El negociado de las tierras de «El Palomar»

El «Escándalo del Palomar» o «Escándalo de la Venta de Tierras de El Palomar» comenzó a raíz de una denuncia realizada el 16 de mayo de 1940, por el senador nacional por Jujuy, Benjamín Villafañe. El escándolo fue tan grande que hasta provocó el suicidio de un legislador y la renuncia -no aceptada- del presidente de la República.

El negociado de las tierras de «El Palomar». Todo comenzó el 5 de setiembre de 1937. Ese día se realizaron las Elecciones Generales que llevaron a la Presidencia de la Nación al doctor Roberto M. Ortiz, candidato conservador, línea radical antipersonalista quién había prometido una elección sin fraude que no llegó a cumplirse en la Provincia de Buenos Aires, territorio de Manuel Fresco.

El 5 de setiembre de 1937 Roberto M. Ortiz junto a Ramón Castillo como la fórmula conservadora que entre cosas, prometía limpiar los comicios, lo que nunca ocurrió, asumen como Presidente y Vicepresidente.

Ya entonces, en la provincia de Buenos Aires, desde el 18 de febrero de 1936 gobierna Manuel Fresco de manera absolutamente discrecional. La Legislatura no existe y los decretos están a la orden del día. Fresco y su vicegobernador Aurelio Amoedo, dirigente de la localidad de Marcos liberan el territorio y lo hacen apto para cualquier negocio. Después de todo, la fórmula gana de la misma manera que ganaría Roberto Ortíz, gracias al fraude y la violencia.

El pueblo le tiene miedo a Manuel Fresco, tanto por su gravitación en el seno del partido oficialista como por el poderío que ejercía el entorno, especialistas en fraudes digitados, violencia, y proscripción política. Entre ellos, Roberto Noble (años después dueño de Clarín), Ministro del Interior de la Provincia de Buenos Aires junto a Manuel Fresco prohibirá el ejercicio público o privado del Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y los Anarquistas.

Y para colmo, casi tres años después de la asunción fraudulenta de Manuel Fresco, de Roberto Ortíz y del resto de los conservadores, un 16 de mayo de 1940 en el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación, el senador por Jujuy Benjamín Villafañe pide la palabra y desata el escándalo: «Voy a pedir al Honorable Senado el nombramiento de una comisión Investigadora que ponga en claro la verdad o falsedad de las denuncias que me han llegado por conductos que considero insospechables y que voy a transmitir a los señores senadores.»

Roberto Ortíz, para entonces sufría un cuadro severo de diabetes, prácticamente no veía y los cuidados eran extremos por lo que finalmente renuncia el 27 de junio de 1942 a su cargo sin que jamás se supiera si fue por estar implicado en la compra viciada de los terrenos. Lo cierto es que el 5 de julio de 1940 asume la conducción del país el vicepresidente Ramón S. Castillo en medio de la conformación de la Comisión Investigadora y un nacionalismo extremo en la calle furioso.

«El 24 de abril de 1939 -continuó Benjamín Villafañe– ante el escribano mayor de gobierno, se firmó una escritura por la cual las señoritas Pereira Iraola vendían a Don Néstor Luis Casás una fracción de tierra ubicada en el Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, compuesta de una superficie de 2.227.548 metros 3.583 centímetros, a razón de 65 centavos el metro, lo que hace un total de $ 1.447.906,42 moneda nacional. Estas tierras fueron ofrecidas por sus propios propietarios al gobierno de la Nación al precio 80 centavos el metro cuadrado y el Gobierno hizo una contra oferta de 30 centavos la que no fue aceptada. Interviene entonces el señor Néstor Luis Casás, quien pidió a los vendedores nuevo precio para ofrecer la propiedad al gobierno, con la condición de que si se obtuviese una mejoría la diferencia quedaría a su favor, como consta en el boleto de venta, fechado el 22 de diciembre de 1937, que se firmó al precio de la primera escritura mencionada».

Ahora bien, Benjamín Villafañe agrega: «En virtud del artículo 27 de la ley número 12.360 que facultaba al Poder Ejecutivo para adquirir los campos denominados ‘

de Caseros’ o ‘Caseros’, ubicados en el Partido General San Martín, por un precio no superior de $ 1.10 el metro cuadrado, se presentó el señor Néstor Luis Casás, por intermedio de su apoderado, el señor Jacinto Baldasarre Torres, ofreciendo al Ministerio de Guerra los terrenos de referencia al precio invariable de $ 1.10 el metro cuadrado. (Y) con fecha 31 de diciembre de 1931, se dictó un decreto en acuerdo de ministros por el cual se disponía la adquisición de los mismos y se autorizaba a la Dirección General de Ingenieros del Ejército del Ministerio de Guerra a celebrar la operación por un precio no superior a $ 1.10 el metro cuadrado».

