes centrales del sistema represivo en la Subzona Militar 16.
Según el fallo, la RIBA reunía información sobre personas perseguidas, organizaba operativos de secuestro, coordinaba grupos de tareas, alojaba detenidos e intervenía en los interrogatorios bajo tortura.
Los jueces concluyeron que esa dependencia desempeñó un papel decisivo en la persecución de opositores políticos en el oeste del conurbano bonaerense.
Asimismo, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad de Julio César Leston por hechos de coacción contra dos hermanas que habían sido secuestradas, torturadas y abusadas sexualmente. Tras recuperar la libertad, el exintegrante de la RIBA las vigilaba de manera permanente, concurría armado a su domicilio, las amenazaba para que abandonaran la militancia política y obligaba a una de ellas a recorrer la zona mientras le exhibía fotografías de personas buscadas.
Nuevos hechos incorporados al juicio
Aunque otros procesos ya habían investigado los delitos cometidos en Mansión Seré, la Comisaría de Castelar y la RIBA, este juicio incorporó por primera vez numerosos hechos ocurridos en otros centros clandestinos del circuito represivo.
Entre ellos figuran la VIII Brigada Aérea de Moreno, la Comisaría 1ª de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey y la Subcomisaría de Francisco Álvarez, lo que permitió ampliar la reconstrucción judicial del funcionamiento de la red represiva que operó en el oeste bonaerense.
Los magistrados también rechazaron el planteo de prescripción formulado por una de las defensas y sostuvieron que todos los imputados conocían el carácter ilegal de las detenciones y participaron voluntariamente en la privación ilegítima de la libertad de las víctimas.
Los abusos sexuales como parte del terrorismo de Estado
Uno de los aspectos más relevantes de los fundamentos es el reconocimiento de que los delitos sexuales no fueron hechos aislados, sino parte del plan sistemático de persecución implementado por la dictadura.
Los jueces concluyeron que las violaciones y abusos solo pudieron cometerse por el absoluto estado de indefensión en el que se encontraban las víctimas y que constituyeron un mecanismo destinado a quebrarlas física y psicológicamente.
Por estos hechos, Juan Carlos Herrera fue condenado por violación agravada contra ocho mujeres, mientras que Ernesto Rafael Lynch recibió condena por abusos sexuales agravados y por otra violación.
La sentencia sostiene que existió una orden destinada a someter a los cautivos por cualquier medio y que la violencia sexual fue una manifestación específica de ese plan represivo, ejercida especialmente contra las mujeres. Además, remarca que esos ataques no constituyeron excesos individuales, sino una práctica integrada al terrorismo de Estado.
Una sentencia con valor histórico
Al fundamentar las penas, el Tribunal rechazó que la avanzada edad de los condenados fuera un obstáculo para la aplicación de las sanciones.
Los jueces sostuvieron que, aunque las posibilidades de resocialización puedan verse limitadas por el paso del tiempo, las condenas mantienen plena vigencia porque reafirman la fuerza de la ley, preservan la memoria de las víctimas y fortalecen la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho.
Con esta resolución, la Justicia continúa reconstruyendo el funcionamiento del circuito represivo de la Subzona Militar 16, una de las estructuras clandestinas más activas durante la última dictadura en el oeste del conurbano bonaerense. El fallo incorpora hechos que nunca habían sido juzgados, amplía la responsabilidad de distintos integrantes de la Fuerza Aérea y reafirma el valor de los procesos de memoria, verdad y justicia para esclarecer cómo funcionó la red integrada por fuerzas militares, policiales y organismos de inteligencia en la persecución, el secuestro, la tortura y la desaparición de cientos de personas.
