Virginia Aparicio descubió que el cuerpo humano estaba contaminado de glifosato y AMPA (Ácido Aminometilfosfónicoa), y el INTA quiso cerrar la investigación. Dentro del Consejo Directivo participan los mayores consumidores de estos productos: Coninagro, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria. Aparició terminó exonerado y los argentinos seguiremos comiendo glifosato y ácido aminometilfosfónicoa.
A las 17 del lunes 2 de noviembre, Virginia Aparicio firmó el acta administrativa que cerró su última jornada en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce. Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet, trabajaba allí desde 1997.
Llegó acompañada por una escribana para retirar algunos objetos personales y entregar la llave de su oficina. Se llevó fotografías y libros; dejó parte de sus pertenencias y de su trabajo. “Pienso volver por la puerta principal”, dijo al despedirse.
La salida se produjo después de que el Consejo Directivo del INTA formalizara, mediante la Resolución 366, la exoneración de Aparicio, la sanción disciplinaria más grave del régimen de empleo público nacional. Un acta del 30 de octubre ya le había comunicado que había perdido su condición de empleada y la intimaba a retirarse de la unidad.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un órgano colegiado integrado por representantes del sector público y de las entidades del sector agropecuario e institucional.
Integrantes del Consejo Directo del INTA
- Nicolás Bronzovich – Presidente (Ingeniero Agrónomo).
- Carlos Alberto Antonio Vera – Vicepresidente (Médico Veterinario).
- María Inés Amuchástegui – Vocal por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Ingeniera Agrónoma).
- Jorge Omar Dutto – Vocal por las Facultades de Agronomía de las Universidades Nacionales (Ingeniero Agrónomo).
- Martín Tuculet – Vocal por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) (Licenciado en Administración).
- Gustavo Tettamanti – Vocal por la Federación Agraria Argentina (FAA) (Ingeniero Agrónomo).
- Juan Manuel Bautista – Vocal por la Sociedad Rural Argentina (SRA) (Médico Veterinario).
- Juan Patricio Hutak – Vocal por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
Qué fundamentos dio el INTA y qué responde la defensa
La resolución atribuye a Aparicio incumplimientos vinculados con la documentación y la ejecución del proyecto, la gestión de recursos y datos, y la respuesta a requerimientos institucionales y judiciales. También cuestiona la participación de José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de la científica, a quien el organismo considera incorporado a tareas de coordinación y con acceso potencial a información reservada sin la autorización institucional correspondiente. Para el Consejo Directivo, esa intervención implicó un favorecimiento y un uso indebido de las facultades del cargo.
El organismo rechazó el planteo de nulidad presentado por Aparicio y sostuvo que se le había garantizado el derecho a defenderse. La resolución reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal ni antecedentes disciplinarios, pero considera que esas circunstancias no atenúan la gravedad de las faltas que tuvo por comprobadas. Además, ordena informar el caso a la Oficina Anticorrupción y pedir datos sobre el cierre del acuerdo con SPRINT para evaluar una eventual responsabilidad patrimonial.
El abogado de Aparicio, Mario Bolla, rechaza las imputaciones. Sostiene que la investigadora mantuvo informadas a sus autoridades y que el proyecto fue financiado con fondos europeos, que —según la defensa— fueron rendidos. Una vez agotados los trámites administrativos, anticipó que pedirá la nulidad de la resolución y una medida cautelar para que la científica pueda volver a su puesto.
Aparicio y organizaciones científicas y ambientales relacionan la sanción con su papel en el SPRINT y con la suspensión de la difusión de sus resultados en Argentina. El INTA, en cambio, fundamentó formalmente la exoneración en las irregularidades administrativas que consideró probadas durante el sumario. La controversia, por eso, reúne dos discusiones: qué ocurrió con la gestión local del proyecto y qué lugar tuvieron sus resultados en la decisión de apartar a su coordinadora.
El conflicto ya había generado reclamos de participantes. En septiembre de 2023, 44 de las 73 personas voluntarias que aportaron muestras enviaron una carta al INTA para pedir que el organismo continuara con la investigación.
Qué fue el Proyecto SPRINT
SPRINT es la sigla en inglés de Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach, un proyecto de investigación financiado por el programa europeo Horizonte 2020 y coordinado por la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. Su objetivo era desarrollar herramientas para evaluar de manera integrada los riesgos de los plaguicidas para la salud de las personas, los animales, las plantas y los ecosistemas, además de estudiar alternativas para reducir su uso. El consorcio incluyó once sitios de estudio: diez en Europa y uno en Argentina.
En el sitio argentino, coordinado por Aparicio desde Balcarce, durante 2021 se reunieron muestras de 73 voluntarios y se analizaron también matrices ambientales. Los datos presentados en 2023 informaron la presencia de distintos plaguicidas. La coordinación internacional señaló que, en algunas muestras argentinas —como el polvo de viviendas rurales y la materia fecal—, se habían observado concentraciones más altas que en las europeas, aunque Argentina aportaba un solo sitio y una variedad de cultivos más acotada.
La detección de residuos no equivale por sí sola a demostrar una enfermedad ni a probar una relación causal. La propia resolución del INTA cita un informe del proyecto que estimó que la ingesta de glifosato y AMPA en los grupos estudiados no superaba los valores de referencia utilizados; también señala que los datos sanitarios disponibles no permitían establecer causalidad epidemiológica. El proyecto internacional continuó hasta febrero de 2026, aunque el INTA había dispuesto retirarse en 2023.
Cronología de los hechos
- 29 de mayo de 2020: el Consejo Directivo del INTA aprueba el acuerdo para que el organismo participe del SPRINT mediante la Resolución 477.
- 2021: se toman muestras a 73 voluntarios del sudeste bonaerense y se realizan análisis ambientales.
- 28 de febrero de 2023: se publica un informe del proyecto que estima la ingesta de glifosato y AMPA (Ácido Aminometilfosfónicoa) partir de las concentraciones detectadas en orina.
- 15 y 21 de junio de 2023: el entonces director nacional del INTA ordena suspender la presentación virtual de resultados que Aparicio iba a realizar el 21 de junio.
- 5 de julio de 2023: el Consejo Directivo dispone suspender las actividades argentinas del proyecto y solicita documentación para revisar su ejecución.
- 23 de septiembre de 2023: 44 voluntarios presentan una carta para pedir que Argentina continúe en el SPRINT.
- 27 de septiembre de 2023: parte de los resultados argentinos se expone en una conferencia vinculada con la Cumbre Científica de la Asamblea General de la ONU.
- 7 de diciembre de 2023: el INTA formaliza su salida del proyecto mediante la Resolución 1081 y ordena investigar posibles responsabilidades administrativas con la Resolución 1082.
- Febrero de 2025: Aparicio cuenta que fue notificada del sumario y que se tomó declaración a integrantes del equipo.
- 27 de agosto de 2026: el Consejo Directivo trata el cierre del sumario, según los antecedentes citados en la Resolución 366.
- 26 de octubre de 2026: se formaliza la exoneración de Aparicio.
- 30 de octubre de 2026: recibe el acta que le comunica que debe retirarse de la unidad.
- 2 de noviembre de 2026: vuelve con una escribana, retira parte de sus pertenencias y entrega la llave de su oficina.