«Tasado el terreno por todas las reparticiones, que tenían atinencia con el asunto –prosigue Benjamín Villafañe–, afirmaron que el precio solicitado por los interesados era exorbitante, en virtud de tratarse de terrenos bajos e inundables y que el que correspondía era de 19 centavos el metro cuadrado. El que fue más tarde elevado a 40 centavos el metro cuadrado por una reconsideración formulada por el peticionante.»

Bien. Hagamos una síntesis hasta acá: las tierras que hermanas Pereyra Iraola estaban dispuestas a vender en $ 0,65 el metro cuadrado, oferta que fue rechazada por el Gobierno Nacional. Pero Néstor Casás logra el venderlas a $ 1,10 el metro cuadrado al Ministerio de Guerra y obtiene el doble de ganancia por metro cuadrado y dispara la investigación.

Los comprobantes se encuentran en la Escríbanía General de Gobierno. Ahí encuentran la escritura celebrada entre el mencionado Néstor Casás y el Gobierno Nacional. Y en la Escribanía de Fernández Madero encuentran las escritura que da origen al negociado.

Una escritura celebrada entre las hermanas Pereyra Iraola y el señor Néstor Casás, por el precio de $ 0,65 el metro cuadrado, exhibe el senador Benjamín Villafañe y acto seguido pide una Comisión Investigadora ya que al comprar el metro cuadrado en $ 0,65 y venderlo en $ 1,10, Néstor Casás se quedaba con $ 0,45 de ganancia neta sobre una oferta que el Gobierno Nacional en principio había rechazado porque ser tierras anegables.

El senador Benjamín Villafañe vuelve a sorprender y propone que se apruebe sobre tablas la formación de la Comisión Investigadora que será integrada por senadores de todas las tendencias políticas. Se designa presidente de la comisión al socialista Alfredo L. Palacios, y como integrantes a Gilberto Suárez Lago (conservador), y Eduardo Laurencena (radical). Pero durante el transcurso de la investigación, Eduardo Laurencena es separado de la Comisión Investigadora por comprobarse que un familiar suyo estaba involucrado en el negociado. En su reemplazo es nombrado González Iramain (socialista).

De la investitgación de la Comisión Investigador que preside Alfredo Palacio, surge que en 1934, las señoras María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas, gestionan en forma directa la venta de su campo al Ministerio de Guerra. La Dirección General de Ingenieros, organismo encargado de las tasaciones, fija un precio máximo de 19 centavos por unidad métrica, pero la oferta es rechazada.

Para diciembre de 1937, las propietarias suscribieron un contrato privado de compraventa con Néstor Luis Casás ante el rechazo del Ministerio de Guerra. A Néstor Casas se las vendieron a $ 0,65 el metro cuadrado, fijándose para la escrituración de la venta un plazo de 120 días y además, la prohibición por parte del comprador de ceder o transferir el contrato.

Aquí comienza el delito de Néstor Casas y su apoderado Jacinto Baldasarre Torres. Operan para vender los terrenos al Gobierno Nacional para que se expanda el Colegio Militar de la Nación y ofrecen el inmenso lote a $ 1.10 el metro cuadrado.

El 22 de diciembre de 1937, el apoderado Jacinto Baldassarre Torres se presenta ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación ofreciendo la venta del campo al $1,10 el metro cuadrado.

La oferta estaba respaldada en el interés del Ministerio de Guerra ya que los terrenos estaban en las cercanías del Colegio Militar de la Nación en El Palomar, en aquel entonces parte de Parque San Martín. Y por lo tanto su adquisición permitiría ampliar las instalaciones de este Instituto Militar y unificar el acantonamiento de Campo de Mayo, lo que se constituyó en un argumento decisivo para la venta.

El terreno y sus alrededores se conocían como las Tierras de El Palomar justamente porque custodiban el inmenso palomar que aún en la actualidad sigue en pie.

La Comisión de Presupuesto acepta la compra y faculta al Poder Ejecutivo a adquirir la fracción de tierra ubicada en el partido de General San Martín a un precio no mayor a $ 1,10 el metro cuadrado.

El expediente por la compra llega a manos del Presidente Roberto Ortíz quien lo rechaza, señalando que deben figurar los títulos que documenten que la propiedad es de Néstor Casás. Pero los esfuerzos y la enorme operación de Néstor Casás finalmente logra que la venta se efectiva a pesar de no cumplir código alguno.

¿Qué códigos? La cancelación de la hipoteca que gravaba los terrenos siguió vigente; la venta es engañosa por que Néstor Casás, representado por Jacinto Baldassarre Torres, figura como adquiriente cuando no lo es porque no desembolso dinero alguno y es una «venta puente» al gobierno Gobierno Nacional.

