La propuesta de crear cuerpos de seguridad dependientes de los municipios en la provincia de Buenos Aires está lejos de ser una idea novedosa. Casi cuatro décadas antes del actual debate sobre los «vigiladores comunitarios» impulsado desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, Juan Carlos Rousselot, durante su primer mandato como intendente de Morón, lanzó una iniciativa similar que terminó envuelta en una fuerte polémica y fue derogada pocos días después de su anuncio.
En agosto de 1988, Rousselot anunció la creación de un cuerpo municipal denominado «Vigías de la Comunidad», al que en algunos medios también se lo mencionó como «vigías comunales». El proyecto surgió bajo el argumento de que «el pueblo de Morón no aguanta más la falta de seguridad» y contemplaba la conformación de un grupo que recorrería los barrios del distrito con el objetivo declarado de prevenir delitos, alertar a la Policía Bonaerense y colaborar con la seguridad vecinal.
Estaría conformado por móviles del Municipio que manejarían civiles sin armas o ex policías, también sin armas. A pesar de eso, Juan Carlos Rousselot, que lanzó la medida por decreto, no lo pudo hacer prosperar por soledad legislativa. No había logrado el concenso necesario en el Concejo Deliberane para reunir los votos neceesarios para aprobar una ordenanza.
Según el decreto municipal, los integrantes del cuerpo debían patrullar principalmente durante la noche utilizando camionetas de la Municipalidad. Sin embargo, desde el primer momento la iniciativa despertó cuestionamientos acerca de sus atribuciones y del riesgo de superponer funciones con la fuerza policial provincial.
No llegó lejos por falta de credibilidad. Juan Carlos Roussselot asociado siempre a la Triple AAA por haber sido el vocero del Ministerio de Acción Social cuando lo llevaba adelante el despreciable José López Rega, la clase política de Morón vio que el Intendente en verdad estaba creando una fuerza represiva bajo su mando.
Finalmente el proyecto no prospero. Pero es el antecedente prehistórico de la Policía Muncipal, guste o no.
El Concejo Deliberante de Morón expresó reparos sobre la legalidad de crear un organismo municipal con competencias vinculadas a la seguridad pública. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una declaración de rechazo y solicitó información al Poder Ejecutivo acerca de la conformación del cuerpo, si sus integrantes portarían armas, si participarían policías en actividad o retirados y qué medidas pensaba adoptar la Provincia frente a esa decisión.
La controversia también llegó al Gobierno bonaerense. El entonces ministro de Gobierno, Luis Brunati, cuestionó duramente la iniciativa y advirtió: «No sólo hago una crítica jurídica, sino política, porque me pregunto en manos de quién estará la coordinación de ese grupo y quién se responsabilizará políticamente de los riesgos que esto implica». Además, recordó que «la policía es una potestad de la provincia que no ha sido delegada a los municipios en función de contar con una sola fuerza de seguridad».
Las críticas provenientes de distintos sectores políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación apuntaban a que el nuevo cuerpo podía derivar en una fuerza parapolicial sin los controles institucionales previstos por la legislación provincial. La presión política y social fue creciendo y el proyecto terminó teniendo una vida muy breve. De acuerdo con la cronología de la época, el 11 de agosto de 1988 el decreto fue dejado sin efecto, apenas días después de haber sido anunciado.
El episodio quedó como uno de los antecedentes más recordados de la gestión de Rousselot, junto con otras iniciativas que marcaron su paso por la intendencia de Morón durante las décadas de 1980 y 1990. Además, abrió un debate que volvería a repetirse años más tarde en otros municipios bonaerenses.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en julio de 1999, cuando el entonces intendente de Escobar, Luis Patti, propuso la creación de «piquetes armados» para combatir la inseguridad. «Los delincuentes andan armados y nosotros no vamos a salir con gomeras», respondió al ser consultado por la prensa sobre la iniciativa.
La propuesta de Patti también generó una fuerte controversia. El entonces ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, rechazó públicamente el proyecto y llegó a afirmar que pretendía crear «escuadrones de la muerte» y «revivir la Triple A». De ese modo, al igual que había ocurrido once años antes con los Vigías de la Comunidad de Morón, volvió a instalarse el debate sobre los límites legales de los municipios para intervenir en materia de seguridad y el riesgo de conformar fuerzas paralelas a la Policía Bonaerense.
Quiénes rechazaron los proyectos sobre los Vigías de la Comunidad
La investigación sobre los Vigías de la Comunidad sumó un nuevo elemento documental que permite identificar quiénes impulsaron los tres proyectos tratados por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires durante la sesión del 18 de agosto de 1988, en pleno debate por la creación de esos cuerpos de seguridad en distintos municipios.
En el Diario de Sesiones de esa fecha aparecen tres expedientes vinculados con los denominados Vigías de la Comunidad. Hasta ahora se conocía el contenido de cada iniciativa, pero no figuraban sus autores. La documentación incorporada a la investigación de Diario Anticipos permite completar ese dato y establecer qué legisladores promovieron cada uno de los proyectos.
El primero corresponde a la solicitud de informes sobre los «Vigías de la Comunidad» de Lomas de Zamora (Expte. D/548/88-89), presentada por los diputados Oscar S. Bustos, Mario Curzi y otros legisladores. La iniciativa requería al Poder Ejecutivo bonaerense informar si conocía la creación de ese cuerpo, si sus integrantes portaban armas, si participaban policías en actividad o retirados, remitir copia de la ordenanza de creación y precisar si sus funciones interferían con competencias propias de la Provincia.
