Crece el riesgo de impunidad. A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Argentina continúa sosteniendo uno de los procesos judiciales más extensos y complejos del mundo en materia de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en la provincia de Salta ese recorrido histórico —que durante años fue exhibido como ejemplo— atraviesa hoy una zona de tensión crítica: al menos 20 causas aguardan fecha para el inicio de juicios orales, mientras el sistema judicial evidencia signos de saturación, demoras estructurales y una creciente amenaza de impunidad.
El dato surge de un informe reciente de Ciudadana Comunicación, que pone el foco en el “cuello de botella” que atraviesan los tribunales federales salteños. Allí, donde durante más de una década se avanzó con firmeza en la reconstrucción del terrorismo de Estado, hoy el paso del tiempo, la falta de jueces y la complejidad de los expedientes generan un escenario donde la justicia corre contra el reloj.
Un proceso histórico que entra en zona de riesgo
Desde la reapertura de los juicios en 2006, tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, el país acumuló 361 sentencias por delitos de lesa humanidad, con 1.231 personas condenadas. Ese proceso, sostenido por políticas de Estado durante distintos gobiernos, permitió reconstruir el funcionamiento del aparato represivo en todo el territorio nacional y sentar precedentes a nivel internacional.
Sin embargo, el mapa actual muestra una dinámica más lenta. Aún hay 11 juicios en curso, 282 causas en etapa de investigación y 60 expedientes listos para ser elevados a debate oral. En ese universo, los organismos de derechos humanos advierten sobre un fenómeno cada vez más frecuente: la llamada “impunidad biológica”, que refiere a imputados que mueren o quedan incapacitados antes de ser juzgados.
Ese riesgo no es abstracto. Según datos internos del Ministerio Público Fiscal, en los últimos años aumentó la proporción de acusados que fallecen durante la instrucción o antes del inicio del juicio oral. En algunos expedientes complejos, más del 30% de los imputados originales ya no pueden ser juzgados.
En la jurisdicción salteña se realizaron hasta el momento 32 juicios de lesa humanidad, que derivaron en 38 condenas. Las cifras posicionan a la provincia como la segunda del país en cantidad de sentencias, sólo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese mismo volumen de causas es hoy el que tensiona al sistema.
Entre los procesos ya juzgados se destacan Palomitas I y II, que reconstruyeron los fusilamientos clandestinos de presos políticos en 1976; Ragone I y II, que investigaron la desaparición del exgobernador Miguel Ragone; la causa La Veloz del Norte, que expuso la complicidad empresarial; y la llamada Megacausa Salta, que permitió un abordaje integral del aparato represivo local.
Estos juicios no sólo establecieron responsabilidades penales. También aportaron datos que permanecían ocultos: la existencia de circuitos clandestinos de detención en dependencias policiales, la articulación entre fuerzas de seguridad y sectores civiles, y la participación de actores judiciales que avalaron detenciones ilegales durante los primeros años del terrorismo de Estado.
Pero el presente muestra otra cara. Actualmente, 20 causas esperan fecha de juicio oral, a las que se suma Palomitas III, que avanza bajo modalidad escrita. Entre los expedientes pendientes figura la ampliación del caso por la desaparición del conscripto Mario Víctor Brizzi, cuyo secuestro ya fue parcialmente juzgado, pero aún involucra a otros responsables no condenados.
Tribunales saturados y jueces que faltan
El principal obstáculo no es jurídico, sino estructural. Los Tribunales Orales Federales I y II de Salta deben atender simultáneamente causas ordinarias —narcotráfico, delitos económicos, crimen organizado— y los juicios de lesa humanidad, que requieren una dedicación intensiva y prolongada.
A esa sobrecarga se suma un problema recurrente: la integración de los tribunales. Los jueces son designados por la Cámara Federal de Casación Penal, pero muchos deben inhibirse por haber intervenido previamente en etapas de instrucción o en causas conexas. Esto obliga a rearmar los tribunales de manera constante, generando nuevas demoras.
La situación se agravó tras el fallecimiento del juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, quien estaba asignado a siete juicios pendientes. Su ausencia no sólo implica una vacante, sino también la necesidad de reiniciar procesos de designación y revisar integraciones ya previstas, lo que impacta directamente en los tiempos judiciales.
Fuentes judiciales consultadas admiten, en reserva, que existen expedientes listos para juicio desde hace más de tres años sin fecha definida. En algunos casos, incluso, las audiencias preliminares ya fueron realizadas, pero la falta de tribunal completo impide avanzar.
Causas que crecen y revelaciones que incomodan
Mientras los juicios se demoran, el universo de causas en investigación sigue en expansión. Actualmente hay 123 expedientes en etapa de instrucción en los Juzgados Federales N°1 y N°2 de Salta, muchos de ellos vinculados a hechos ocurridos incluso antes del golpe de 1976.
Uno de los casos más sensibles es la causa 90/10, que investiga detenciones ilegales realizadas en 1975. Allí se documentaron traslados a dependencias de la Policía Federal, aplicación sistemática de torturas y, en el caso de mujeres, violencia sexual como método de disciplinamiento. Este tipo de delitos, durante décadas invisibilizados, comenzaron a ser reconocidos como parte estructural del terrorismo de Estado recién en los últimos años.
Entre los datos menos conocidos que surgen de estas investigaciones aparece la identificación de nuevas víctimas que no habían sido incorporadas en denuncias originales, así como la detección de circuitos represivos que conectaban Salta con otras provincias del norte argentino. También se investiga la participación de personal civil en tareas de inteligencia y logística, un aspecto que podría ampliar el alcance de futuras imputaciones.
Juicios abreviados: una herramienta en debate
Frente a la parálisis de algunos procesos, en Salta comenzó a implementarse con mayor frecuencia el mecanismo de juicios abreviados. Desde 2024 se concretaron al menos 15 acuerdos de este tipo, en los que los imputados reconocen su responsabilidad a cambio de una condena sin debate oral completo.
La herramienta permite acelerar los tiempos judiciales y evitar que las víctimas deban declarar nuevamente, reduciendo instancias de revictimización. Sin embargo, también genera debates dentro de los organismos de derechos humanos, ya que limita la posibilidad de reconstrucción pública de los hechos y reduce la visibilidad social de los juicios.
Algunos fiscales sostienen que, en el contexto actual, los juicios abreviados son la única vía para garantizar condenas antes de que los imputados mueran. Otros advierten que su uso excesivo podría vaciar de contenido el proceso histórico de memoria y verdad.
El tiempo como protagonista
El contraste define el presente salteño. Por un lado, una provincia que supo ser clave en el avance de los juicios de lesa humanidad en la Argentina. Por otro, un sistema judicial que hoy muestra signos de agotamiento frente a la magnitud de las causas pendientes.
En este escenario, el tiempo deja de ser una variable administrativa para convertirse en un actor central. Cada demora no sólo impacta en términos procesales: afecta a las víctimas, a los familiares y a la posibilidad misma de que la justicia llegue.
Porque en Salta —como en el resto del país— los juicios de lesa humanidad no sólo juzgan el pasado. También ponen en juego el presente de un sistema judicial que debe demostrar, una vez más, que está a la altura de su propia historia.