O sea, Néstor Casas que debía constituirse a los 120 días con la totalidad del dinero, vende con un simple papel las Tierras de El Palomar.

El Diario Crítica lo explicó a la perfección. «La delictuosa operación consistió en que Néstor Casás y Jacinto Baldassarre Torres hicieron el negocio sin desembolsar el dinero gracias a la complacencia de quienes intervinieron en la tramitación. La escritura de traspaso de la propiedad (de María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas) a Néstor Casás; (y la de Casás) al gobierno y la cancelación de una hipoteca de 700.000 pesos que gravaba el bien, fueron firmadas simultáneamente en dependencias del Banco Central, a pesar que dos de ellas aparecen suscriptas en La Plata. La simultaneidad permitió a Néstor Casás y Julián Baldassarre Torres, que no invirtieran un centavo en la operación a pagar con los 2.450.000 pesos en títulos que recibieron de manos del Gobierno; 1.447.000 pesos a las señoras Herrera Vega y quedarse con el resto ($1.003.000). Por su parte los citados también en el acto cancelaron la hipoteca que gravaba el campo, ya que la venta hubiera sido imposible sin liberarlo antes de la deuda. El dictamen de la Comisión (Investigadora que presidió Alfredo Palacios) estableció que para llegar a ese resultado, fue necesario realizar muchas transgresiones a la Ley, violaciones de normas administrativas e incluso adulterar documentos públicos.»

Frente a esto, Jacinto Baldesarre Torres comete un error. No vende los títulos para convertirlos en dinero efectivo y pagar a sus cómplices y esto ayudó a la Comisión Investigadora que incluso logró someterlo a un interrogatorio. Durante el interrogatorio discute con Gilberto Suárez Lago quien trata de hacerle confesar a quienes había dado parte de los títulos público que podían cambiar por efectivo.

Jacinto Baldassarre Torres con ambigüedades, tales como pago de deudas a familiares, los cuales por pudor (dijo) deben quedar en el anonimato, pérdidas en negocios y hasta poniendo como pretextos puerilidades, como «programas» tipo femenino, o juegos de azar, intenta confundir a su interrogador desconociendo que ya estaban en poder de la Comisión Investigadora las pruebas pertinentes. En efecto, un informe del organismo estatal que hacía a la cuestión y de las instituciones crediticias en implicadas, revelaron la comercialización de los títulos y los nombres y apellidos de sus tenedores. La denuncia, pues, tuvo como corolario el eficaz desempeño de la Comisión Especial Investigadora.

El periodismo le dio amplia difusión y el país se aprestaba a tomar conocimiento de los entretelones de una estafa al gobierno. Y pese a la reserva que observaron en todo momento los senadores que investigaban, muchos nombres circularon en las versiones propaladas.

Mientras circulaban nombres en la calle la Comisión Investigadora iba encontrando uno a uno a los responsables siguiendo la ruta de los bonos.

Por caso, Alianza de la Juventud Nacionalista ya había hecho su aparición. Y sus integrantes aguardaban el informe de la Comisión Investigadora para reclamar renuncias y decir a gritos que los políticos eran todos corruptos. El momento les resultaría propicio para desplegar una acción directa, tal como aspiraban sus dirigentes.

Al establecer esa responsabilidad, el doctor Eduardo Laurencena, unido al doctor Doctor Miguel A. Aguirrezabala por lazos de parentesco y de solidaridad política, ha preferido renunciar. Entre los beneficiados del sonado affaire, de un diputado de tendencia radical, elegido por la Capital Federal, el cual habría recibido 33.000 pesos como participación; de un ex diputado de tendencia conservadora, ex presidente de la cámara baja, que habría recibido el doble de esa suma de un agente de bolsa al cual le entregara títulos para su negociación, depositando luego el valor de los títulos, a su nombre, en un banco de la metrópoli; de un diputado de tendencia radical, recientemente reelecto por una provincia del  litoral, que habría recibido la misma suma que el primero de los aludidos, de un ex diputado por una provincia andina, el cual aparecería con una participación mucho más grande que se hace ascender a 400.000 pesos.

También ha trascendido que dos ex diputados, que actualmente desempeñan el cargo de gobernadores en una provincia del norte y en una provincia mesopotámica, se encuentran gravemente comprometidos, no por haber recibido dinero emergente del turbio asunto, sino por haber tolerado su tramitación, a pesar de conocer la misma en sus detalles.

