El fiscal antidrogas acusado de liderar una banda. En Argentina, un país donde la Justicia debería ser el último dique contra el avance del narcotráfico, un juicio federal expone una sospecha devastadora: que parte del propio sistema judicial habría estado contaminado por las mismas prácticas que debía perseguir. El caso del exfiscal federal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de integrar una organización que armaba causas de droga, extorsionaba a detenidos y se apropiaba de dinero y bienes, pone bajo una luz brutal una pregunta incómoda: qué ocurre cuando quienes deben combatir el narcotráfico terminan siendo señalados por utilizarlo como herramienta de poder y recaudación.
Durante años fue uno de los fiscales federales encargados de perseguir el narcotráfico en el norte del conurbano bonaerense. Su firma aparecía en expedientes sensibles, operativos policiales y allanamientos. Pero hoy Claudio Scapolán, exfiscal federal de San Isidro, se sienta en el banquillo acusado de algo mucho más grave: haber liderado una organización que fabricaba causas de droga para extorsionar a sus víctimas y quedarse con dinero y bienes.
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El caso, que se investiga en la justicia federal, describe un mecanismo que habría funcionado durante años con la participación de policías, informantes y funcionarios judiciales. Según la acusación, no se trataba de hechos aislados sino de un sistema montado para utilizar investigaciones de narcotráfico como herramienta de recaudación ilegal.
Un fiscal poderoso en el mundo del narcotráfico
Durante la década de 2010, Scapolán integraba la Fiscalía Federal de San Isidro, una jurisdicción clave en el combate contra el narcotráfico en el norte del Gran Buenos Aires.
Era el fiscal que intervenía en operativos antidroga en zonas como:
- San Isidro
- San Martín
- Tres de Febrero
- Tigre
- San Fernando
Allí trabajaba con brigadas policiales dedicadas a investigaciones de drogas. En ese contexto comenzó a consolidarse una red de informantes, policías y procedimientos que luego quedarían bajo sospecha. Con el tiempo, algunos de esos operativos empezaron a mostrar irregularidades: detenciones que no cerraban, pruebas dudosas y versiones policiales que se repetían demasiado.
El mecanismo: causas armadas y extorsiones
La investigación judicial sostiene que entre 2013 y 2015 habría funcionado una estructura dedicada a armar expedientes de narcotráfico con pruebas falsas o manipuladas.
El esquema que describieron los investigadores incluía varios pasos:
- Detectar a una posible víctima
Podía ser un comerciante, un empresario o alguien con capacidad económica. - Armar una investigación previa
Con informantes policiales se construía una historia de narcotráfico. - Realizar allanamientos y detenciones
Durante los procedimientos aparecía droga que, según varias denuncias, habría sido plantada. - Negociación posterior
Una vez detenida la persona o comprometida judicialmente, aparecía el verdadero objetivo: pagar para evitar una causa penal grave.
Según las acusaciones, las víctimas debían entregar dinero, vehículos o propiedades para salir del problema.
El caso que destapó el escándalo
Uno de los hechos más citados en la causa es el del empresario Gabriel Traficante, quien denunció haber sido víctima de un operativo armado. En su relato ante la justicia, sostuvo que:
- fue involucrado falsamente en una investigación de drogas
- se montó un procedimiento policial para incriminarlo
- se intentó presionarlo para que pagara dinero
Ese episodio comenzó a desnudar una trama más grande. Con el tiempo aparecieron otros casos similares, con patrones que se repetían: operativos antidroga cuestionados, testigos dudosos y procedimientos que beneficiaban económicamente a quienes los llevaban adelante.
Drogas que aparecían “demasiado oportunamente”
Uno de los aspectos más llamativos que surgió durante la investigación fue el comportamiento de ciertos informantes policiales. En varios expedientes aparecían los mismos nombres aportando datos que siempre terminaban en allanamientos exitosos, donde se encontraban drogas en lugares clave. Pero cuando la justicia comenzó a revisar esos procedimientos, detectó inconsistencias:
- testigos que nunca pudieron ser identificados
- informes policiales contradictorios
- evidencia que aparecía sin explicación clara
Eso llevó a los investigadores a sospechar que algunas pruebas podían haber sido plantadas.
Un engranaje entre policías e informantes
La acusación sostiene que Scapolán habría coordinado con brigadas policiales especializadas en narcotráfico y con una red de informantes que actuaban como intermediarios. Ese entramado permitía:
- conseguir datos para justificar allanamientos
- construir relatos policiales que sostuvieran las causas
- negociar con los imputados una vez iniciada la investigación
En otras palabras, el sistema que debía perseguir el narcotráfico era utilizado para fabricar expedientes.
