Mientras el Ministerio de Seguridad avanza con una ronda de consultas junto a intendentes de los 135 municipios bonaerenses, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires ya tiene en estudio dos proyectos que apuntan a crear fuerzas policiales bajo conducción municipal o comunal.
Las iniciativas ya ingresaron formalmente a la Cámara de Diputados y comenzaron su trámite parlamentario. Sin embargo, no forman parte del proyecto que elabora el Gobierno provincial para modificar la Ley 12.154 de Seguridad Pública, sino que fueron presentadas por legisladores y siguen un recorrido independiente.
Dos proyectos que ya están en la Legislatura
Actualmente existen dos expedientes que concentran el debate parlamentario sobre la creación de fuerzas locales: 1) Expediente D-323/26-27, presentado por el diputado provincial Carlos Javier Puglelli (Fuerza Patria), que propone crear las Policías Comunales y modificar distintas leyes vinculadas al sistema de seguridad provincial. 2) Expediente D-359/26-27, presentado por el diputado provincial Leonardo José Moreno (Unión por la Patria), que impulsa la creación de la Policía Municipal de Proximidad, con un modelo orientado a la prevención y al trabajo territorial.
El proyecto del diputado provincial Carlos Javier Puglelli titulado «Creando las Policías Comunales en aquellos partidos de la provincia de Buenos Aires que adhieran a la presente ley», es similar al que presentó en 2025.
Reciclado, volvió a presentarlo el 3 de marzo de 2026 e ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 18 de marzo de 2026. Actualmente se encuentra girado a las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios —cabecera del tratamiento—, Asuntos Municipales, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.
La iniciativa plantea establecer un régimen legal para que los municipios que adhieran puedan contar con Policías Comunales, incorporando además modificaciones a distintas normas para adecuar competencias, organización y coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Entre los principales puntos del expediente se destacan: 1) crear las Policías Comunales para los municipios que decidan adherir; 2) crear un Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Comunales, financiado por el Presupuesto provincial; 3) modificar las leyes 12.068, 12.154 —Sistema de Seguridad Pública— y 13.482 —Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires— para incorporar esta nueva estructura dentro del sistema de seguridad bonaerense.
¿Las Policías Municipales tendrían armas letales?
Uno de los aspectos que más interrogantes genera el proyecto del diputado provincial Carlos Javier Puglelli (Fuerza Patria) es el alcance que tendrían las futuras Policías Municipales en caso de que la iniciativa sea aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien el expediente no establece de manera expresa que sus integrantes estarán armados con armas letales, tampoco dispone que deban desempeñarse exclusivamente con armamento no letal. Por el contrario, al modificar la Ley 13.482, incorpora a las Policías Municipales como una nueva estructura dentro de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y no como simples guardias urbanas o cuerpos municipales de prevención.
En ese contexto, todo indica que los efectivos tendrían el mismo carácter de personal policial que el resto de las fuerzas provinciales creadas por esa norma. Entre las principales consecuencias de esa incorporación se destacan: 1) Portarían el armamento que autoricen la reglamentación y la normativa policial vigente; 2) Ejercerían funciones propias de una policía de seguridad dentro del sistema provincial; y 3) No quedarían limitados al rol de agentes de prevención, inspectores municipales o personal de apoyo.
De todos modos, el proyecto no contiene un artículo que establezca expresamente que las Policías Municipales utilizarán armas de fuego reglamentarias. Esa definición quedará sujeta a la reglamentación que eventualmente dicte el Poder Ejecutivo si la ley resulta aprobada.
¿Cómo se financiaría el Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Comunales? ¿Suben los impuestos?
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Comunales, destinado a financiar el funcionamiento de las nuevas fuerzas. Según el texto del expediente, ese fondo se integrará con partidas del Presupuesto General de la Provincia, por lo que en principio, no prevé la creación de nuevos impuestos ni incrementos automáticos de la carga tributaria para los bonaerenses.