Asimismo, se vio que el escándalo brindaba argumentos a los grupos políticos extremistas, deseosos de reafirmar su convicción de que los gobiernos democráticos propician la corrupción y dan espacio de maniobra a los políticos venales. Las juventudes nacionalistas lideradas por Juan Queraltó ganaron las calles, apedrearon y gritaron “¡Que se vayan los ladrones!” y otras cosas por el estilo. Hubo ruidosas manifestaciones, en las que también intervinieron personas sin especulaciones políticas, imbuidas tan solo por el afán de repudiar la corrupción.

El informe de la Comisión Investigadora

El 7 de agosto de 1940, Alfredo L. Palacios declara públicamente que la Comisión Investigadora designada por el Senado para investigar las denuncias presentadas por el senador Benjamín Villafañe ha terminado su tarea. Y añade: “Ayer hemos firmado el despacho con una gran amargura en el alma, pero con el convencimiento profundo de que servimos legalmente al país.”

Alfredo Palacios sostuvo que las escrituras eran nulas, que el procedimiento de la Contaduría General de la Nación, que hizo el pago era irregular y violatorio de la Ley de Contabilidad y que el ministro de Guerra había faltado al cumplimiento de los deberes del funcionario público.

Los implicados

Seguidamente se menciona a miembros de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación 1936 a 1938 indicándose los títulos recibidos como coimas y el dinero obtenido con su liquidación. Son ellos:

Juan G. Kaiser, ex presidente de la Honorable Cámara de Diputados, con 137.000 títulos, que liquidados le produjeron $ 126.925,18 moneda nacional.

Doctor Gregorio Raúl Godoy, ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa misma Cámara, con 177.000 títulos, y, además, $ 140.689,26 moneda nacional en un cheque de Jacinto Baldasarre Torres.

Doctor Miguel A. Aguirrezabala, con 30.000 títulos, los que vendidos le produjeron $ 25.373,85 moneda nacional.

Diputados José Guillermo Bertotto y doctor Víctor Juan Guillot -entonces Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación-, con 15.000 títulos que llevan juntos -el 26 de abril de 1939- al Banco Español del Río la Plata Limitado, a cuyo gerente general, Eduardo Grané, piden que se venden en plaza sin consignar el nombre del vendedor, razón por la cual aparece en el libro rubricado del comisionista oficial de bolsa.

Manuel Fernández Rivas, como vendidos por «Eduardo García», nombre supuesto de persona inexistente. El producido de dichos títulos, $12.612,48 moneda nacional, lo recibió el diputado José Guillermo Bertotto el día siguiente, de manos del señor Eduardo Grané.

Franklin Fernández Lusbín, empleado de Obras Sanitarias de la Nación.

Agustín Marcelo Echevarrieta, empleado de la Cámara de Diputados y ex secretario del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Gregorio Raúl Godoy, que recibieron del señor Jacinto Baldassarre Torres en títulos la suma de $ 167.500 y $ 10.100, respectivamente.

El General Alonso Baldrich, que recibió de Jacinto Baldassarre Torres 10.600 títulos, los que vendidos le produjeron $ 8.871,39 moneda nacional.

Finalmente, se especifica que Néstor Luis Casás y Jacinto Baldassarre Torres habrían incurrido en notoria responsabilidad penal.

Luego entra en el análisis la nómina completa de los beneficiados por el turbio negociado y el monto obtenido en la venta de los títulos. Aquí ofreceremos, tan solo, una síntesis.

•Elías Tobías. Vende títulos por valor de $ 74.000; Miguel A. Aguirrezabala, deposita cinco láminas de $ 5.000 m/n., cada una, lo que le produce una ganancia líquida de $ 25.373,85 m/n; Franklin Fernández Lusbín; vende más de una treintena de láminas de distintas cotizaciones, lo que totaliza $ 165.500 m/n.; Alonso Baldrich, deposita en su cuenta en el Banco de la Nación Argentina 15 láminas de $ 500 m/n. cada una, 3 de $ 1.000 m/n. cada una y una de $ 100, vendidos por un comisionista arrojan un valor nominal de $ 8.871,39 m/n.                

•Cristian Fernández Madero. Este escribano recibe en calidad de honorarios 7 láminas de $500 m/n., cda una; 2 de $ 5.000 m/n., cada una. El valor nominal de la operación es de $ 13.500 m/n.

•Enrique Garrido, también escribano. También en calidad de honorarios acusa 7 láminas de 5.000 m/n. cada una, lo que significa $ 35.000 m/n.

•Lucila Sánchez Caballero o Lucila Baldassarre Torres de Sánchez Caballero. Figura en la nómina con 2 láminas de $ 500 m/n., cada una. El valor de la operación asciende a $ 1.000 m/n.

•María Angélica Baldassarre Torres. Deposita en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 40 láminas de $ 100 m/n., cada una; 10 de $ 500 m/n., cada una, las que una vez vendidas dan una ganancia de $ 9.000 m/n.

