Juan Bautista Mahiques asume en Justicia que atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas: más de un tercio de los juzgados federales y nacionales están vacantes y el Gobierno no designó ni un solo juez desde que asumió. En ese escenario asumió Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, con un sistema judicial paralizado, tribunales sin titulares y un proceso de nombramientos que lleva más de dos años congelado.
El presidente Javier Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien ocupaba el cargo desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza en diciembre de 2023.
El cambio de nombres ocurre en un momento especialmente delicado para el sistema judicial argentino: más de un tercio de los juzgados federales y nacionales están vacantes, una situación que especialistas consideran crítica para el funcionamiento de los tribunales. El nuevo ministro deberá enfrentar un problema estructural que no ha dejado de agravarse desde la llegada del actual gobierno: la parálisis en la designación de jueces.
La herencia y el agravamiento del problema
Cuando Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023, el sistema judicial ya arrastraba un déficit importante de magistrados. De los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales, había 277 vacantes, lo que representaba el 27,6% del total. Dos años después, la situación es más grave. Según los últimos datos disponibles, actualizados al 27 de febrero de 2026, existen 364 vacantes, es decir el 36,3% del total de cargos judiciales. En términos concretos, significa que más de uno de cada tres tribunales del país no tiene juez titular.
Del total de vacantes:
- 203 cargos están actualmente en manos del Poder Ejecutivo, que debe elegir un candidato de las ternas y enviar el pliego al Senado.
- el resto continúa en trámite en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la práctica, esta situación se traduce en tribunales manejados por jueces subrogantes, expedientes que se acumulan durante años y magistrados que deben cubrir varios juzgados a la vez.
Diciembre de 2023: el retiro de todos los pliegos
Uno de los movimientos institucionales más significativos del inicio del gobierno libertario ocurrió apenas días después de la asunción presidencial. El Gobierno decidió retirar del Senado de la Nación Argentina todos los pliegos de jueces, fiscales y defensores que habían sido enviados por la administración de Alberto Fernández y que estaban pendientes de acuerdo legislativo. Se trataba de candidatos que ya habían atravesado el proceso constitucional de selección.
El mecanismo de designación de jueces tiene tres etapas:
- concurso de oposición y antecedentes en el Consejo de la Magistratura
- selección de uno de los integrantes de la terna por parte del Poder Ejecutivo
- acuerdo del Senado
En esos casos, el proceso estaba avanzado: los candidatos ya habían ganado concursos y el Ejecutivo anterior había elegido a uno de cada terna. Sin embargo, el nuevo gobierno decidió retirar todos los pliegos. Desde entonces, no se envió ningún nuevo pliego al Senado para cubrir juzgados federales.
La política de no cubrir vacantes
La consecuencia directa de esa decisión fue la paralización del sistema de nombramientos. Desde diciembre de 2023, el presidente Milei no designó ningún nuevo juez federal, una situación que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, ya que es el encargado de elegir candidatos de las ternas y enviar los pliegos al Senado. El problema se profundiza con el paso del tiempo: mientras no se nombran magistrados, jueces en funciones se jubilan, renuncian o fallecen, lo que incrementa el número de vacantes. Este escenario genera interrogantes institucionales que empiezan a aparecer con más frecuencia en el debate jurídico:
- ¿Puede funcionar una Justicia con más de un tercio de sus tribunales sin jueces titulares?
- ¿Quién ejerce realmente el poder judicial cuando predominan las subrogancias?
- ¿Se debilita la independencia judicial cuando las designaciones se postergan indefinidamente?
Las advertencias de especialistas
En mayo de 2025, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) advirtió sobre las consecuencias institucionales del aumento de vacantes. Según el organismo, la situación produce:
- retraso en la administración de justicia, afectando el derecho de los ciudadanos a obtener una resolución en tiempo razonable
- sobrecarga de trabajo en los magistrados en funciones, lo que puede derivar en errores o decisiones apresuradas
- incremento de las subrogancias, una solución temporal que no garantiza estabilidad ni independencia judicial
En los tribunales federales —donde se investigan delitos complejos como corrupción, narcotráfico o crimen organizado— el impacto puede ser todavía mayor.
Cambios en la estructura del Ministerio
La salida de Cúneo Libarona no sería el único movimiento dentro del Ministerio de Justicia. Fuentes del Gobierno anticipan que también se produciría el apartamiento del viceministro Sebastián Amerio, quien sería reemplazado por el abogado Santiago Viola, actual apoderado nacional de La Libertad Avanza, el partido cuya presidenta es Karina Milei. Los cambios consolidarían una nueva estructura política dentro del ministerio encargado de la relación con el Poder Judicial.
La curiosa excepción: jueces que cumplen 75 años
Existe, sin embargo, una excepción dentro de la política de nombramientos. Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 99 inciso 4 de la Constitución establece que los jueces deben obtener un nuevo acuerdo del Senado al cumplir 75 años, para continuar en el cargo por períodos de cinco años. Aunque el gobierno no nombró nuevos jueces federales, sí avanzó en extender cargos de magistrados que alcanzaron esa edad límite. Y uno de esos casos tiene una particularidad política.