En ese sentido, el proyecto no establece: 1) La creación de nuevos impuestos; 2) Aumentos en Ingresos Brutos; 3) Incrementos en el Impuesto Inmobiliario; 4) Subas en el impuesto a los Automotores; y 5) La creación de una tasa específica destinada a financiar la seguridad.
Sin embargo, el expediente deja abierta una de las preguntas más importantes: de dónde surgirán concretamente los recursos para sostener las futuras Policías Comunales. La iniciativa no precisa si el financiamiento provendrá de partidas ya existentes del Ministerio de Seguridad, de reasignaciones dentro del presupuesto provincial, de mayores recursos que eventualmente apruebe otra ley o de mecanismos extraordinarios de financiamiento. Esa definición quedará supeditada a la futura Ley de Presupuesto y a la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.
Precisamente, ese aspecto financiero aparece como uno de los temas que probablemente concentre buena parte del debate legislativo cuando el expediente sea analizado por la Comisión de Presupuesto e Impuestos, ya que los diputados deberán determinar cuál será el costo real de implementar las Policías Comunales y de dónde provendrán los recursos para sostenerlas en el tiempo.
Además, entre sus principales objetivos figuran: 1) crear un régimen legal para fuerzas dependientes de los municipios; 2) establecer funciones de prevención y proximidad; 3) definir mecanismos de coordinación con el Ministerio de Seguridad; 4) modificar la legislación vigente para incorporar esta nueva figura institucional al sistema provincial.
La iniciativa parte de la premisa de otorgar una mayor participación a los intendentes en materia de seguridad pública, aunque siempre dentro de un marco regulado por la Provincia.
Policía Municipal de Proximidad
El Expediente D-359/26-27 es la continuidad parlamentaria del proyecto D-2686/24-25, presentado originalmente por el diputado provincial Leonardo José Moreno, del bloque Unión por la Patria. Su objetivo es crear la Policía Municipal de Proximidad, incorporando esa figura al sistema de seguridad bonaerense mediante una modificación de la Ley 13.482, que regula al personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
A diferencia del proyecto sobre las Policías Municipales del diputado provincial Carlos Javier Puglelli, esta iniciativa no busca únicamente crear una nueva fuerza local, sino instalar un modelo de policía de proximidad, inspirado en experiencias de prevención comunitaria.
La propuesta pretende que los municipios que adhieran puedan contar con efectivos orientados principalmente a: 1) prevenir el delito antes de que ocurra; 2) mantener presencia permanente en los barrios; 3) fortalecer el vínculo cotidiano entre policías y vecinos; 4) intervenir tempranamente en conflictos de convivencia; 5) coordinar acciones con centros de monitoreo, guardias urbanas y demás dispositivos municipales de seguridad.
Esto cinco puntos en que se resumen el proyectyo del diputado Leonardo José Moreno es puro verso:
Casi toda la enumeración describe objetivos o aspiraciones, no competencias concretas. Decir que una fuerza buscará «prevenir el delito antes de que ocurra», «mantener presencia permanente en los barrios» o «fortalecer el vínculo con los vecinos» no define qué facultades tendrá, qué podrá hacer un agente en la calle ni bajo qué límites legales actuará. Ok. Se entiendo, no? Tenemos diputados provinciales para nada.
También puede criticarse que varios puntos son redundantes. La presencia permanente en los barrios suele ser un medio para la prevención del delito, no una función distinta. Del mismo modo, fortalecer el vínculo con los vecinos aparece como una consecuencia esperada del patrullaje de proximidad, más que como una competencia autónoma.
Otro aspecto cuestionable es la falta de precisión jurídica. Expresiones como «intervenir tempranamente en conflictos de convivencia» son amplias y abiertas a interpretación. El proyecto no aclara qué tipo de conflictos comprende, qué facultades concretas tendrán los efectivos ni cuándo deberán dar intervención a la Policía Bonaerense, a la Justicia o a otras autoridades.
