A 50 años del golpe de 1976, la memoria social sobre la última dictadura militar continúa siendo uno de los consensos más sólidos de la cultura política argentina. Un estudio nacional realizado por el observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que siete de cada diez argentinos mantienen una valoración negativa del régimen militar y respaldan la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
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La investigación, titulada Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después, combina una encuesta nacional de 1.136 casos con ocho grupos focales en distintas regiones del país, lo que permite reconstruir no solo opiniones estadísticas sino también percepciones generacionales y relatos transmitidos dentro de las familias. El resultado central es contundente: el 71% de la población evalúa negativamente la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.
Dentro de ese universo, el 45% considera que el período fue “muy malo” y otro 26% lo define como “malo”, mientras que solo una minoría mantiene una visión neutral o positiva. Para los investigadores, el dato confirma que, pese al paso del tiempo y a los cambios políticos, la condena social al terrorismo de Estado sigue siendo mayoritaria en la sociedad argentina.
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Desaparecidos, represión y violencia: las imágenes que dominan la memoria colectiva
Uno de los aspectos más reveladores del informe es la manera en que la sociedad recuerda el período. Ante la pregunta abierta sobre qué es lo primero que aparece al pensar en los años 1976-1983, las respuestas se concentran en palabras como “desaparecidos”, “represión”, “tortura” y “violencia”.
Los investigadores destacan que la figura del desaparecido continúa siendo el símbolo central de la memoria pública sobre la dictadura, incluso para generaciones que no vivieron directamente aquellos años.
Este fenómeno también se vincula con la magnitud del sistema represivo clandestino desplegado por el régimen militar. Durante la dictadura funcionaron más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y en muchos casos asesinadas o desaparecidas. Ese dispositivo represivo se convirtió con el tiempo en el núcleo de la memoria histórica del período.
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Un consenso amplio, pero no absoluto sobre la interpretación histórica
Aunque el rechazo a la dictadura es mayoritario, el estudio muestra que las interpretaciones sobre lo ocurrido no son completamente uniformes.
El 61% de los encuestados considera que el régimen militar implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% interpreta el período como una lucha contra el terrorismo en la que se cometieron “excesos”.
Para los investigadores, esta diferencia revela que el sentido histórico de la década del setenta sigue siendo objeto de disputa cultural y política. Mientras una parte de la sociedad adopta la interpretación dominante en los juicios y en el campo académico —la del terrorismo de Estado—, otra continúa enmarcando el período dentro de la lógica de un enfrentamiento armado.
Los grupos focales reflejan esa diversidad de miradas. Un participante joven del Área Metropolitana sintetizó la postura crítica al concepto de “guerra”: “No fue una guerra en realidad, porque secuestraban gente que no podía defenderse. Una guerra es cuando ambas partes pueden resistir”. Otro participante recordó el clima cotidiano de aquellos años: “Era otra vida. Los chicos yendo a la escuela y de repente ver gente armada o entrar rápido a las casas por miedo”.
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Cómo se transmite la memoria de la dictadura a las nuevas generaciones
El estudio revela un cambio generacional profundo en la forma en que se construye la memoria del período. Siete de cada diez personas dicen conocer mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, pero ese conocimiento ya no proviene principalmente de la experiencia directa.
Hoy la escuela y la universidad aparecen como el principal canal de transmisión de la memoria histórica, seguidas por las conversaciones familiares y por los contenidos culturales —libros, películas, documentales o producciones periodísticas—.
Este fenómeno refleja el paso del tiempo: a medida que desaparecen los testigos directos de la represión, la memoria colectiva se vuelve cada vez más educativa y cultural, sostenida por políticas públicas de memoria, programas escolares y la producción académica sobre el período.
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Sin embargo, la experiencia personal sigue teniendo un peso significativo. Según el relevamiento, solo tres de cada diez argentinos dicen tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante la dictadura. Entre quienes poseen ese vínculo directo, la condena al régimen militar es aún más contundente.
El informe señala que la experiencia personal funciona como una “ancla moral”: quienes tuvieron contacto directo con víctimas del terrorismo de Estado tienden a reconocer con mayor claridad el carácter sistemático de la represión.
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La imagen de las Fuerzas Armadas y de los organismos de derechos humanos
El estudio también analiza cómo se perciben hoy los actores asociados al período. En términos generales, los organismos de derechos humanos mantienen una valoración positiva, especialmente entre quienes tienen familiares o conocidos que fueron víctimas de la represión.
En cambio, la imagen de las Fuerzas Armadas aparece más dividida, con evaluaciones que varían según la edad, la experiencia personal y la posición política de los encuestados. Entre quienes no tienen vínculos directos con víctimas del terrorismo de Estado, la percepción de las instituciones militares tiende a ser relativamente más favorable.
Los investigadores concluyen que la relación personal con la historia reciente influye decisivamente en la manera en que cada grupo social interpreta la dictadura.
El respaldo a los juicios sigue siendo mayoritario
Uno de los resultados más contundentes del relevamiento es el apoyo a las políticas de justicia por los crímenes de la dictadura. Alrededor del 70% de los argentinos respalda que continúen los juicios por delitos de lesa humanidad.
Ese dato confirma la vigencia social del proceso iniciado en 1985 con el histórico Juicio a las Juntas, que condenó a los principales responsables del régimen militar. Tras un período de impunidad en los años noventa, los procesos judiciales se reanudaron en 2006, luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Desde entonces, centenares de represores fueron juzgados y condenados en tribunales federales de todo el país, consolidando uno de los procesos de justicia transicional más extensos del mundo.
Para los investigadores, el apoyo social sostenido demuestra que la demanda de justicia sigue activa en la sociedad argentina, incluso entre generaciones que nacieron después del retorno democrático.
La democracia aparece hoy como un sistema estable
El estudio también explora las percepciones sobre el futuro institucional del país. En ese punto surge un dato significativo: el 83% de los encuestados considera poco o nada probable que vuelva a producirse un golpe de Estado en la Argentina.
En los grupos focales, muchos participantes señalaron que la sociedad reaccionaría de inmediato frente a una ruptura institucional. “Hoy la gente estaría reclamando en todos lados”, expresó uno de los consultados.
Sin embargo, el informe detecta una tensión interesante: muchos ciudadanos confían en la reacción colectiva frente a un golpe, aunque nunca hayan participado en movilizaciones o actividades vinculadas con la defensa de los derechos humanos.
Memoria, democracia y cultura política
A cincuenta años del golpe de Estado que inauguró la última dictadura militar, el estudio de Pulsar.UBA y el CELS muestra que la condena social al régimen militar y el respaldo a las políticas de justicia continúan siendo consensos amplios en la Argentina.
Al mismo tiempo, la investigación confirma que las interpretaciones sobre el pasado siguen siendo objeto de debate, especialmente entre generaciones que no vivieron directamente aquellos años.
Para los investigadores, la memoria sobre la dictadura no es solo un ejercicio histórico sino un componente central de la cultura democrática argentina. Como concluye el informe:
“La memoria es una experiencia social que organiza nuestro modo de comprender el presente, nuestras creencias y nuestros compromisos democráticos”.
Cinco décadas después del golpe de 1976, la manera en que la sociedad argentina recuerda aquel período sigue siendo una de las claves para entender su vida política, sus debates públicos y la fortaleza de su democracia.
