La justicia sancionó a LLA en la provincia de Corrientes por incumplimientos en la rendición de cuentas de la campaña legislativa 2025, donde la lista fue encabezada por Virginia Gallardo. La medida incluye una multa económica y la suspensión de aportes estatales hasta regularizar la situación.
El fallo judicial y las sanciones
El Juzgado Federal Nº1 de Corrientes resolvió aplicar una multa equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido, luego de constatar que no se presentó en tiempo y forma la rendición detallada de ingresos y egresos de campaña.
Además, la resolución —identificada como la número 69— dispuso la suspensión de cualquier financiamiento estatal al sello provincial hasta que se complete la documentación exigida por la Ley 26.215.
La respuesta del espacio libertario
Desde el armado local de Javier Milei, cuya referente en la provincia es Laura Marcoré, emitieron un comunicado en el que aseguraron haber presentado finalmente la documentación requerida tras la intimación judicial.
En ese mismo descargo, el espacio sostuvo que cumplió con la normativa vigente y anunció que apelará la sanción con el objetivo de dejar sin efecto tanto la multa como la suspensión de fondos.
El contexto electoral en Corrientes
Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 renovaron tres bancas en la Cámara de Diputados por Corrientes. En ese escenario, Vamos Corrientes —respaldada por el gobernador Juan Pablo Valdés— se impuso con el 33% de los votos, mientras que la lista libertaria encabezada por Gallardo obtuvo el 32%, quedando en segundo lugar. La tercera banca fue para Unión por la Patria.
La actividad legislativa de Gallardo
Desde su asunción en diciembre, Virginia Gallardo presentó iniciativas mayormente vinculadas a declaraciones simbólicas, como expresiones de reconocimiento o rechazo sobre distintos temas, entre ellos los premios Martín Fierro y episodios políticos recientes.
El episodio judicial abre un frente administrativo para el espacio libertario en Corrientes, en un contexto donde la transparencia en el financiamiento de campañas se mantiene bajo estricta supervisión de la justicia electoral.
