La inseguridad en el Conurbano bonaerense volvió a enfrentar al gobierno de Axel Kicillof con La Libertad Avanza. Después de que dirigentes libertarios reclamaran la interpelación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, el Ejecutivo provincial respondió con una defensa de sus políticas y cuestionamientos al recorte de fondos nacionales. El cruce fue recogido por La Tecla.
El encargado de expresar la posición oficial fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien aseguró que la Provincia trabaja para reducir el delito mediante la incorporación de equipamiento, tecnología y coordinación con los municipios. “No solo que nos preocupa, sino que nos ocupamos”, afirmó ante los cuestionamientos opositores.
La presión sobre la administración bonaerense también sumó reclamos desde el propio peronismo. Desde el municipio de José C. Paz, bajo la conducción política de Mario Ishii, exigieron mayores medidas de seguridad y destacaron los recursos municipales que se destinan al sostenimiento de patrullas, cámaras y móviles policiales.
El pedido de interpelación a Javier Alonso
La ofensiva de La Libertad Avanza (LLA) busca que Alonso concurra a la Legislatura bonaerense para dar explicaciones sobre las políticas de seguridad. Entre los dirigentes que impulsaron los cuestionamientos aparecen Sebastián Pareja, Carlos Curestis y Juanes Osaba, en un contexto de preocupación por hechos delictivos en el Conurbano.
El reclamo apunta a colocar la actuación del Ministerio de Seguridad bajo discusión legislativa. Sin embargo, el pedido de interpelación no supone que la convocatoria ya haya sido aprobada: la información difundida no precisa una fecha para una eventual presentación del funcionario ni detalla el avance parlamentario de la iniciativa.
Qué respondió la Provincia sobre el delito
Bianco sostuvo que los indicadores delictivos bonaerenses mejoraron respecto de años anteriores y señaló, especialmente, una disminución de los homicidios. También cuestionó que el Gobierno nacional destaque una reducción del delito en el país mientras sus dirigentes describen una situación crítica en territorio provincial.
Según el razonamiento del ministro, el peso de Buenos Aires en las estadísticas nacionales obliga a considerar el aporte de la Provincia a esos resultados. No obstante, en las declaraciones reproducidas no se detallaron las series, los períodos ni los porcentajes que permitirían precisar el alcance de las bajas mencionadas.
El funcionario reconoció que una mejora estadística no implica que la inseguridad esté resuelta. En ese sentido, defendió la continuidad de un plan que combina patrulleros, tecnología y trabajo conjunto con los gobiernos locales para reducir los delitos que afectan a los bonaerenses.
El reclamo por los fondos para patrulleros
Otro eje de la respuesta fue el financiamiento. Bianco cuestionó al gobierno de Javier Milei por haber interrumpido el envío del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que, según explicó, la administración provincial utilizaba fundamentalmente para sostener políticas de seguridad.
El ministro aseguró que el año pasado estaban previstos $750.000 millones para la compra de patrulleros que no llegaron desde la Nación. Agregó que, frente a esa situación, la Provincia destinó $170.000 millones de recursos propios para afrontar parte de esos gastos. Ambas cifras corresponden al planteo del funcionario.
Con ese argumento, el Ejecutivo bonaerense vinculó las dificultades para ampliar el equipamiento con la pérdida de transferencias nacionales. La respuesta buscó incorporar al debate la responsabilidad del Gobierno nacional en el financiamiento, mientras la oposición reclama explicaciones sobre los resultados de la gestión de Alonso.
Reclamos también desde los municipios
La intervención de José C. Paz agregó presión política sobre Kicillof. El municipio reclamó un refuerzo de la seguridad y puso sobre la mesa el esfuerzo económico que realiza para sostener tareas de prevención y colaborar con el funcionamiento de la Policía Bonaerense.
Así, la discusión reúne el pedido libertario de explicaciones en la Legislatura, la defensa provincial de sus políticas y los reclamos municipales por mayor presencia y recursos. Aunque las posiciones difieren sobre las responsabilidades, el punto pendiente es la respuesta concreta a los hechos de inseguridad que motivaron los cuestionamientos.
