Asesinado a sangre fría en Ituzaingó: el crimen de Juan Cruz Leal sumó en las últimas horas nuevos elementos judiciales y testimoniales que refuerzan la acusación contra el oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, integrante de la División Servicio Especial Autopista. El juez de Garantías Ricardo Fraga dictó la prisión preventiva en una causa que ya es investigada como un posible caso de gatillo fácil.
La audiencia clave y el pedido de domiciliaria
El expediente por asesinato a sangre fría tuvo una audiencia determinante donde estuvieron presentes el imputado, su defensa, la fiscal María Alejandra Bonini, el joven sobreviviente —identificado como Daniel—, el abogado de la familia y una representante de la Comisión Provincial por la Memoria.
En ese contexto, la defensa del acusado solicitó prisión preventiva domiciliaria, un pedido que finalmente no prosperó. Según relató Cecilia, madre de la víctima, el comportamiento del imputado durante la audiencia generó aún más indignación: “El imputado no presentó ningún tipo de arrepentimiento. Mencionó que no fue su intención matar a Juan Cruz”.
El testimonio se incorpora como un dato sensible dentro del caso de asesinado a sangre fría, que sigue sumando elementos en contra del oficial.
“Nos hallamos en presencia de una clara manifestación de violencia institucional y violación brutal de los derechos humanos”, afirmó en la resolución el juez Ricardo Fraga, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón. El magistrado avaló el pedido realizado por la fiscal María Alejandra Bonini, que investiga el caso.
El hecho: un crimen bajo la sospecha de gatillo fácil
El caso de asesinado a sangre fría ocurrió el jueves 12 de marzo de 2026, en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo, en el barrio San Alberto, en Ituzaingó.
Según la reconstrucción judicial, Juan Cruz Leal se dirigía a jugar al fútbol con amigos cuando fue interceptado en una secuencia que terminó con disparos de arma de fuego. La versión inicial del policía habló de un intento de robo y de legítima defensa.
Sin embargo, el avance de la causa por asesinado a sangre fría desarma esa hipótesis: las pruebas indican que los jóvenes no estaban armados ni protagonizaban ningún delito al momento del hecho.
El oficial efectuó al menos dos disparos con su arma reglamentaria 9 mm. Uno impactó en la víctima, provocando su muerte horas después. El otro hirió a su amigo, quien sobrevivió y se convirtió en testigo directo.
Las pruebas que sostienen la acusación
La fiscalía construyó el caso de asesinado a sangre fría con una base probatoria que contradice la versión del imputado. Entre los elementos más contundentes aparecen: A) cámaras de seguridad que no registran intento de asalto; B) testimonios vecinales que describen una escena sin conflicto; C) la declaración del sobreviviente; D) peritajes que confirmaron la ausencia total de armas en poder de las víctimas.
Este conjunto fue clave para que el juez avance con la prisión preventiva en el marco de una causa que investiga un posible asesinado a sangre fría con agravantes.
El reclamo de la familia y el impacto social
El caso de asesinado a sangre fría generó una fuerte reacción en el oeste del conurbano. La familia de Juan Cruz Leal, encabezada por su madre, viene encabezando el reclamo público con una consigna clara: “Justicia por Juan Cruz Leal”.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos comenzaron a seguir el expediente, enmarcando el hecho dentro de los casos de violencia institucional. La intervención de la Comisión Provincial por la Memoria refuerza esa línea de análisis.
La causa por asesinado a sangre fría avanza ahora hacia una etapa clave: el juicio oral, donde se definirá si el accionar del policía fue un acto de legítima defensa o un homicidio agravado.
Por lo pronto, el expediente ya dejó una señal contundente: la Justicia consideró que hay elementos suficientes para sostener la acusación más grave. Y el caso de asesinado a sangre fría se encamina a una definición que podría derivar en una condena ejemplar dentro del sistema penal argentino.
