El debate por la continuidad de la Ley de Zona Fría volvió a encender las alarmas tras conocerse que las tarifas de gas residenciales podrían sufrir aumentos drásticos si se avanza con el proyecto oficial para achicar el esquema de subsidios energéticos.
Así, un hogar ubicado en una región fría consume un promedio de 1.052 metros cúbicos de gas al año, frente a los 542 metros cúbicos de las zonas templadas. Esto significa que las familias expuestas a las bajas temperaturas consumen casi el doble (un 94% más) no por una elección de confort, sino por una necesidad biológica y de supervivencia. De concretarse la reforma, las tarifas de gas de las viviendas se disparará, obligando a trabajadores, jubilados y comerciantes a afrontar facturas impagables durante los meses de invierno.
El estudio, elaborado por el Instituto Consenso Federal (ICF) bajo la dirección del ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, coautor de la Ley 27.637, derriba el mito de que el beneficio se asigna de manera indiscriminada o universal en territorio bonaerense.
El mito del subsidio masivo: El beneficio solo llega al 20%
Uno de los argumentos fiscales para justificar el recorte de las tarifas de gas subsidiadas sostiene que la ampliación del beneficio aprobada en 2021 incorporó territorios de manera desmedida. Sin embargo, las cifras oficiales del informe desmienten categóricamente esta interpretación y demuestran el carácter focalizado de la norma.
De los 6.051.550 hogares que componen la provincia de Buenos Aires, el descuento por Zona Fría alcanza actualmente a 1.240.000 usuarios. Esto representa apenas el 20,49% del total del territorio bonaerense. En términos reales, casi el 80% de las familias de la provincia ya queda completamente excluida del beneficio pagando altas tarifas de gas, lo que demuestra que la política atiende únicamente a criterios de rigurosidad climática efectiva.
La trampa financiera del fondo y la sustentabilidad fiscal
El financiamiento del sistema es otro de los puntos de fricción. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se nutre de un recargo del 7,5% sobre el consumo de gas de los usuarios de todo el país. Si bien el sistema mostró superávit sostenido hasta 2023 (alcanzando un saldo positivo de $39.213 millones ese año), la devaluación y la inflación rompieron el equilibrio.
En 2024, el fondo registró un déficit de $54.810,8 millones. Aunque el balance de 2025 arrojó un superávit aparente de $31.823 millones, el informe del ICF advierte sobre una trampa contable: este saldo incluye una transferencia extraordinaria del Tesoro Nacional por más de $40.500 millones. Sin ese auxilio estatal, el sistema habría cerrado con un déficit efectivo de $8.736,8 millones, argumento que el Ejecutivo utiliza para acelerar el ajuste sobre las tarifas de gas.
Intendentes y concejales en pie de guerra por el impacto local
La resistencia al recorte por las tarifas de gas unificó a jefes comunales y legisladores de diferentes signos políticos de la Costa Atlántica y el interior bonaerense. Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, fue tajante al señalar que en su distrito el gas no es un lujo sino una necesidad básica para sostener la salud de la población.
Por su parte, desde Tandil, el concejal Marcos Nicolini advirtió que la exclusión de la ciudad sería un retroceso grave en términos de equidad territorial. Aseguró que Tandil enfrenta inviernos con temperaturas y sensaciones térmicas que suelen ser inferiores a las de varias ciudades patagónicas, donde sí se prevé mantener el régimen subsidiado para no ahogar a los vecinos con las tarifas de gas. En Junín, la concejal Clara Bozzano alertó que la quita afectará transversalmente la economía de pymes, jubilados y profesionales.
El plan para limitar el beneficio a los sectores vulnerables
De acuerdo con un análisis complementario del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el proyecto enviado al Congreso plantea concentrar los descuentos exclusivamente en aquellos hogares que formen parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esto dejaría desprotegidos a miles de usuarios de clase media que, aun viviendo en zonas de frío extremo, perderían la compensación y se enfrentarían a tarifas de gas altas.
CEPA advierte, además, sobre tres vacíos críticos del proyecto de ley:
- Falta de datos: No precisa el ahorro fiscal real que generará la medida.
- Desprotección institucional: Deja en el limbo a entidades de bien público como clubes de barrio, sociedades de fomento e instituciones religiosas.
- Discrecionalidad total: No fija el porcentaje de descuento definitivo, delegando en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar las tarifas por decreto.
El «efecto verano»: El costo oculto del GNL importado
La preocupación por las tarifas de gas no termina con el invierno. El informe de CEPA reveló que el Gobierno implementó un mecanismo transitorio para evitar trasladar de manera inmediata el costo real del Gas Natural Licuado (GNL) que se importa durante los meses de frío extremo.
Actualmente, los usuarios pagan de tarifas de gas un promedio de u$s 3,79 por millón de BTU, mientras que el costo real del GNL importado en el mercado internacional ronda los u$s 20. Esa diferencia abismal es absorbida inicialmente por la empresa estatal ENARSA para contener la inflación actual. Sin embargo, el costo será recuperado mediante el sistema de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), lo que significa que el impacto de este invierno se trasladará a las facturas de los usuarios durante los meses de verano, cuando el consumo residencial disminuye pero las tarifas base aumentarán para compensar la deuda.
Radiografía del consumo y alcance de la Zona Fría:
- Consumo promedio en Zona Fría: 1.052 m³ anuales por hogar.
- Consumo promedio en Zona Templada: 542 m³ anuales por hogar.
- Brecha de consumo climático: Los hogares fríos consumen un 94% más.
- Hogares bonaerenses totales: 6.051.550 viviendas.
- Hogares bonaerenses alcanzados: 1.240.000 (20,49% del total).
La pulseada por las tarifas de gas entra en semanas decisivas. Mientras el Gobierno busca la sostenibilidad fiscal reduciendo los subsidios al mínimo, los informes técnicos y los representantes territoriales advierten que homologar el clima del sur de Buenos Aires con el de las regiones templadas es un error de diagnóstico que empujará a la pobreza energética a más de un millón de familias argentinas.