El juicio oral
El caso llegó finalmente a juicio ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín, donde Scapolán enfrenta acusaciones por delitos graves.
Entre ellos:
- asociación ilícita
- cohecho
- abuso de autoridad
- falsedad ideológica
- privación ilegal de la libertad
- encubrimiento agravado
Durante el debate declararon víctimas, policías, peritos y funcionarios judiciales, reconstruyendo cómo funcionaban los operativos y las presuntas maniobras de extorsión. Algunas de las personas que testificaron aseguraron que fueron detenidas injustamente o presionadas para entregar dinero.
Un escándalo dentro del sistema judicial
El impacto institucional del caso es enorme porque involucra a un fiscal federal especializado en narcotráfico, es decir, a un funcionario cuya tarea era combatir ese delito.
Para muchos especialistas, el expediente revela un problema estructural: la enorme discrecionalidad que existe en algunas investigaciones antidroga, donde policías, informantes y fiscales manejan información sensible con escaso control.
Por eso el caso Scapolán se convirtió en uno de los procesos más delicados para la justicia federal: no solo juzga a un funcionario, sino que pone bajo la lupa el funcionamiento de todo un sistema de investigaciones penales.
El fallo del tribunal podría marcar un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de fiscales en la manipulación de causas judiciales y sobre los límites del poder que manejan quienes investigan el narcotráfico.
Nunca fue detenido
- En julio de 2020 la justicia federal ordenó allanamientos en su oficina y en distintos lugares vinculados a la investigación.
- Tras esos procedimientos, la Procuración bonaerense lo apartó y lo puso de licencia de su cargo como fiscal de San Isidro.
- Sin embargo, no pudo ser arrestado porque tenía fueros como funcionario judicial, lo que le otorgaba inmunidad de arresto mientras continuara en el cargo.
Por ese motivo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió avanzar con el proceso de enjuiciamiento (jury) para poder removerlo de su puesto y eventualmente habilitar medidas más severas.
Qué pasó después
- 22 de diciembre de 2022: el Jurado de Enjuiciamiento lo suspendió como fiscal.
- 17 de abril de 2023: el mismo jurado lo destituyó definitivamente e inhabilitó para volver a ejercer cargos judiciales.
En síntesis: Scapolán nunca fue detenido al inicio del caso, porque sus fueros como fiscal se lo impedían; primero fue investigado en libertad, luego suspendido y finalmente destituido del Ministerio Público.
El episodio más oscuro del caso Scapolán
Uno de los hechos más impactantes que surgieron durante la investigación contra el exfiscal Claudio Scapolán es el que los investigadores describen como el “robo de la cocaína”, un episodio que revela con crudeza cómo habría operado la presunta organización. Según la acusación judicial, el hecho ocurrió durante un operativo antidrogas que terminó con el secuestro de una enorme cantidad de cocaína, pero donde parte del cargamento nunca llegó a los depósitos judiciales.
En total, según la investigación judicial, la organización vinculada al ex fiscal Claudio Scapolán habría sustraído al menos 555 kilos de cocaína en distintos operativos antidroga realizados entre 2013 y 2015.
El operativo que debía ser un golpe al narcotráfico
El episodio se remonta a un procedimiento realizado en el norte del conurbano bonaerense durante una investigación por tráfico de drogas. El operativo fue llevado adelante por policías que trabajaban bajo la órbita de la fiscalía federal de San Isidro, donde intervenía Scapolán.
Durante el procedimiento se incautaron varios ladrillos de cocaína de alta pureza. La droga fue contabilizada inicialmente en el lugar del allanamiento y debía quedar bajo custodia judicial para su posterior peritaje. En teoría, el procedimiento seguía el protocolo habitual:
- Secuestro de la droga en el lugar del operativo.
- Elaboración del acta policial.
- Traslado del material al depósito judicial.
- Peritaje y pesaje oficial.
Pero algo ocurrió en el camino.
La droga que nunca llegó completa
Cuando la cocaína fue finalmente revisada por los peritos judiciales, la cantidad no coincidía con lo registrado en el operativo.La investigación posterior determinó que faltaban varios kilos de cocaína. La sospecha que surgió dentro de la propia causa fue demoledora: parte del cargamento habría sido sustraído por integrantes del mismo grupo que había participado del procedimiento. Es decir, el operativo que supuestamente combatía el narcotráfico habría sido utilizado también para apropiarse de droga incautada.
