Se vuelve a pagar el Alumbrado Público a Edenor a partir de una resolución de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, falló a favor del Municipio de Morón. Gobierno Local había presentado una medida cautelar para volver a incluir en la factura de EDENOR el costo del alumbrado público.
Se vuelve a pagar el Alumbrado Público a Edenor ya que la Justicia Federal falló a favor de Morón y desde el Municipio hicieron hincapié en que «se evitará así un grave desfinanciamiento municipal que podía afectar seriamente a los vecinos.»
La jueza federal de San Martín Martina Forns ordenó hoy “la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación como así también de la Resolución 708/2024 dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad”.
Estas dos medidas desafectaban el pago del Alumbrado Público a Edenor. De esa manera, el Gobierno Nacional reducía de manera aparente el costo del ajuste tarifario que aplicó a uno de los servicios más utilizados junto al gas y el agua corriente. Pero, debía pagarlo el Municipio de Morón a Edenor en el marco de las políticas de ajuste que implementó el Gobierno Nacional de Javier Milei.
Sin embargo, desde el Gobierno Local señalaron que en el Presupuesto 2024, no se contemplaba ese gasto que era millonario y por lo tanto tendrían que hacer un fuertísimo ajuste para poder cumplir con la empresa de energía eléctrica.
El Ente Regulador de la Energía Eléctrica y la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, por orden del Ministro de Economía Luis Caputo, prohibieron a las empresas mantener el convenio que tenían con los municipios para poner en sus facturas el costo del alumbrado. Morón presentó una acción cautelar y salió favorable.
La orden del Ministro de Economía del Presidente Javier Milei, Luis Caputo, prohibían a las empresas distribuidoras de energía eléctrica incluir en sus facturas el costo de la iluminación de calles, parques, paseos y edificios municipales.
Ahora Edenor tendrá que reponer ese cobro en las facturas hasta que salga la cautelar definitiva.
«El Poder Ejecutivo Nacional se ha atribuido la facultad de dictar disposiciones regulatorias, con el argumento que a fin de corregir la crisis que afecta la economía argentina se debe proceder a eliminar las restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, y que, con base en la normativa dictada se vería afectada la percepción parcial de la Tasa de Servicios Generales», dice en la sentencia la jueza federal de San Martín Martina Forns.
A su vez recordó que «la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo.»
Y que «se encuentra acreditado» (…) «que la Municipalidad de Morón firmó un convenio con EDENOR S.A, en el cual le
encomienda y otorga mandato para incluir en las facturas y avisos de pago por consumos de energía eléctrica, como asimismo a percibir en su representación, en forma parcial, la Tasa por servicios de Alumbrado Público».
Y en la resolución, la jueza federal de San Martín Martina Forns señala:
I. Hacer lugar a la medida cautelar interina peticionada por la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires, ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación como así también de
la Resolución 708/2024 dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sin costas por no haber mediado sustanciación.
II. La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio, y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que produzcan el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres (3) días de notificados de la presente resolución.
III. A efectos de notificar lo aquí dispuesto líbrese oficio a las accionadas con copia de la presente, del escrito de inicio y documental, facultándose al letrado interviniente a suscribir dichos IV. En cuanto a la caución, se considera prestada caución juratoria suficiente con la presentación del escrito de demanda atento las amplias facultades conferidas en el poder general para juicios
obrante en autos.(art. 199 CPCCN y Ac. 31/2020 Anexo II).
¿Quién es la jueza federal de San Martín Martina Forns?
Desde abril de 2006 Forns está a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, vacante en ese entonces por la renuncia del juez Adolfo Gustavo Bustos. Hasta ese momento llevaba casi 15 años como secretaria de ese juzgado. Nació en mayo de 1960 y se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983. Ingresó a la Justicia cinco años antes. A poco de cumplir 18 años ingresó a la Cámara Federal del fuero Contencioso Administrativo como auxiliar de séptima y al poco tiempo pasó a trabajar a la Fiscalía de Cámara. Tras obtener el título de abogada comenzó a ejercer la docencia.
En 1985 se incorporó como auxiliar a la cátedra de Teoría General del Derecho a cargo de Martín Laclau en la UBA. Continuó ligada a la universidad durante más de una década, pasando por las cátedras de Jorge Kiper, José Vilanova y Carlos Cárcova. Tuvo un breve paso en 1987 por un Juzgado Civil y Comercial Federal de la Capital Federal y en 1989 se mudó a la Justicia de San Martín. Ingresó como prosecretaria de la Cámara Federal y en septiembre de 1992 fue nombrada secretaria en el Juzgado Federal N° 2, que años más tarde quedaría a su cargo. Ya como jueza federal, además de su intervención en la reforma judicial, rechazó dos amparos que se oponían a la caducidad de la empresa Fibertel dispuesta por la Secretaría de Comunicaciones y se negó a dictar medidas cautelares para permitir la compra de dólares.
En 2013, ante una presentación del Colegio de Abogados de Morón, avaló la aplicación de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En enero 2016 frenó, a través de una cautelar, el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y desplazó su directorio.
En agosto de 2016, suspendió en todo el país los aumentos de energía dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri.