•Néstor L. Casás. La lista indica: 36 láminas de $500 m/n., cada una; 9 de $ 5.000 m/n., cada una, y 3 de $ 100 m/n., cada una; valor nominal: $ 63.300 m/n.

•Juan G. Kaiser. Las cifras totales hablan de 19 láminas de $ 5.000 m/n., cada una y 2 de $ 1.000 m/n., cada una. El producido de la venta alcanza a $ 126.925,18 m/n.

•Gregorio Godoy. Se le encontró 33 láminas de $ 5.000 m/n., cada una y 12 de $ 1.000. La suma del producido total es de $ 140.689,26 m/n.

•Agustín M. Echevarrieta. Deposita en su cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 10 láminas de $ 1.000 m/n., cada una, y 1 de $ 100 m/n., por un valor nominal de $ 10.100 m/n. Estos títulos son retirados y depositados en el mismo banco pero en la cuenta de Jacinto Baldassarre Torres; posteriormente son vendidos y acreditados a la cuenta de Baldassarre Torres.

• Jacinto Baldassarre Torres. Deposita en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 40 láminas de $ 500 m/ n., cada una; 100 de $ 1.000 m/n., cada una y 92 de $ 5.000 m/n., cada una, por un valor nominal de $ 560.000 m/n. El nombrado retira títulos por valor de $ 333.000 m/ n. que la investigación llega a considerar que fueron distribuidos entre Gregorio Raúl Godoy, Juan G. Kaiser. Aparentemente -dice el informe- retiene en su poder tres láminas de $ 5.000 m/n., cada una, números (…) y 4 láminas de $ 1.000 m/n. cada una, números (…) por un valor nominal de $ 19.000 m/n. Además quedaron depositados en el Banco de la Provincia, en la cuenta de Jacinto Baldassarre Torres 755 láminas de $ 1.000 m/n., cada una, números (…) por un valor nominal de $ 55.000 m/n.” Se consigna seguidamente un nuevo depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires; una nueva partida de títulos formada por 11 láminas de $ 5.000 m/n., cada una, por un valor nominal de $55.000 m/n.

A renglón seguido se detalla ventas de títulos, nuevos retiros de títulos de los bancos, depósitos de parte de ellos en la cuenta de María Angélica Baldassarre Torres, y nuevas ventas, en distintas fechas.

En forma definitiva los montos en pesos moneda nacional derivados de la operación nominal de los títulos, da el siguiente resumen:

• Jacinto Baldassarre Torres: $ 508.600

• Escribano Cristián Fernández Madero: (honorarios y gastos) $ 13.500

• Escribano Enrique Garrido (gastos) $35.000

• Juan G. Kaiser: $137.000

• Néstor L. Casás: $63.300

• María A. Baldassarre Torres: $9.000

• Lucía Baldassarre Torres de Sánchez Caballero: $1.000

• Alonso Baldrich: $10.600

• Franklin Fernández Lusbín: $165.500

• Miguel A. Aguirrezabala: $30.000

• Ana Gómez: $35.000

• José Guillermo Bertotto–Guillot: $15.000

Quedaron sin determinar un equivalente a $ 68.000 m/n.

La Renuncia de Roberto Ortíz

Al hacerse público el informe de la Comisión Especial Investigadora vuelven a producirse manifestaciones callejeras.  Los desórdenes alcanzan a centros universitarios, particularmente en la Facultad de Medicina, adonde intervienen efectivos policiales para aplacar los ánimos y llevarse a varios estudiantes detenidos.

La revista Ahora publica numerosas fotografías de los tumultos. Y dice como epígrafe de una de ellas: “Durante más de media hora se prolongó la lucha sostenidas por las fuerzas policiales con los elementos de la  Alianza de la Juventud Nacionalista que, reunidos en grupos en la calle  Florida  y adyacentes, intentaban realizar un mitin en la intersección de aquélla con la de Corrientes, para dirigirse luego en manifestaciones hasta la Casa de Gobierno, pero la policía defraudó sus planes.”

El despacho de la Comisión Investigadora estalló como una bomba en el Congreso, en la Casa Rosada, en los organismos partidarios, pero donde produjo mayor conmoción fue en la conciencia pública antidemocrática asombrada por las conclusiones del informe, las acusaciones de “coimeros”, que involucraban a legisladores, funcionarios y a un general en situación de retiro.

Hubo algún tipo de reacción por parte de algunos de los implicados. La primera partió de Víctor Juan Guillot y José Guillermo Bertotto; ambos solicitaron por nota su propio desafuero para poder ser sometidos a la Justicia.