Justamente en 1988, mientras Juan Carlos Rousselot gobernaba Morón, Hugo David Toledo, quien había asumido el 10 de diciembre de 1987 y gobernó hasta 1991, llevaba adelante Lomas de Zamora, sucediendo a Eduardo Duhalde.
El segundo expediente es la solicitud de informes sobre el cuerpo especial de seguridad de Morón (Expte. D/592/88-89), impulsada por los diputados Horacio Ravenna, Roberto Daniel Díaz, Jorge Carlos Fava y otros. El proyecto solicitaba al Ministro de Gobierno informar si conocía la creación del cuerpo mediante el Decreto Municipal 947/88, si utilizaba armas, remitir copia de la norma que le dio origen, indicar si esa decisión contradecía la legislación provincial en materia de seguridad y detallar qué medidas había adoptado el Gobierno bonaerense.
El tercer expediente, considerado el más relevante para reconstruir la controversia política de la época, fue la declaración de rechazo a los «Vigías de la Comunidad» de Morón (Expte. D/688/88-89). La iniciativa fue presentada por los diputados Ricardo Ferreyra y Luis Rodolfo Almar, quien además se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense.
El texto aprobado expresó: «La Cámara de Diputados de Buenos Aires expresa su rechazo por la implementación en el partido de Morón de los denominados ‘vigías de la comunidad’ por atentar contra una función indelegable del Estado provincial. Como así mismo expresa su apoyo a las manifestaciones vertidas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires».
La identificación de los autores permite completar el contexto político de aquellos debates. La documentación demuestra que la Legislatura provincial no solo promovió pedidos de informes para conocer el alcance y la legalidad de los cuerpos de seguridad creados en Lomas de Zamora y Morón, sino que además adoptó una posición institucional de rechazo frente a la implementación de los Vigías de la Comunidad en el distrito gobernado por Juan Carlos Rousselot, al considerar que invadían atribuciones exclusivas de la Provincia en materia de seguridad pública.
Diferencias: Vigías de la Comunidad (1988) vs. Policía Municipal (2026)
Aunque ambas iniciativas buscaron reforzar la seguridad en el ámbito local, nacieron en contextos legales y políticos muy diferentes. Estas son sus principales diferencias.
| Vigías de la Comunidad (1988) | Policía Municipal (2026) |
|---|---|
| Creación: Decreto Municipal 947/88 de Juan Carlos Rousselot. | Creación: Proyecto de ley provincial. |
| Marco legal: Sin una ley provincial que los habilitara. | Marco legal: Busca respaldo mediante una ley bonaerense. |
| Dependencia: Municipalidad de Morón. | Dependencia: Integración al sistema provincial con gestión municipal, según el proyecto. |
| Funciones: Prevención, patrullaje y aviso a la Policía Bonaerense. | Funciones: Prevención, patrullaje y seguridad local regulada por ley. |
| Armamento: Existían dudas sobre si portarían armas. | Armamento: Regulado expresamente por la futura legislación. |
| Personal: Se cuestionó si participaban policías activos o retirados. | Personal: Ingreso, capacitación y controles previstos por la ley. |
| Reacción política: La Cámara de Diputados pidió informes y luego rechazó su implementación en Morón. | Reacción política: El debate se centra en la aprobación o no de una ley que habilite a los municipios a contar con una fuerza propia. |
| Debate de fondo: La Provincia sostuvo que la seguridad era una función indelegable del Estado provincial. | Debate de fondo: Se discute si esa función puede compartirse con los municipios mediante una ley. |
La principal diferencia jurídica: en 1988 el Municipio de Morón creó los Vigías sin una ley provincial que lo autorizara, mientras que en 2026 la propuesta busca precisamente crear ese marco legal aunque va más que atrasado. Por este motivo, por el atraso, digo, se entiende, Lucas Ghi quiere que se lo apruebe el Concejo Deliberante.
Sería el primero de los otros 134 Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires que lo haga. Si un Policía Municipal llega a cometer un error irreversible, ¿quién asumirá el costo político: el intendente o los concejales? Es mera especulación. Quizás no comentan ningún error irreversible, pero de hacerlo, la responsabilidad recaerá en todo el arco político. Por eso el díficl el concenso y muy malo sería que salga por decreto la Policía Municipal Morón.
La principal similitud política: tanto los Vigías de la Comunidad como la Policía Municipal surgieron con el objetivo de otorgar a los municipios un papel más activo en la prevención del delito y el patrullaje de los barrios.
La diferencia jurídica más importante
En 1988 el gran problema era que la Constitución Provincial y la legislación bonaerense atribuían la seguridad pública a la Provincia. Rousselot creó un cuerpo municipal sin una ley provincial que lo habilitara (para no variar). Ese fue, precisamente, el argumento de la Cámara de Diputados cuando sostuvo que los Vigías atentaban contra una «función indelegable del Estado provincial».
En cambio, el proyecto de Policía Municipal de 2026 parte de una lógica inversa: pretende que sea la propia Provincia la que autorice por ley la existencia de policías municipales. Es decir, intenta crear el marco jurídico que en 1988 no existía.
Pero hay una similitud política
Más allá de las diferencias legales, existe un paralelismo evidente: en ambos casos se busca que los municipios tengan un rol mucho más activo en la prevención del delito y el patrullaje urbano. La diferencia es que Rousselot se adelantó casi cuatro décadas a ese debate, aunque lo hizo sin un respaldo legislativo provincial, mientras que en 2026 la discusión pasa justamente por modificar el marco legal para permitirlo.