Además, el texto omite definir el punto más relevante: qué atribuciones operativas tendrán las Policías de Proximidad. No explica si podrán identificar personas, realizar aprehensiones, efectuar requisas, intervenir en flagrancia, portar determinado armamento o utilizar la fuerza en determinadas circunstancias. Es decir, dedica varios incisos a explicar para qué se crean, pero mucho menos espacio a establecer cómo actuarán.
Finalmente, la coordinación con centros de monitoreo, guardias urbanas y otros dispositivos municipales describe un esquema organizativo, pero no resuelve cómo se distribuirán las responsabilidades entre la nueva fuerza, la Policía Bonaerense y los municipios, un aspecto que suele ser central en cualquier reforma de seguridad.
El proyecto dedica más texto a formular principios generales e intenciones que a definir con precisión las facultades, límites y responsabilidades de la nueva fuerza policial. Esa es una observación técnica que puede sostenerse a partir del contenido del proyecto, sin necesidad de atribuirle intenciones que el texto no expresa.
El concepto de proximidad implica que el policía tenga un conocimiento permanente del territorio donde trabaja. La lógica del proyecto es privilegiar el patrullaje a pie o en móviles asignados a zonas específicas, el contacto directo con comerciantes, instituciones y vecinos, y la detección temprana de problemas de seguridad, en lugar de concentrarse exclusivamente en la respuesta una vez cometido el delito.
En el plano parlamentario, el expediente de Carlos Javier Puglelli fue girado a las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios —como cabecera—, Asuntos Municipales, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos, el mismo recorrido que sigue el proyecto sobre Policías Comunales.
Y la iniciativa no forma parte del proyecto que elabora el gobierno de Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso. Se trata de una propuesta legislativa presentada por un diputado provincial que ya inició su trámite en la Cámara de Diputados. Cuando el Poder Ejecutivo envíe su propia reforma de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, ambos proyectos podrían ser analizados en conjunto y servir como base para un texto unificado.
Ninguno de los dos son parte del proyecto de Kicillof
Un aspecto central es que ninguno de estos expedientes corresponde al proyecto que actualmente prepara el gobierno de Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso.
El Expediente D-323/26-27 y el Expediente D-359/26-27 son iniciativas parlamentarias impulsadas por diputados provinciales y comenzaron su trámite legislativo de manera independiente al proyecto del Poder Ejecutivo. Cuando el Gobierno envíe su propia reforma de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, las tres iniciativas podrían debatirse en conjunto o servir como base para un dictamen unificado.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, viene desarrollando desde julio una serie de reuniones con intendentes de las ocho secciones electorales para elaborar una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, que luego será enviada a la Legislatura. Ese texto todavía no fue presentado oficialmente.
Por ese motivo, hoy conviven dos caminos legislativos diferentes: 1) El del Poder Ejecutivo, que continúa en etapa de elaboración y consultas con los municipios; 2) El de la Legislatura bonaerense, donde ya existen proyectos que comenzaron su trámite parlamentario y que podrían debatirse junto con la futura iniciativa oficial.
¿Podrían unificarse los proyectos?
Sí. Una vez que el Poder Ejecutivo remita su propuesta, lo habitual es que las comisiones legislativas analicen de manera conjunta todos los expedientes que abordan la misma temática.
Durante ese proceso es posible: 1) unificar artículos de distintas iniciativas; 2) incorporar propuestas provenientes de diferentes bloques políticos; 3) elaborar un dictamen consensuado; 4) mantener tratamientos separados si existen diferencias sustanciales entre los proyectos.
Por ese motivo, los expedientes D-323/26-27, de Carlos Javier Puglelli, y D-359/26-27, de Leonardo José Moreno, representan antecedentes legislativos relevantes dentro del debate sobre las policías municipales, aunque no anticipan necesariamente cuál será el contenido definitivo de la reforma que finalmente impulse el Gobierno bonaerense.