Por parte de Juan G. Kaiser, la reacción se limitó a publicar una carta en que expresaba que por sus habían pasado los títulos, pero que eso no significaba que tales títulos le pertenecieran; añadía que los miembros de la Comisión Investigadora, apartándose de las normas, no habían querido escucharle.

El general Alonso Baldrich también hizo una declaración pública; en ella aducía que los títulos se los había entregado Jacinto Baldassarre Torres en pago de una deuda. Hubo, también, otros descargos, pero tan inconsistentes que sólo movieron al desprecio.(12 )

Así llegamos a la tercera “bomba” de este singular “affaire” (la primera fue la denuncia y la segunda el conocimiento público del despacho de la Comisión Investigadora señalado a los cómplices del cohecho.

El 27 de junio de 1942 presenta la renuncia el Roberto Ortíz, la que está concebida en estos términos: “El Honorable Senado de la Nación me ha implicado -sin nombrarme- en su pronunciamiento sobre la investigación realizada con motivo de la compra por el Estado de las tierras de El Palomar. Mi investidura resulta así salpicada en el negociado promovido por un grupo de ciudadanos inescrupulosos, algunos de los cuales son o han sido miembros de ese Parlamento, elevada jerarquía que pusieron al servicio de sus propósitos inconfesables. Nadie -que no sea un malvado- podría insinuar siquiera que yo haya encubierto o facilitado la venalidad en ningún momento de mi ya larga vida política y de funcionario, concepto en que incluyo al señor ministro de Guerra, el dignísimo general don Carlos D. Márquez. Protesto y no acepto la intención de vincularme a esta menguada confabulación de intereses -que repudio y condeno-, en la que se ha puesto al Poder Ejecutivo como cabeza de proceso, rompiendo el equilibrio que debe existir entre los dos poderes como condición necesaria para la permanencia de nuestra organización institucional. No se ha excluido la posibilidad de tan irritante equívoco y es por ello que envío a vuestra honorabilidad mi renuncia de presidente de la Nación Argentina, a cuya alta magistratura fui elevado el 20 de febrero de 1938 por la voluntad soberana del pueblo de la República. El escándalo de las tierras de El Palomar ha sido puesto enfrente de nuestro sistema democrático como si fuera una consecuencia necesaria del mismo, relación que se establece para conmoverlo, El afán de lucro deshonesto es resultante de la imperfección humana y no consecuencia de ningún orden institucional. Se ha querido establecer la verdad y eso es necesario y plausible, pero es sugerente que no se haya profundizado más la investigación a fin de poner en descubierto las raíces mismas del negociado que apuntan en las entrelineas del proceso.”

El último párrafo añade a la renuncia -de por sí de tono dramático- una cuota de inquietud. Roberto Ortíz acusa en forma explícita de no haberse profundizado la investigación, lo cual suscitaría ardientes reacciones de parlamentarios y reflexiones periodísticas. Vale decir que, según el criterio del presidente renunciante, no se había llegado “a las raíces mismas del negociado.” En consecuencia, ello da pie a diversas conjeturas y hace reflotar las versiones sobre un trasfondo político, destinado a resquebrajar el andamiaje de la cruzada por la pureza electoral.

La Asamblea Legislativa trató la renuncia pero no fue aceptada. Y Roberto Ortíz retirar la renuncia.

La presidencia de la Cámara de Diputados en el decreto de honores, establece: “Habiendo fallecido en la fecha el diputado nacional Víctor Juan Guillot por el distrito de la Capital Federal, quien ejerció esa honrosa representación durante varios períodos dedicando al desempeño del cargo relevante condiciones de parlamentario, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación resuelve: -Ordenar que la Bandera Nacional sea izada a media asta por el término de 3 días en el edificio del Congreso en señal de duelo por el fallecimiento del señor Diputado Nacional Víctor A . Víctor Juan Guillot. Designar una comisión integrada por los señores diputados José Luis Cantilo, Ismael López Merino, Romeo D. Saccone, Américo Ghioldi, Fernando de Prat Gay, Pío Pandolfo, Urbano de Iriondo y José Aguirre Cámara, para velar y acompañar los restos del extinto. Dirigir nota de pésame a la familia.”

En el sepelio hacen uso de la palabra los diputados nacionales Eduardo Araujo, Manuel Pinto (h), Luis García Conde y el concejal Luis L. Boffi.

El periodismo lo recuerda con respeto, resaltando sus cualidades de escritor de prosa fluida. Su figura adquiere las características del hombre acosado, pero no corrupto, y su participación en el nefasto episodio que lo llevó a la trágica determinación de quitarse la vida, está asociada a la misteriosa “Ana Gómez”, la mujer que comerció gran parte de los títulos por él recibidos, y con la cual se le atribuyó una relación de muchos años.