El último pliego enviado por el Poder Ejecutivo al Senado corresponde a Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del nuevo ministro de Justicia.
El magistrado cumplirá 75 años en noviembre y necesita un nuevo acuerdo del Senado para continuar en su cargo por cinco años más. Su pliego ingresó a la Comisión de Acuerdos del Senado hace aproximadamente un mes.
Vacantes también en la Corte Suprema
La crisis de nombramientos no se limita a los tribunales inferiores. Actualmente dos de los cinco cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están vacantes. El gobierno intentó cubrirlos con las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ambas candidaturas no lograron reunir los consensos necesarios en el Senado. A esto se suma otra vacante institucional clave: el cargo de procurador general de la Nación, que continúa ocupado de forma interina por Eduardo Casal.
El desafío político de Mahiques
El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia ocurre, así, en medio de uno de los mayores niveles de vacantes judiciales de las últimas décadas. Su gestión deberá definir si el gobierno cambia el rumbo y comienza a enviar pliegos al Senado para cubrir los cargos, o si el sistema judicial continúa funcionando con un esquema creciente de sub rogancias. En un país donde la Justicia interviene en causas políticas, económicas y de corrupción de alto impacto, la pregunta que queda abierta es inevitable: cuánto puede resistir el sistema judicial argentino con más de un tercio de sus tribunales sin juez titular.
La mancha de Lago Escondido
La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia también vuelve a poner bajo la lupa el entramado político y judicial que rodea a su entorno familiar. Su padre, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, integró el grupo de magistrados que viajó al exclusivo complejo de Lago Escondido, propiedad del empresario británico Joe Lewis, junto a funcionarios porteños, empresarios y otros jueces federales. El viaje —realizado en un vuelo privado y que incluyó estadía en la estancia del magnate— se transformó en un escándalo institucional cuando se filtraron chats entre los participantes que revelaban discusiones sobre cómo explicar públicamente el episodio y evitar denuncias judiciales. Aquella polémica reavivó un debate profundo sobre los vínculos entre magistrados, poder político y sectores económicos, y sobre los límites éticos de la relación entre quienes deben impartir justicia y quienes concentran poder e influencia. En ese clima de cuestionamientos, con 364 cargos judiciales vacantes —el 36,3% de los tribunales federales y nacionales— y un sistema de nombramientos prácticamente paralizado desde diciembre de 2023, el nuevo ministro asume con un desafío que excede la administración del sistema: recomponer el funcionamiento y la credibilidad de una Justicia que atraviesa uno de los momentos más frágiles de las últimas décadas.
¿Quién es Joe Lewis?, el magnate británico que controla Lago Escondido y desafía a la ley argentina
En el corazón de la Patagonia rionegrina, a unos 50 kilómetros de El Bolsón, se extiende uno de los conflictos territoriales y políticos más controvertidos de las últimas décadas en la Argentina: el control privado del Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis, un multimillonario de 85 años cuya fortuna supera los 5.000 millones de dólares y que mantiene vínculos estrechos con el expresidente Mauricio Macri.
Durante más de tres décadas, Lewis construyó en ese rincón cordillerano un enclave de lujo rodeado de miles de hectáreas, seguridad privada y un entramado empresarial que lo conecta con el poder económico y político argentino. Pero el conflicto no gira sólo en torno a la propiedad de la tierra: la disputa central es por el acceso público a un lago que, según la legislación argentina, debería ser libre para todos.
El magnate británico que eligió la Patagonia
Nacido en 1937 en Londres, Joe Lewis hizo su fortuna en el negocio de las divisas durante los años setenta y ochenta. Tras amasar miles de millones en operaciones financieras internacionales, trasladó su residencia fiscal a las Bahamas y comenzó a diversificar sus inversiones en turismo, energía, inmobiliarias y deporte.
Lewis es el propietario del grupo Tavistock, un conglomerado con inversiones en varios países. También fue durante años el accionista mayoritario del club inglés Tottenham Hotspur, uno de los grandes equipos de la Premier League.
En Argentina, su presencia empresarial se consolidó a través de sociedades vinculadas al holding energético Pampa Energía, controlado por el empresario Marcelo Mindlin. Este grupo llegó a controlar activos clave del sistema eléctrico, incluida Edenor, la mayor distribuidora de energía del país.
La compra de 12.000 hectáreas en zona de frontera
El origen del conflicto se remonta a mediados de la década de 1990. En aquellos años, Lewis adquirió unas 12.000 hectáreas en la cordillera rionegrina, incluyendo el Lago Escondido y sus alrededores. La operación fue cuestionada desde el comienzo. Según diversas denuncias judiciales y legislativas, la compra se habría realizado mediante empresas intermediarias argentinas para evitar restricciones legales que impedían a extranjeros adquirir grandes extensiones de tierra en zonas consideradas estratégicas o de frontera.