Cómo funcionaba el supuesto mecanismo
Según reconstruyeron los investigadores, el esquema era relativamente simple pero extremadamente grave. Cuando se realizaba un operativo importante:
- la droga se secuestraba en el lugar
- se registraba en un acta policial
- pero parte del cargamento podía ser retirada antes de su ingreso formal al sistema judicial
Esa droga desaparecida podía volver al mercado ilegal o ser utilizada en otros procedimientos. Este punto es clave en la investigación: algunos testimonios sostienen que la droga sustraída se usaba para “plantarla” en otros operativos, lo que permitía armar causas contra nuevas víctimas.
La sospecha que cambió toda la causa
El faltante de cocaína fue uno de los elementos que llevó a los investigadores a sospechar que no se trataba solo de irregularidades aisladas, sino de una estructura organizada.
Las preguntas que comenzaron a surgir dentro del expediente fueron explosivas:
- ¿Quién tenía acceso a la droga secuestrada?
- ¿Quién controlaba la cadena de custodia?
- ¿Quién firmaba los procedimientos?
En muchos de esos operativos aparecía el nombre de Scapolán como fiscal interviniente.
El cargamento clave: el operativo “Leones Blancos”
Uno de los episodios más emblemáticos fue el operativo conocido como “Leones Blancos”, realizado a fines de 2013. Allí se incautó un cargamento enorme de droga que había llegado al conurbano bonaerense.
- La policía encontró alrededor de 500 a 550 kilos de cocaína escondidos en vehículos.
- Sin embargo, la investigación posterior sostuvo que una parte importante de esa droga fue sustraída por miembros del propio operativo.
La hipótesis judicial sostiene que la mitad del cargamento habría desaparecido antes de ingresar a la cadena de custodia judicial.
Lo que dice la acusación
De acuerdo con el expediente:
- la red integrada por policías, abogados e informantes
- con participación del fiscal en distintos procedimientos
habría robado cocaína de operativos, extorsionado a narcotraficantes y utilizado droga incautada para montar otras causas.
En números, la acusación habla de:
- 555 kilos de cocaína sustraídos
- 33.000 dólares
- 386.000 pesos obtenidos en extorsiones o procedimientos irregulares.
Para dimensionar la magnitud
Media tonelada de cocaína representa una cifra gigantesca en el mercado ilegal.
Dependiendo de la pureza y del circuito de venta, ese volumen puede transformarse en:
- millones de dosis en el mercado minorista
- decenas de millones de dólares en ganancias para organizaciones criminales
Por eso el caso Scapolán es considerado uno de los escándalos judiciales más graves en materia de narcotráfico en Argentina: no se trata de un pequeño cargamento perdido, sino de más de media tonelada de cocaína que habría desaparecido dentro de un operativo estatal.
Si querés, también puedo contarte la historia completa del operativo “Leones Blancos” (29 de diciembre de 2013): es una trama increíble con llamadas anónimas falsas, policías infiltrados, un informante arrepentido, narcos de Moreno y hasta testigos que terminaron muertos. Es una de las partes más oscuras de toda la causa.
¿Quéres soprenderte? Scapolán no está preso
El ex fiscal bonaerense Claudio Scapolán no está condenado penalmente de forma definitiva, pero sí fue destituido de su cargo. Su situación hoy se resume así:
1. Fue destituido en 2023
El 17 de abril de 2023 el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires lo removió de su cargo de fiscal de San Isidro por mal desempeño y graves irregularidades. Además quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos.
2. Las acusaciones contra él son extremadamente graves
En el jury se lo responsabilizó por una serie de delitos vinculados a una presunta estructura criminal dentro de la justicia. Entre ellos:
- Jefe de asociación ilícita
- Extorsión
- Cohecho
- Falsedad ideológica de documento público
- Tenencia de droga para comercialización
- Abuso de autoridad
Según la investigación, la banda que integraría con policías, abogados y otros funcionarios habría robado droga incautada en operativos y luego la revendía, además de extorsionar a narcotraficantes.
3. El volumen de droga investigado
Uno de los expedientes sostiene que el grupo se habría apropiado de al menos 555 kilos de cocaína, además de dinero en efectivo obtenido mediante extorsiones.
4. ¿Está preso?
No.
La destitución fue administrativa (jury político). Las causas penales continúan en la justicia federal y todavía deben resolverse en juicio oral.
En síntesis:
- Scapolán no es fiscal desde 2023.
- Fue destituido e inhabilitado, pero
- aún no tiene una condena penal firme ni está preso.