Es por ello que se tiende un manto de piadoso silencio con respecto a la responsabilidad que le cupo en la inserción del artículo 27 en la Ley de Presupuesto. La comisión Investigadora que se crea en el ámbito de la Cámara Baja para la investigación pertinente, no lo nombra. En el banquillo de los acusados permanece José Guillermo Bertotto, solo, aguardando el fallo.

En la sesión del 9 de agosto, la Cámara de Diputados había considerado el dictamen de la Comisión Investigadora del Senado, en cuanto a las responsabilidades de los diputados involucrados. Hablan los diputados José L Cantilo, Reynaldo A. Pastor, Adolfo Lanús, Américo Ghioldi, Fernando de Prat Gay, Emilio Ravignani, Juan I. Cooke, Juan E. Solá, Reginaldo Manubens Calvet, y Carlos Sánchez Viamonte. Hay discrepancias.

Finalmente, se resuelve designar una comisión especial integrada por cinco miembros, para que “en el plazo no mayor de quince días estudie e investigue la situación de los diputados afectados por las conclusiones a que llegó la Comisión Investigadora designada por el Honorable Senado de la Nación, en la adquisición de los terrenos de El Palomar y aconseje a la Cámara si es el caso de la aplicación del artículo 58 de la Constitución.”

Dicha comisión es integrada por Adolfo Lanús, Vicente Solano Lima, Solano Peña, Emilio Ravignani y Carlos Sánchez Viamonte; la que se expide en la sesión del 29 de ese mismo mes.

En su informe final establece que la investigación se circunscribió exclusivamente al legislador inculpado y a lo relacionado con el trámite del artículo 27 de la ley de presupuesto para 1938; que se tomó como base el trabajo de investigación realizado por el Senado, pero ampliando la información existente con declaraciones, peritajes, careos y todo género de pruebas. “Constituida a las pocas horas de designada -añade- la comisión trabajó con empeño en el cumplimiento de su cometido, celebrando sesiones diarias, algunas muy prolongadas. Escuchó al afectado y analizó prolijamente los antecedentes reunidos por la comisión de senadores. “Producidos los peritajes, declaraciones, careos, informes y comprobaciones de que da cuenta el voluminoso orden del día de este asunto, la comisión deliberó durante dos sesiones acerca de los resultados, resolviendo por unanimidad que era llegado el caso de aplicar el artículo 58 de la Constitución Nacional. Así lo aconseja, fundada en la naturaleza de los actos de participación de que es responsable el diputado José Guillermo Bertotto.”

Las conclusiones finales establecen que el artículo 27, texto definitivo de la ley de presupuesto para 1938, fue introducido irregularmente “con propósitos inconfesables” sorprendiendo la buena fe de los demás legisladores que lo sancionaron.

Las Condenas

Las sentencias definitivas son dictadas por la Cámara Federal el 6 de abril de 1945

Antes de arribarse a ello, en una primera instancia el juez federal, doctor Fox, había declarado comprobado el delito de defraudación, condenando a los procesados, Néstor Luis Casás, Jacinto Baldassarre Torres, Juan G. Kaiser, Gregorio R. Godoy, Miguel Aguirrezabala y Franklin Fernández Lusbin, a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos, absolviendo a José Guillermo Bertotto por talla de prueba en su contra.

La Cámara en un extenso auto analiza la situación de cada uno de los inculpados, y llega a las conclusiones siguientes:

• Juan Gregorio Kaiser. Tuvo en su poder títulos de los que el gobierno pagó para adquirir las tierras, y que fueran percibidos por Baldassarre Torres. “La explicación dada -dice textualmente- para justificar su posesión son absolutamente inverosímiles, pues se ha apartado de la verdad, no sólo en todo cuanto expresó sobre la supuesta intervención de un comerciante de Luján, sino también al negar la venta efectuada por intermedio de un comisionista de Bolsa.

“El informe pericial del químico de la policía pone de manifiesto las maniobras de Juan G. Kaiser para hacer desaparecer su intervención como vendedor de los títulos y la percepción del importe correspondiente.

•Gregorio Raúl Godoy. Poseyó 177.000 pesos en títulos del negociado, además de 140.689 en efectivo; sumas que manejó exclusivamente sin que apareciera explicación satisfactoria alguna que demostrara la legitimidad de la posesión.

•Miguel A. Aguirrezabala. Aparece recibiendo 30.000 pesos de los mismos títulos. Su complicidad en la defraudación al Estado es concluyente, ya que las explicaciones dadas para justificar la adquisición de tales títulos lejos de revelar su buena fe, son inaceptables por inverosímiles, pues la intervención de un comisionista es infundada, y resulta asimismo lógico y harto sugestivo que los supuestos vendedores de estos títulos Baldassarre Torres, y comprador Doctor Miguel A. Aguirrezabala, solicitando los servicios del corredor, toda vez que éste no estaba matriculado ni podía realizar operaciones de tal naturaleza.

