Extorsiones desde cárceles. La Justicia Federal y el Gobierno nacional revelaron cómo operaba una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales desde cárceles bonaerenses. La investigación confirmó que entre las víctimas estuvo Rodrigo Andrés Gómez, el granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía guardia en la Quinta de Olivos. La banda utilizaba perfiles falsos, amenazas judiciales y teléfonos celulares desde penales para exigir transferencias de dinero.
El Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron este lunes los resultados de una investigación que permitió desarticular una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses. La causa tiene como hecho más trágico el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que prestaba servicio de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei.
Gómez murió el 16 de diciembre, durante la madrugada, mientras cumplía una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio. En ese momento se informó oficialmente que el joven se había quitado la vida con su arma reglamentaria. La Justicia confirmó ahora esa hipótesis, pero también reveló que el soldado había sido víctima de una compleja maniobra de extorsión digital.
Según explicaron las autoridades, la banda funcionaba como una verdadera “pyme del delito” y utilizaba teléfonos celulares desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. “Un celular en una cárcel es un arma”, resumieron durante la conferencia de prensa. La operatoria, que tuvo un desenlace fatal, culminó con la detención de al menos siete personas tras allanamientos simultáneos en viviendas y establecimientos carcelarios.
La investigación se activó a partir de una carta que dejó la víctima y de la necesidad de esclarecer qué había ocurrido con un soldado que se suicidó a pocos metros de donde descansaba el Presidente. En ese marco, las autoridades remarcaron que uno de los objetivos centrales fue exponer esta modalidad delictiva para prevenir nuevos casos y evitar más víctimas.
La extorsión comenzó con la creación de un perfil falso en una aplicación de citas, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Luego apareció una supuesta “madre alterada” y el llamado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido contacto con una menor de 17 años. El siguiente paso fue un llamado de un falso policía que aseguraba que existía una causa judicial en trámite.
Para dar verosimilitud a la maniobra, los estafadores usurparon la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad, cuya documentación había sido obtenida de manera ilegal. Bajo amenazas de consecuencias penales, exigían transferencias de dinero inmediatas para “resolver” el supuesto problema judicial.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero luego era fragmentado, redistribuido y ocultado mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo. La presión no cesaba: tras los primeros pagos, las víctimas recibían nuevas exigencias económicas y amenazas reiteradas.
La carta encontrada junto al cuerpo de Gómez fue clave para reconstruir el impacto psicológico y financiero de la extorsión. En ella, el joven relató las deudas acumuladas, el engaño sufrido y el estado de desesperación en el que se encontraba. También incluyó cálculos de pagos realizados, lo que permitió a los investigadores dimensionar el nivel de hostigamiento al que fue sometido.
La causa permitió identificar a los principales coordinadores de la banda, todos detenidos en cárceles bonaerenses. Operaban desde las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos, donde se detectó el uso sistemático de múltiples líneas telefónicas. Además, fueron arrestadas personas externas encargadas de recibir y mover el dinero.
Uno de los puntos centrales expuestos fue el uso extendido de celulares dentro de los penales. Las autoridades explicaron que durante la pandemia se habilitó su utilización para garantizar el contacto familiar, pero que esa medida se mantuvo luego sin una regulación clara. En la práctica, los internos accedían a redes sociales, aplicaciones bancarias y servicios de mensajería, lo que les permitió montar esquemas delictivos complejos desde el encierro.
La investigación confirmó que el uso de teléfonos móviles en las cárceles no era aislado ni excepcional, sino parte estructural de una organización criminal que operaba a gran escala y con consecuencias fatales.
Los funcionarios destacaron la coordinación entre el Juzgado Federal, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales. Durante más de cincuenta días se realizaron escuchas telefónicas, análisis financieros, pericias informáticas y seguimientos, que permitieron reconstruir en detalle el entramado delictivo.
Como resultado de la investigación, los tres imputados que ya se encontraban detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo. Además, se secuestraron teléfonos celulares, se bloquearon cuentas bancarias y se activaron los procesos judiciales correspondientes. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que los acusados no volverán a tener acceso a dispositivos móviles.
En sus exposiciones, los funcionarios coincidieron en que la muerte de Rodrigo Gómez no fue un hecho aislado ni inexplicable, sino la consecuencia directa de una maniobra extorsiva organizada. Señalaron que la banda fue desarticulada y que el Estado actuó de manera coordinada. “No se puede permitir que personas privadas de la libertad sigan delinquiendo desde prisión”, afirmaron, y remarcaron que el sistema penitenciario debe garantizar el cese efectivo de toda actividad criminal.
Más allá del caso puntual, la conferencia buscó instalar un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. Según explicaron, la privación de la libertad pierde eficacia cuando existe una libertad digital sin controles. En ese contexto, las cárceles se convierten en plataformas desde las cuales se cometen delitos con alcance nacional.
La exposición conjunta del Gobierno y la Justicia dejó al descubierto una organización que operaba desde cárceles bonaerenses mediante estafas digitales, usurpación de identidad y extorsión sistemática. La investigación vinculó de manera directa ese accionar con la muerte del soldado, sometido a una fuerte presión económica y psicológica derivada de las maniobras delictivas.
El caso puso en evidencia la existencia de redes criminales estables dentro del sistema penitenciario, las fallas en los mecanismos de control tecnológico y la persistencia de prácticas irregulares. La respuesta oficial incluyó detenciones, traslados, secuestros y un mensaje político contundente sobre el control carcelario. Al mismo tiempo, los propios funcionarios reconocieron que se trata de un fenómeno reiterado, que plantea un desafío estructural para el Estado.
🔴 La banda operaba desde cárceles bonaerenses con celulares y perfiles falsos
🔴 El joven granadero dejó una carta clave que permitió reconstruir la extorsión
🔴 La maniobra comenzó en una app de citas y escaló con amenazas judiciales
🔴 Usaron la identidad de un policía real para dar credibilidad a la estafa
🔴 El dinero era fragmentado y redistribuido para ocultar su origen
🔴 Hay al menos siete detenidos tras allanamientos en cárceles y viviendas
🔴 La causa expuso el uso sistemático de celulares dentro de los penales