Con el tiempo, esas tierras pasaron a manos de Hidden Lake S.A., la sociedad que administra el complejo privado donde Lewis construyó una enorme mansión, helipuertos, caminos internos y otras instalaciones exclusivas. La propiedad se transformó en un verdadero enclave privado en medio de la cordillera, custodiado por guardias y con accesos controlados.
El lago que la ley dice que es público
En Argentina, todos los lagos son de acceso público por ley. El problema es cómo llegar a ellos. Durante años, los vecinos de la región denunciaron que Lewis bloqueó los caminos históricos que permitían acceder al Lago Escondido desde la Ruta Nacional 40. Existen dos vías posibles:
- El camino Tacuifí, el acceso corto y directo, de unos 15 kilómetros desde la ruta.
- El llamado “camino de montaña”, una travesía de más de tres horas a pie o a caballo, con fuertes pendientes y riesgos naturales.
Diversos fallos judiciales ordenaron habilitar el acceso. Entre 2009 y 2013, la justicia rionegrina dictó resoluciones que obligaban a garantizar el ingreso público al lago. Sin embargo, esas decisiones nunca se cumplieron plenamente. La principal impulsora de esas acciones judiciales fue la dirigente de la Coalición Cívica Magdalena Odarda, quien litigó durante años contra el empresario.
Un aeropuerto privado sin radares
Otro punto polémico es el aeropuerto privado que Lewis posee cerca de la costa atlántica de Río Negro, a unos 30 kilómetros de Sierra Grande. La pista, de casi 2.000 metros de longitud, puede recibir aviones de gran porte. Diversos dirigentes políticos denunciaron que el aeródromo opera sin radarización completa, lo que impide un control preciso de los vuelos.
Según Odarda, desde ese aeropuerto un avión puede llegar en aproximadamente dos horas a las Islas Malvinas, lo que alimentó sospechas sobre su utilización estratégica, aunque nunca se probaron irregularidades concretas.
La relación con Mauricio Macri
La relación entre Lewis y el expresidente Mauricio Macri fue pública durante años. Macri visitó en varias oportunidades la estancia del magnate británico durante su carrera política y también mientras era presidente. Algunos de esos viajes incluyeron traslados en helicóptero hasta la propiedad ubicada a orillas del lago.
Durante su mandato, además, el gobierno modificó en 2016 aspectos de la Ley de Tierras Rurales, flexibilizando ciertas restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque la reforma no estaba dirigida específicamente al caso Lewis, sus críticos sostienen que favoreció indirectamente a grandes inversores extranjeros. Macri defendió públicamente al empresario, afirmando que no comprendía la “persecución” en su contra y que la presencia del magnate había mejorado la infraestructura de la zona.
Un conflicto que sigue generando tensión
Cada año, organizaciones sociales, ambientalistas y agrupaciones políticas realizan marchas para reclamar el acceso público al lago. En varias oportunidades se registraron episodios de violencia entre manifestantes y personal de seguridad privada vinculado a la estancia. Las denuncias incluyen amenazas, agresiones y bloqueos físicos del paso. Entre quienes sostienen la lucha desde hace décadas se encuentra la activista ambiental Ana Wieman, integrante de la organización Árbol de Pie, que denuncia no sólo el bloqueo del acceso sino también el impacto ambiental de las obras realizadas en el área.
Según los vecinos, la influencia económica del empresario generó una división en la comunidad: algunos habitantes valoran las inversiones y empleos generados por el complejo, mientras otros denuncian una pérdida de soberanía territorial y ambiental.
Amenazas, denuncias y episodios extraños
Quienes investigaron el caso aseguran haber sufrido intimidaciones.
La propia Magdalena Odarda denunció en 2013 que le aflojaron intencionalmente los bulones de una rueda de su camioneta después de visitar el expediente judicial del caso. El incidente pudo haber provocado un accidente grave. En otro episodio, tras denunciar el aeropuerto privado, desaparecieron computadoras del bloque legislativo donde trabajaba la dirigente. Las causas judiciales por esos hechos nunca avanzaron.
Un símbolo del debate sobre tierra y soberanía
Para muchos sectores sociales y políticos, el caso Lago Escondido se convirtió en un símbolo de la discusión sobre la extranjerización de la tierra en Argentina.
La Patagonia concentra grandes extensiones en manos de inversores internacionales, desde empresarios hasta magnates tecnológicos o financieros. El conflicto con Joe Lewis es el más emblemático porque involucra no sólo tierras privadas, sino también el acceso a un recurso natural público: el agua.
Mientras las marchas continúan y los fallos judiciales siguen sin ejecutarse plenamente, el lago permanece, en los hechos, dentro de un territorio controlado por un multimillonario extranjero.
Y en la Patagonia profunda, entre bosques y montañas, muchos vecinos repiten la misma pregunta desde hace años: ¿cómo puede ser que un lago argentino siga siendo, en la práctica, inaccesible para los argentinos?