• José Guillermo Bertotto. (absuelto por el doctor Fox, juez federal) El Tribunal expresa que está debidamente comprobado que la Cámara de Diputados lo excluyó de su seno, por haberse beneficiado en la distribución de las ganancias ilícitas logradas a través del negociado, que le reportaron 15.000 pesos en títulos nacionales, siendo la prueba reunida concluyente, como es la declaración del gerente del Banco Español del Río de la Plata, Eduardo Grané, y a la del corredor de bolsa Fernández Rivas, quienes vendieron los títulos mencionados, a raíz de sus gestiones, habiendo reconocido tácitamente que había entregado tales títulos al representante de ese Banco. Las manifestaciones posteriores efectuadas en la indagatoria que intentaron la rectificación de sus dichos anteriores, no lograron desvirtuar las conclusiones de las probanzas acumuladas en autos, habiendo tergiversado la verdad en múltiples declaraciones.

Añade la Cámara, refiriéndose a la participación de los intermediarios, que los procedimientos dolosos puestos en juego por los procesados Néstor Luis Casás y Jacinto Baldassarre Torres, han quedado debidamente descubiertos, no sólo a través de la investigación legislativa, sino también por las probanzas reunidas en autos. El primero de tos nombrados -dice el Tribunal- aparece vendiendo títulos de los recibidos por Baldassarre Torres por valor de 63.000 pesos, y Baldassarre Torres figura manejando, como dueño, varios centenares de miles de pesos en títulos, que el Gobierno le había entregado para el vendedor Néstor Casás, debiendo descartarse el supuesto carácter de “prestanombre” atribuido a Néstor Casás por la defensa, ya que tanto él como Baldassarre Torres en ningún momento han argumentado nada al respecto. Ambos han sido los intermediarios en la gestión hecha ante el Ministerio de Guerra y luego ante la Comisión de Diputados. Tanto el uno como el otro han declarado de buena fe, estando colmadas sus manifestaciones de reticencias, ocultaciones e inexactitudes. Además, ambos carecían de capital de responsabilidad, no obstante lo cual no tuvieron reparo en suscribir el boleto de compra de un campo de enorme valor, para exhibirlo al Gobierno Nacional, yendo a pura ganancia, por lo mismo que si el Gobierno adquiría el campo percibirían en concepto de diferencia de precio y sin desembolso alguno, una verdadera fortuna, y, en caso contrario, evidentemente, no incurrirían en ninguna responsabilidad.

• Franklin Fernández Lusbín. Resultó beneficiado con 167.500 pesos, en títulos percibidos por Baldassarre Torres, de cuyo importe el nombrado había depositado la suma de 125.500 pesos en el Banco de la Nación Argentina, a su nombre y de su esposa. Descarta el Tribunal el carácter encubridor que pretendió hacer valer, pues si no prefirió esclarecer la verdad de los hechos, debe atribuir propia “turpidudinem» por la posición en que se ha colocado. Las constancias de autos evidencian su culpabilidad en el delito.

Luego de otras consideraciones la Cámara se refiere a la responsabilidad que emerge del ejercicio de la función pública, la que debe medirse por la importancia de la dignidad del cargo desempeñado, y correr unidos al honor y a la distinción de la investidura ejercitada. De ahí que todo cuanto pueda empañar el concepto de la más elevada moralidad de que han de gozar los legisladores, reviste siempre singular gravedad, porque hiere en lo más íntimo los sentimientos de los ciudadanos que delegaron en ellos su representación, y señala sobre todo un mayor índice de peligrosidad.

El país se encuentra frente a un proceso que afectó a hombres, no a agrupaciones ni sistemas.  En consecuencia, resultaron infructuosos los esfuerzos encaminados a otorgarle un perfil político, o a extraer de él réditos tendenciosos, la mayoría de ellos mediante protestas callejeras.

Y es dable destacar que el periodismo, sin excepción, dio al lamentable caso toda la importancia que merecía. Desde un primer momento la prensa escrita se sumó a las voces condenatorias y siguió, paso a paso, los acontecimientos inherentes a la labor investigadora. Hubo objetividad en juicios y prevaleció la prédica admonitoria, a la vez que un reclamo generalizado de arribar al castigo de los culpables , puntualizando que se debía borrarse de una vez por todas la escéptica frase que desalentaba a los argentinos, la que expresa que “todo va a quedar en la nada, como siempre”.

En suma, fue un suceso lamentable pero del cuál, pese a todo, hubo condenas penales y públicas.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en la faja que aparece en la nota o a la derecha de la pantalla de tu celular.