En un escenario de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el magistrado Adrián González Charvay ratificó la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución surge tras el intento del presidente Javier Milei de implementar la norma mediante un decreto que, en la práctica, la dejaba vacía de contenido al no asignarle los fondos necesarios para su operatividad. Ahora, el juez federal de Campana fue tajante: otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno presente informes que acrediten avances reales, advirtiendo que la Ley de Emergencia en Discapacidad no admite más dilaciones, independientemente de las estrategias legales que presente el oficialismo.
Ultimátum de la Justicia por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El fallo judicial no solo ratifica la sentencia de fondo, sino que también establece un cronograma de cumplimiento estricto bajo apercibimiento de sanciones.
El juez recordó que, para el 4 de febrero de 2026, la Ley de Emergencia en Discapacidad debe estar en plena ejecución, lo que implica el desembolso de fondos para prestaciones y pensiones.
Esta decisión pone bajo la lupa a figuras clave del gabinete, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes podrían enfrentar multas personales si se mantiene el bloqueo administrativo a la ley.
La medida judicial llega en un momento político complejo, coincidiendo con la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. Los legisladores rechazaron el intento del Ejecutivo de derogar esta norma y la Ley de Financiamiento Universitario, blindando así las partidas destinadas a los sectores más vulnerables.
Pese a la resistencia de la Casa Rosada, la justicia fue sido clara: el derecho a la asistencia y la cobertura no puede ser supeditado exclusivamente a la voluntad discrecional del presidente.
El impacto fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad frente al déficit cero
Uno de los principales argumentos del oficialismo para evitar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad es la supuesta amenaza que representa para el «déficit cero». Sin embargo, informes técnicos desmienten que el gasto sea inasumible. Según un análisis detallado de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el financiamiento de esta ley para el 2026 representaría apenas entre un 0,22% y un 0,42% del PBI, una cifra que, según los especialistas, el Estado está en condiciones de afrontar.
El informe de la OPC destaca que la inversión necesaria incluye:
- Refuerzo fiscal para la incorporación de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios de pensiones.
- Compensación de emergencia para prestadores del sector por un total de 278.323 millones de pesos.
- Asignación específica para talleres de producción que fomentan la inserción laboral.
Mientras el Gobierno argumenta falta de fondos para la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Presupuesto 2026 convalida resignaciones de ingresos mucho más profundas a través de beneficios fiscales para grandes empresas y sectores exportadores. La reducción de alícuotas en Bienes Personales, la baja de Ganancias para corporaciones y las exenciones fiscales mediante blanqueos suponen una pérdida de recaudación significativamente mayor al costo de implementar la ley de discapacidad.
De este modo, la disputa legal ya no es solo sobre números, sino sobre las prioridades de gestión. Mientras el 4 de febrero aparece en el horizonte como la fecha límite, miles de familias esperan que el cumplimiento de la ley deje de ser una batalla judicial para convertirse en un derecho garantizado.
